Por Harold Ruiz Moreno / Imagen: AMA.

«Las armas os han dado independencia, las leyes os darán libertad» (Santander).

El mundo siempre ha estado convulsionando con la presencia de guerras y conflictos de todo tipo y estas generan vejámenes  contra la población civil que han sido dolorosos, son millones de víctimas las que han sufrido las inclemencias de guerras absurdas, la inmensa mayoría de ellas generarán impunidad, dictadores, sátrapas y abusadores. Estos escaparon con diferentes acciones  a la justicia de sus países, sin embargo los abusos de poder llamaron la atención de la comunidad de naciones que ha contribuido en el pasado para que haya un derecho de guerra.

 Muchos esfuerzos de países y sociedades dieron un paso trascendental cuando se dieron cita el 17 de julio de 1998, en Roma-Italia. 160 países decidieron establecer una CORTE PENAL INTERNACIONAL permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero, dotándose del ESTATUTO DE ROMA..

Si hay un conflicto que requiere la intervención de la CPI ese es Colombia: por la execrable guerra que vivimos con más de ocho millones de víctimas generadas en los últimos 30 años, por el grado de impunidad de este conflicto que tiene responsables de carne y hueso, por los que desde la dirección de estado o con la acción de actores ilegales, han producido  dolor y tristeza en la nación.

El anhelo universal de sed de justicia y de reconciliación en el país se empieza a cristalizar cuando se suscribió el pacto social surgido del bello proceso constituyente, que le dio vida a la Constitución del año 91, cuya columna vertebral es la configuración de la división de poderes, donde la administración de justicia cobra importancia en un país con un verdadero contrapeso al régimen presidencialista existente.

En los pesos y contrapesos de cualquier democracia, la paz y reconciliación se convierte en una real esperanza de resolver el conflicto armado interno por la vía de la solución política por medio de la negociación, y después de varios intentos el estado colombiano lograr firmar después de cinco años de intensas conversaciones en La Habana-Cuba, un acuerdo de paz con las Farc, que tiene como uno de los mejores pilares la búsqueda de la Verdad, Justicia, reparación y no repetición, con la creación de la JEP, a la que se han sometido los integrantes de las antiguas FARC de manera obligatoria y voluntariamente militares y terceros civiles involucrados en el conflicto. Esto a la espera de que sus confesiones de la verdad ocurrida en la guerra permitan que la JEP juzgue las conductas que sean violatorias al régimen penal colombiano y al derecho internacional humanitario.

En lo pactado en La Habana se deja claro que los expresidentes seguirán siendo juzgados por la comisión de acusaciones de la Cámara, llamada también la “comisión de absoluciones”, porque desde su creación la impunidad ha sido una constante, y a pesar de las innumerables denuncias existentes contra ALVARO URIBE VELEZ, en su condición de expresidente, estas no han prosperado.

ÁLVARO URIBE VELEZ, por su condición de senador de la República tiene como su juez natural a la corte Suprema de Justicia, quien después de la denuncia de Uribe Vélez contra el también Senador Iván Cepeda Castro por los presuntos delitos manipulación de testigos, decide absolver al senador Cepeda Castro, e iniciar investigación por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos, contra el denunciante ALVARO URIBE que culminan en su primera fase, COMO LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO O ARRESTO DOMICILIARIO POR EL SUFICIENTE ACERBO PROBATORIO; y así lo afirma La corte suprema en comunicación del día 4 de agosto: “La Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante decisión del 3 de agosto aprobada y suscrita por unanimidad, resolvió la situación jurídica del senador Álvaro Uribe Vélez con imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.

La actuación del operador de justicia en su máxima expresión que es la Honorable Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia, merece el mayor de los respetos, independiente de estar de acuerdo o no con tan trascendental decisión; ningún ciudadano por más importante que sea no puede estar por encima de la ley, y esa es la esencia de cualquier democracia.

Tiros y troyanos la han emprendido contra la administración de justicia, presionándola, intimidándola, amenazando con constituyente, exigiendo una sola corte, amenazando con eliminar la JEP, queriendo hacer “trizas La Paz”, pero las reservas democráticas de la nación han salido en defensa de la Corte Suprema y del estado social de derecho. Este paso de la Corte, independiente de su resultados, es un reconocimiento a las millones de víctimas que crecieron en el gobierno del expresidente ALVARO URIBE VELEZ, a quien también le llegará la justicia.