Por Aida Quilcué, lideresa indígena Nasa y consejera de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Texto tomado de @LaGargantaPoderosaColombia.

En el suroccidente colombiano y, particularmente, en el Cauca estamos viviendo un fenómeno muy fuerte después de la firma del Acuerdo de Paz. Es otro tipo de pandemia que tiene que ver con el recrudecimiento del conflicto armado y, a la vez, nos enfrentamos al COVID-19. El abandono ha sido histórico en todo el país y, también, en el Cauca. Se evidencia la vulnerabilidad de las distintas poblaciones indígenas, campesinas y urbanas donde la atención del Estado no es eficaz.

Parte de esto es el incumplimiento de los Acuerdos que hace que la lucha por la paz en el territorio siga siendo una gran tarea de las comunidades confrontadas con el gobierno colombiano que quiere la guerra. Acá, en el Cauca, hemos venido reclamando el cumplimiento de lo pactado, incluso en la pandemia; producto de las movilizaciones y formas de exigibilidad, el gobierno viene cumpliendo algunas cosas. Sabemos que esto tiene que ver con los intereses de desarrollo económico y del capitalismo, porque son muy pocos los que manejan el país. Esto incluso se da con la declaratoria de emergencia sanitaria: si bien el gobierno contuvo un poco la pandemia con el ejercicio colectivo de quedarse en casa, también aprovechó para legislar a favor del capitalismo.

Parte del abandono es que no hay garantías plenas en la atención de salud y, por eso, la gente se está muriendo. Así también se vulnera el derecho a la vida. Encarar la emergencia sanitaria en esta época ha sido una prioridad para los pueblos indígenas porque nos generó una gran oportunidad de consolidar las prácticas ancestrales como el sistema de salud propia intercultural. De esta manera, hemos llegado con éstas a aquellas comunidades a las que no habíamos podido.

También está la defensa de la Madre Tierra: la cuarentena es un lapso de tiempo para que se regenere la naturaleza, el agua, los páramos, el aire, porque los humanos cuando no actuamos como debe ser, somos destructores. Las formas propias de proteger la vida y el territorio no han sido algo de hoy, sino un proceso permanente de los pueblos indígenas: volver a pensar en el uso de las plantas, fortalecer la espiritualidad desde la cosmovisión de cada comunidad ha sido muy importante para frenar el contagio y que no sea tan fuerte.

Pero, a la par el conflicto armado, la otra pandemia, ha sido devastadora en nuestra región que es la más afectada por la presencia de grupos armados y de rutas de narcotráfico. Por ejemplo, en Nariño, el mes pasado en menos de una semana asesinaron a diez líderes, se retomaron las masacres con granadas que tiran en las casas y el reclutamiento forzado ha incrementado. El Cauca, Nariño y Chocó, donde viven grandes pueblos originarios, son regiones con una situación bastante compleja: nos logramos proteger del COVID-19, pero nos matan los grupos armados.

A pesar de eso, seguimos en la lucha por la vida, por la dignidad y los pueblos. Pese a todo esto, las comunidades diariamente tenemos que seguir organizándonos a favor de la vida. A nivel Latinoamericano la mejor forma de aliarnos es desde la realidad misma que en todos los países estamos viviendo: el despojo territorial y la desmantelación de derechos. Tenemos que coordinarnos para visibilizar nuestras problemáticas y apoyarnos con reciprocidad. ¡El panorama de regresividad de derechos requiere que podamos generar procesos de unidad del Abya Yala: sólo unidas y unidos podremos salir adelante!