Por Harold Ruiz Moreno / Foto: Jennifer Rueda

Durante los últimos años, el departamento de Nariño ha sufrido los embates de la criminalidad en todos los órdenes, generando un drama humanitario de grandes proporciones, causado por el asesinato, las masacres, el desplazamiento forzado, el confinamiento ilegal de comunidades rurales, la persecución y asesinato de líderes sociales y la estigmatización y ataque a sus organizaciones sociales.

La presencia del narcotráfico ha sido el combustible de la guerra en el departamento, que produce entre 350 a 380 toneladas de cocaína al año y que colocadas en los mercados internacionales pueden recaudar aproximadamente 10 billones de pesos colombianos; este lucrativo negocio ilegal lo controlan los cárteles mexicanos Jalisco del norte y Sinaloa, al igual que los carteles colombianos (como el clan del golfo), donde se disputan, en algunas fases del negocio, las organizaciones insurgentes como disidencias de las Farc, y en menor medida el ELN. Son cerca de 20 grupos armados ilegales que hacen presencia en los municipios con cultivos de uso ilícito y especialmente en el pie de monte costero, la costa pacífica, la cordillera, al igual que en territorios indígenas y afros, donde impera el miedo, el terror y la zozobra permanentemente de sus habitantes.

En Nariño, de los 64 municipios que integran el Departamento,  en 31 hay presencia de cultivos de coca y amapola; en los mismos cerca de 100 mil familias de pequeños trabajadores campesinos, indígenas y afro descendientes son esclavos del narcotráfico, sobreviven de estas actividades ilícitas y son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, cuyas estructuras armadas ilegales controlan la mayoría del territorio donde impera la criminalidad. Ante la ausencia e indiferencia del Estado, es evidente el abandono y falta de inversión social real y efectiva que elimine el caldo de cultivo para la emergencia y permanencia de esta actividad ilegal que se constituye como la única alternativa de subsistencia para estas comunidades.

Fuente: Gobernación de Nariño

Nariño desde mucho tiempo atrás registra hechos de violencia generados por el narcotráfico; no se puede olvidar el espectáculo dantesco generado por la presencia del “Bloque libertadores del sur”, perteneciente a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), o la masacre perpetrada por las FARC contra el pueblo indígena Awa, en Tortugaña Telembi en el año 2009, o la masacre del Tandil, en Tumaco, en el año 2017, perpetrada por Fuerza pública.

A Nariño no llegó la paz

El gobierno nacional no pudo ni siguiera brindarles seguridad a los desmovilizados de las FARC, las Zonas veredales, la Paloma en el municipio de Policarpa, tuvo que ser abandonada y la zona veredal de la Variante en Tumaco fue flor de un día. El anuncio de que el Estado volvería al control de los territorios dejados por los recién reincorporados se desvaneció de inmediato, esos territorios fueron ocupados rápidamente por la criminalidad. La expectativa generada por los acuerdos de paz de una sustitución voluntaria, se convirtió en otro fracaso, no hubo cumplimiento de los acuerdos colectivos firmados por las comunidades cocaleras y amapoleras de 29 municipios, y las familias vinculadas a la sustitución en Tumaco e Ipiales; los gobiernos nacional y departamental dejaron el programa a la vera del camino, porque ahora consideran que su presencia principal o única en el territorio es el aumento de la fuerza pública y a pesar de ello, la criminalidad manda y gobierna en más de la mitad del departamento.

La tragedia humanitaria de Nariño se agrava por la presencia de los actores ilegales que han perpetrado masacres y asesinatos como los ocurridos últimamente en Leiva, Ipiales, Magüí, Ricaurte, Tumaco y Samaniego, donde el narcotráfico y el paramilitarismo hacen su agosto, atentando contra la juventud nariñense, ante la mirada indiferente del gobierno nacional, que abandona a su suerte a los municipios que poco o nada pueden hacer frente al poderío de la criminalidad.

Pareciera que este territorio del sur que ha actuado con altivez e hidalguía en las gestas cívicas, que votó mayoritariamente por la paz y la consulta anti corrupción, y que en consecuencia ha escogido  propuestas alternativas de gobernanza, se hubiera convertido en territorio donde las élites políticas y los actores armados se hubieran aliado ensañándose con venganza y retaliación contra su valiente resistencia; así se demuestra en la macabra alianza del narco paramilitarismo y la omisión e indiferencia del estado en contra de la buena gente de Nariño.

Hoy como ayer nos corresponde a los nariñenses levantarnos contra esta ola de violencia que está acabando con nuestra juventud, que está asesinando a los líderes sociales, que está persiguiendo a sus organizaciones sociales; debemos detener esta orgía de sangre, para que prevalezca la vida, para que este bello territorio sea ese remanso de paz que fuimos en el pasado y que reclamemos el derecho a vivir en paz, reconciliándonos y exigiendo la verdadera presencia del gobierno nacional con una inversión social real, efectiva y satisfactoria para el bienestar, progreso y dignificación de nuestra región.