Por Harold Ruíz Moreno

“Gloria al soldado..#FelizViernes” (Publicación de la página web del ministerio de defensa después del asesinato de Juliana Miranda en el Cauca)

Colombia asiste nuevamente a una espiral de violencia después de la firma del acuerdo de paz negociado en la Habana-Cuba con las FARC, la guerrilla más antigua del continente y quien fue responsabilizada de ser una de las causantes de los hechos victimizantes más atroces de los últimos 50 años.

Asistimos en el país a un conflicto interno degradante con las prácticas más aberrantes que han acabado con la vida de miles de personas a pesar de que no existe la pena de muerte legalmente. Sin embargo la practican todos los actores armados ilegales, incluido el Estado. En diferentes momentos  se agudiza por gobiernos que no gustan de las democracias liberales, las que siempre han reivindicado que no exista la pena capital.

En el caso colombiano, la pena de muerte fue abolida definitivamente en 1910 mediante acto legislativo No 3 en su título (III), artículo 3, según el cual: “En el nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, la Asamblea Nacional Colombiana decreta: […] El legislador no podrá imponer la pena capital en ningún caso”, siendo la última ejecución registrada en 1909.

La Constitución de 1991 fundamentada en principios diferentes y teniendo como soberano al pueblo, en su artículo 11, capítulo (I), sobre derechos fundamentales, promulga que: “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”. Colombia ratifica el “Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte”, y posteriormente en 2010, el presidente Juan Manuel Santos Calderón, promulgó la Ley 1410 de 2010, por la que se aprueba el “Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos Relativos a la Abolición de la Pena de Muerte”. Todo esto ratificado por la Corte Constitucional mediante las Sentencias C-144/97 y C-399/11.

Colombia tiene una larga historia de asesinatos donde pareciera que la pena capital se aplicará sistemáticamente, y las víctimas pertenecen a los sectores más desprotegidos: campesinos, indígenas, afros y los líderes sociales son asesinados de manera indiscriminada por la alianza macabra del NARCOPARAMILITARISMO y también por agentes del Estado.

El Centro Nacional de Memoria Histórica ha documentado entre 1982 – 2013, la ocurrencia de 1.728 masacres, a pesar de que esto solo representa alrededor de un tercio del total de las masacres cuyos detalles todavía no han sido hasta ahora recopilados. Durante el período de tiempo que cubre la base de datos del centro de memoria los grupos paramilitares fueron responsables de la inmensa mayoría de las muertes cometiendo 1.166 masacres en total. Les siguen los grupos armados no identificados con 295 masacres, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con 238, y 139 masacres fueron cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado.

Como lo ocurrido en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, la pena de muerte arrecia en el país, solo en lo que va corrido del año se han presentado 63 masacres. En el mini golpe de los días de 9 y 10 de septiembre en Bogotá y Soacha, donde está más que demostrado que la policía disparó indiscriminadamente, después del asesinato brutal por parte de la policía de Javier Ordoñez, 14 personas murieron, y más de 70 fueron heridos con las balas oficiales de la policía. El gobierno del presidente Iván Duque con su ministro defensa a la cabeza, el Sr Carlos Holmes Trujillo, desconocen al poder Judicial, y cubren con patente de corzo a quienes no solo desconocen la constitución y la ley, sino que aplican la pena capital.

Ya no es posible sostener que somos una democracia que defiende la vida como derecho fundamental, hoy en falsos retenes se dispara a ciudadanos inermes, existe una conspiración contra la justicia del país, que es el único poder que con sus sentencias defiende el Estado Social de Derecho, la mermelada ha permitido el legislativo y los órganos de control, el autoritarismo y la dictadura asechan la democracia de la nación y instaura la pena capital, porque las cifras demuestran que lo que está consignado en nuestra constitución en este aspecto es letra muerte.