Por Junta Directiva Nacional CNAI

Nuevas amenazas contra líderes sociales en el Departamento de Sucre e integrantes de la Corporación Nuevo Arco Iris – CNAI – mientras el gobierno birla su obligación en la reparación Integral de esta organización nacional atacada por paramilitares y agentes del estado.

La Corporación Nuevo Arco Iris – CNAI- es una organización nacional integrada por activistas y militantes de movimientos sociales en varios departamentos de Colombia, se constituye como un centro de pensamiento y acción política para la construcción de paz integral, democracia plena, exigibilidad y disfrute de los derechos humanos y la justicia social. Desde su creación en 1994 la CNAI ha contribuido a la promoción de la paz como derecho y deber de obligatorio cumplimiento, conforme la Constitución Política de Colombia (Art. 22) y en tal sentido ha impulsado la consolidación del movimiento social por la paz, la solución política al conflicto social y armado de Colombia, el seguimiento a la implementación de los Acuerdos de Paz firmados, el acompañamiento al movimiento social de víctimas y la restitución de tierras a sus originales y únicos dueños ahora en manos de grandes empresas y grupos económicos luego de una larga y cruenta acción de despojo y destierro perpetrada por grupos paramilitares, suficientemente demostrada en nuestras investigaciones sobre parapolítica y la economía de los paramilitares.

Por esta misión al lado de comunidades y organizaciones sociales y populares en los territorios afectados por la violencia armada y la presencia de megaproyectos de emporios económicos como el grupo Argos (para el caso de los Montes de María) nuestros compañeros han sido perseguidos sistemáticamente y reciben ahora nuevas amenazas de muerte como la de las “Autodefensas Gaitanistas”, en lo que pareciera una alianza macabra con la clase política regional, a lo que se le suma la actitud indiferente y tolerante de los organismos de seguridad y del gobierno nacional.

Mientras tanto, el proceso de reparación de la CNAI sigue siendo birlado por la agencia nacional responsable (UARIV), por medio de dilaciones, procedimientos tramposos para entregar los recursos a operadores privados anónimos sin ninguna posibilidad de vigilancia que garantice celeridad, eficacia, eficiencia, austeridad, transparencia y legalidad, razón por la cual no se han devuelto ni reestablecido las condiciones para una acción efectiva de la investigación y la acción social y política propia de su naturaleza y misión, lo que constituye entonces una doble o triple victimización por parte del gobierno nacional, y también por parte de las élites regionales y los grupos armados ilegales en un intento desesperado de conservar el poder y los privilegios derivados de un modelo hegemónico neo-extractivista y mafioso que se ha impuesto en el marco de unas condiciones particularmente difíciles para las comunidades populares derivadas de la pandemia covid-19 y las medidas de confinamiento que han precarizado aún más las difíciles condiciones de vida de la población, mientras la concentración de la riquezas y la apropiación privada de lo público no se detiene.

Solicitamos a la comunidad internacional, a los países y gobiernos garantes de todos los procesos de paz firmados, a las organizaciones internacionales de cooperación para la paz, la democracia y los derechos humanos, a acompañar de manera permanente a las comunidades y territorios donde la acción de grupos paramilitares pone en riesgo la vida de personas, organizaciones y de la institucionalidad democrática.

Solicitamos su apoyo para ejercer una efectiva evaluación de la implementación de la ley 1448 de 2011 y de la reparación integral de víctimas, así como de la restitución de tierras para que la prórroga de dicha ley tenga una interpretación y un esquema de implementación que honre a las víctimas y sobrevivientes, con memoria, verdad, justicia y garantías de no repetición.

Solicitamos a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial de Paz una especial atención a los casos de persecución, hostigamiento, asesinatos, desapariciones, allanamiento de sedes, robos de equipos de cómputo, hackeo de página web y robo de bases de datos, así como a la negligencia en el cumplimiento de los fallos judiciales contra agentes del Estado que los obliga a reconocer la responsabilidad en el daño, pedir perdón y reparar a las víctimas de los crímenes por los cuales fueron juzgados y condenados.

A las organizaciones nacionales y demás sujetos colectivos de reparación les enviamos un mensaje de unidad para la vigilancia y denuncia del comportamiento tramposo de la UARIV y a construir de manera colectiva y participativa un nuevo marco de relacionamiento con el Estado, a pesar del gobierno actual, para una reparación efectiva y satisfactoria.

El primer paso en la reparación integral es la autonomía para la recuperación de la verdad como principio, medio y fin.