Imagen: cortesía ACIN, tejido de comunicación.

La petición de la población del Cauca alusiva a “no más conflicto” y “no más presencia de actores armados legales e ilegales dentro de los territorios”, que llevó a poner la mirada de todo el país sobre una zona tradicionalmente violenta, pareciera haberse olvidado con el inicio del proceso de paz; las acciones dentro del territorio caucano en el último año ascendieron a 310 aproximadamente, e incluso con la declaración de la tregua hecha por las FARC, Cauca fue uno de los departamentos más afectados dentro de las casi 42 acciones emprendidas por la guerrilla en todo el territorio nacional. Claro está, todo lo anterior sin contar la disputa territorial entre las Bandas Criminales que se ha desatado en parte del territorio, especialmente en el pacífico Caucano las cuales buscan el control de la producción y comercialización de cocaína y la minería ilegal, que en parte está regulada por la guerrilla del ELN.

Se  ha hablado mucho de los diálogos de paz en la Habana, de los temas de la mesa, las personalidades que en ella se sientan, y  el compromiso de las partes involucradas. Pero, no se ha dado lugar, por lo menos en los medios de comunicación nacional, a las percepciones que la población directamente afectada  tiene sobre el proceso.

Aunque se han hecho esfuerzos por incentivar la participación en el proceso de paz, como lo ocurrido con el Foro agrario desarrollado en diciembre del año inmediatamente anterior; pareciera que el conflicto armado solo fuera interés del gobierno nacional y  de la guerrilla, no se han escuchado las voces de los líderes de las víctimas del conflicto que se creería son los más interesados en la firma de la paz. Esta invisibilización y falta de ventanas para  la participación real de la comunidad dentro del proceso apunta a que el objetivo principal de las conversaciones no será el de mejorar las condiciones a los principales actores del conflicto: las víctimas.

Un reflejo claro de lo expuesto previamente es el departamento del Cauca, el cual ha vivido durante décadas el conflicto armado y en los últimos años se ha convertido en uno de los departamentos más afectados por la intensidad de la guerra, tanto así que a mediados del 2012 la población civil tuvo que luchar en contra de guerrilla y Fuerza Pública para que sus territorios y vidas fueran respetadas. Esta situación denotó la escalada del conflicto, no solo por los hostigamientos en Corinto, Jambaló, Miranda, Toribío y Argelia – municipio en el que también se realizó la quema de un helicóptero que tuvo que aterrizar de emergencia-; que precedieron la llegada de Juan Manuel Santos al consejo de ministros desarrollado en Toribío, si no por la jornada violenta que  paralelamente se vivió con los combates entre Ejército y FARC en Corinto, y  la extraña caída del supertucano que cubría operaciones militares en el municipio de Jambaló; todo esto rodeado de la tensa situación de riesgo que se dio durante la llegada de Juan Manuel Santos, al departamento.

La anterior fue una de las peores crisis sociales enfrentadas durante el transcurso del año pasado, antes de hacerse pública la incipiente iniciativa de paz entre el gobierno nacional y  las FARC –EP, lo realmente interesante es que el movimiento social en el Cauca, en especial lo proclamado por las comunidades indígenas, puso de relieve la necesidad de crear espacios de diálogo con los actores en conflicto que permitieran la definición de unos acuerdos mínimos que lograran la humanización de la guerra, unos pocos meses antes de hacerse público el proceso de paz.

La población civil del departamento del Cauca quiere saber si en las negociaciones de La Habana se está hablando de su territorio, el más vulnerado por la guerra. ¿Cuáles serán las garantías de reparación y no repetición que se merecen estas víctimas?

Por su parte, la Fuerza pública ha tratado de obtener el control del departamento con el aumento del pie de fuerza y la consolidación del Comando Conjunto de Suroccidente conformado por cerca de 5 mil hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; lo que  ha intensificado las acciones dentro del territorio, sin obtener mayores logros. La política de seguridad en el territorio caucano ha estado enfocada únicamente a combatir al Sexto Frente y la columna móvil Jacobo Arenas al norte del departamento y a los frentes 8 y 60 al sur del mismo.  omitiendo la existencia de otros actores armados que intensifican el conflicto que se vive la región, como el ELN y los grupos neoparamilitares de ‘La Nueva Generación’ y ‘Los Rastrojos’, desconociendo los factores sociales del conflicto.

A parte de sufrir los costos de la guerra, la población del departamento del Cauca ha tenido que enfrentarse a la estigmatización que de ellos han hecho algunos sectores del país; con la intensificación del conflicto también aumentó la percepción, a todas luces errada, sobre la legitimidad y la fuerza de base social con la que cuenta la guerrilla dentro del territorio caucano; las constantes violaciones de DDHH por parte de Fuerza Pública hacia la población civil por esta misma razón ha sido desproporcionada.

Un elemento que destacan entidades y organizaciones sociales para toda la subregión tiene que ver con el alto índice de violencia sexual, exacerbada por el conflicto armado.  Se puede establecer que existe una relación directa entre el incremento de la militarización y al aumento en los índices de violencia sexual. Es bien sabido que dentro de las filas de la guerrilla, las mujeres han cumplido un rol dentro de las tareas domésticas y  sumisión sexual; y que los grupos armados ilegales han utilizado la violencia sexual como mecanismo de control social; pero, no se han visibilizado los casos en los que la Fuerza Pública se asocia con el abuso sexual de menores, incluso al punto de que los soldados se ubican en las esquinas de los centros educativos y “se rifan” las niñas de los grados 7º, 8º y 9º.

Todo lo anterior, resalta el padecimiento de la población que ha sido olvidada en el proceso de paz. Además, el accionar de la guerrilla al finalizar  la tregua, el 20 de enero, que ha sido absolutamente destructivo en la región, atacando  municipios del norte del departamento como Caldono, Suarez,  Morales, Caloto, Toribio entre otros y los secuestros – el de los dos policías al sur del departamento del Valle del Cauca y  los ingenieros secuestrados en el Cauca- demuestra en gran medida la capacidad y el control que tiene las FARC dentro del territorio, a pesar de que se ha dicho que la guerra se pueda ganar por la vía militar, está comprobado que al sur occidente del país, especialmente en la costa Pacífica y  en el departamento del Cauca la guerrilla se ha fortalecido en la última década. Y, aunque el anuncio y disposición para liberar a los dos Policías secuestrados en enero, demuestra que quieren ser coherentes con la declaración realizada el año pasado en la cual se advierte su  intensión de no secuestrar, deja mucho que pensar el hecho: 1. Es posible que sea una forma en la que algunas estructuras pongan resistencia al proceso de paz, 2. Un error en la comunicación, como sucedió con el frente 36 al inicio de la tregua y 3. En lo local lo discutido en la Habana no tiene repercusión alguna.

Por todo lo anterior surge la necesidad de evaluar  el proceso de paz en pro de la población civil, de garantías de reparación y  no repetición que se merecen las víctimas del conflicto. Así como también trabajar sobre las diferencias regionales, como ocurre en Cauca,  donde la amplia organización social debería ser capitalizada para  garantizar el cumplimiento de los eventuales acuerdos de la Habana.

* Este artículo se desarrolló en el marco del proyecto “Recomendaciones para la Construcción de Paz desde un Enfoque de Derechos, en 9 Municipios de los Departamentos de Cauca, Nariño y Meta”, apoyado por USAID/Chemonics International. 

¿Qué está pasando en los pueblos del norte del Cauca, históricamente prisioneros del atraso y el olvido y ahora invitados internacionales?

Según Alfonso Luna Geller, director del periódico Proclama y quien colaboró amablemente para elaborar esta crónica, Guachené era un corregimiento asentado en la parte plana de Caloto, de población mayoritariamente negra, muy distinta de la indígena que ocupa las tierras altas –afirma–, y desde 2006 fue elevado a la categoría de municipio. Está a 89 km. de Popayán y a 30 de Cali y “es producto de la extensión institucional del proyecto social, económico y político que los negros intentaron construir a través de los palenques, espacios de vida, lugar de encuentro, escenario de socialización cultural, de vivencias, aspiraciones, proyecciones y puesta en marcha del desarrollo de la etnicidad”.

“Por los años de 1872 a 1876, el matrimonio formado por don Antonio Haya y Felisa Feijoo de Haya, propietarios de Los Guaduales, formados por tres fincas donde está hoy Guachené, vendieron pequeñas parcelas a los negros Julián Lucumí, Dámaso Orejuela, los Abonía, los Angola, quienes fueron los primeros pobladores de Guachené”, añade Alfonso.

Allí se asientan ahora importantes empresas que se acogieron a los beneficios tributarios brindados por Ley 218 de 1995 (Ley Páez), expedida para recuperar la región de las pérdidas causadas por el sismo y la avalancha del río Páez, que dejaron miles de muertos. En su jurisdicción están Propal, el Grupo Familia, el ingenio La Cabaña y varios parques industriales, y sus extensos cañaduzales proveen materia prima a varios ingenios del sur del Valle y norte del Cauca. En cierta manera, en el norte caucano viene ocurriendo como en el Meta: la extensión de cultivos de palma aceitera por requerimientos del capital multinacional.

La Ley Páez estableció exenciones tributarias para las nuevas empresas que se instalaran en los municipios más afectados (Quilichao, Miranda, Puerto Tejada, Caloto y Villarrica), y, como resultado, empresas nacionales y multinacionales trasladaron allí parte de sus instalaciones, que recibieron nuevos beneficios cuando, en 2006, se creó la zona franca permanente.

Fernando Urrea y Diego Alejandro Rodríguez[1] explican cómo ocurrieron los cambios y de ellos tomamos la mayoría de los siguientes datos de esta crónica. “El modelo industrial bajo la Ley Páez –escriben– inaugura una etapa distinta a la anterior. Conduce la actividad productiva industrial hacia un tipo de establecimientos de mediana escala en donde los procesos productivos giran, en gran medida, alrededor de la maquila, con una alta demanda de insumos importados de algunos subsectores, como el farmacéutico, para su reprocesamiento y empaque, y que son principalmente destinados hacia el mercado internacional en los países andinos, centroamericanos y del Caribe”. Se trata de un desarrollo industrial que se deslocaliza hacia los municipios situados al sur de Cali, aunque pertenecientes administrativamente al Cauca. Por otro lado, el tipo de régimen salarial no tiene nada que ver con el precedente, cuando “Los únicos empleos asalariados en gran escala en la región […] eran el masculino de corte de caña o el trabajo en la construcción, y para las mujeres el servicio doméstico, los cuales no requerían mayores niveles educativos en la época en que comenzó a instalarse la red de empresas manufactureras”.

En las nuevas empresas no existen mercados internos de trabajo y mucho menos sindicatos, porque la estrategia de relaciones industriales se basa en la utilización de mano de obra de alta rotación, “en su mayor parte semicalificada o no calificada, requerida principalmente en abundancia para procesos de empaque, de acuerdo a la estacionalidad de la demanda según pedidos”.

¿Qué está pasando en los pueblos del norte del Cauca, históricamente prisioneros del atraso y el olvido y ahora invitados internacionales?

La empresa Papelcol, instalada en Caloto en el decenio de los 80, mantiene el modelo de enganche de personal de las dos grandes papeleras de Yumbo, pero, en vez de la tradición más o menos urbana y asalariada de esta población, “en el caso del norte del Cauca se trata de de una población negra ampliamente mayoritaria, con reducida experiencia asalariada y antecedentes campesinos relativamente recientes (a través de sus padres, “muchos de los cuales conservan todavía una pequeña parcela rural en donde residen”). Todo viene siendo una continuación progresiva de cultivos hacia el sur de Cali. El otro ingrediente novedoso es el requerimiento particularmente intenso de mano de obra femenina. Con la instalación de las empresas manufactureras en el norte del Cauca, la ampliación del área metropolitana con epicentro en Cali y extensiones hacia el sur “se consolida definitivamente y la población negra nortecaucana, especialmente la femenina, entra en una fuerte dinámica de proletarización industrial”.

El segundo sector que ofrece empleo es el azucarero, que demanda corteros, operarios y empleados para la fabricación de azúcar y etanol. Santander de Quilichao y Guachené concentran casi el 80% de las empresas y casi el 70% del empleo creado al amparo de la Ley Páez. La mayor parte de los parques industriales también está en Guachené. En los 19 años corridos entre 1990 y 2009 el comercio y la actividad agropecuaria presentan descenso sistemático y son superados por la manufacturera, y lo mismo ocurre con los servicios. Todo ello bajo dominio del outsourcing, más que todo en mantenimiento, vigilancia, alimentación, transportes y logística.

Lo que ocasionó el cambio en el norte caucano fueron los incentivos económicos dados a la inversión en manufactura, sectores agropecuario y agroindustrial y servicios especializados. En ese territorio Teófilo Vásquez[2] destaca la creación de nuevas áreas de la industria azucarera tradicional que se corren hacia las estribaciones de la Cordillera Occidental, zona de candentes acciones bélicas y sociales, en cercanías de puntos estratégicos de la comunicación contemporánea como el aeropuerto Bonilla Aragón y el puerto de Buenaventura.

Cada fábrica emplea entre 100 y 150 trabajadores, no alcanzan a ser mediana empresa pero son plantas de elevado desarrollo tecnológico, o unidades agropecuarias o de servicios especializados que hacen parte de procesos de cadenas productivas, algunas anexas al capital multinacional. Abastecen mercados regionales o son maquiladoras de otras firmas destinadas a la exportación o a surtir almacenes de cadena. Es una especie de “distrito industrial ensanchado territorialmente y multidiverso en sus productos”. El atrasado norte caucano, cuna de la civilización nasa que nos ha enseñado a trabajar y pelear por nuestros derechos, pone hoy su cuota industrial en productos como papel, galletas, tortas, frigoríficos, baterías de autos, Sal de Frutas Lua, Yodora, cremas, papel higiénico, pañales desechables, medicamentos…

Ocupa a “una mano de obra sin tradición […] en provecho de los empresarios, con una gran docilidad, sin fuertes resistencias para ser convertida en asalariada industrial, con una mínima disciplina laboral”. Y con un gran riesgo de supervivencia: en los municipios no favorecidos por las exenciones tributarias no hay mayores posibilidades de que las poblaciones afrocolombianas lleguen a obtener un empleo de calidad.

Allí, si se exceptúa el sector azucarero, hasta los años 80 del siglo pasado no había organizaciones sindicales. El soporte material de este proceso de proletarización y de régimen de contratación de la fuerza de trabajo es una industria de ensamblaje o maquila. No estamos, pues, ante el mismo patrón de proletarización conocido bajo el modelo de sustitución de importaciones: mano de obra masculina con salarios promedio altos y beneficios salariales indirectos para la familia, mientras la esposa del obrero se desempeñada como ama de casa. “Aquí tenemos a la mujer y al hombre operarios con salarios bajos y empleos inestables”.

“Los supuestos beneficios de la Ley Páez se han distribuido en forma inequitativa, reflejando las adversas condiciones de desigualdad que experimentan las poblaciones afrocolombianas, especialmente las mujeres respecto de las blancas-mestizas de la sociedad actual”. El patrón histórico de la desigualdad social se refuerza. Y el juego de estas circunstancias obra en sentido contrario a las probabilidades de ascenso y mejoramiento de las condiciones laborales y de las posibilidades reales de desarrollo de la región nortecaucana.

Este es un espacio de opinión del portal ArcoIris.com.co destinado a columnistas y blogueros. Los puntos de vista y juicios aquí expresados pertenecen exclusivamente a sus autores y no reflejan ni comprometen institucionalmente a la Corporación Nuevo Arco Iris.

La posición geográfica de la ciudad de Popayán es la menos estratégica de Colombia. La ciudad ubicada en el corazón del Valle de Pubenza, desde siempre se ha visto afectada por la más mínima manifestación social. Su única vía de comunicación con el centro, norte y sur del país es la vía Panamericana. Por ejemplo, si un vehículo de carga pesada se vara en plena carretera, la ciudad queda incomunicada por varias horas. El problema ahora ha sido más grave, las manifestaciones de los cafeteros taponaron los dos costados de la ciudad. Por el norte, a la altura del municipio de Mondomo cientos de manifestantes duermen en la vía; por el sur, a la altura del municipio de Rosas, sucede lo mismo.

El 80 por ciento del abastecimiento en víveres llega a Popayán proveniente del sur (producción agrícola del macizo colombiano, Nariño y Ecuador). Mientras que los granos y abarrotes son abastecidos por el norte (Valle, Eje Cafetero, Centro del país). Así mismo, la gasolina que mueve a la ciudad llega del Valle del Cauca, despachada en carrotanques desde las refinerías de Yumbo. Por todo lo anterior -10 días de no recibir suministros por ningún lado y 220 mil ciudadanos consumiendo lo que queda- la ciudad vive la peor crisis de la última década.

Las fotos en las redes sociales han revelado estanterías vacías de las tres grandes cadenas de supermercados que tienen la ciudad (Carrefour, Éxito, Olímpica), lo mismo ocurre con los depósitos de abarrotes y las pequeñas tiendas de barrio. Pero lo que más ha infundido pánico en Popayán es la emergencia médica; con dos hospitales y dos clínicas que no ofrecen atención especializada, los ciudadanos no saben qué hacer con sus enfermos de gran cuidado. Para no ir más lejos, se encuentra el antecedente del miércoles pasado, donde una mujer en estado de embarazo, que por una complicación debía ser trasladada a un hospital de Cali, murió dentro de una ambulancia mientras esperaba a que los manifestantes los dejaran pasar.

Ayer lunes empezaron a llegar vía aérea, con la colaboración de la FAC, los primeros suministros: 6.689 kilos de medicamentos y equipos médicos prioritarios llegaron en un avión Hércules. Así mismo, 94.000 kilos de alimentos y combustibles eran descargados por soldados del Batallón José Hilario López. Para aprovechar el viaje, de regreso los aviones transportaron hasta Pasto y Cali a más de 400 pasajeros que estaban sin salida. Lo mismo sucedió con 286 extranjeros que viajaban en tres buses turísticos peruanos, que por fin fueron evacuados del terminal de transporte de Popayán hasta la ciudad fronteriza de Ipiales, para que siguieran su camino.

Tal vez la ciudad más afectada por el paro cafetero ha sido la capital del Cauca que desde hace 10 días está incomunicada por los costados Norte y Sur.

Las perdidas comerciales también han sido gigantes. Aunque Popayán no cuenta con una gran infraestructura industrial, de hecho en la ciudad no se asientan compañías de renombre, las contadas empresas que dan empleo se paralizaron. Empaques del Cauca, por ejemplo, no ha podido abastecerse su materia prima, el fique. Esta situación afectó de manera directa a 270 familias comercializadoras y las 12.000 familias fiqueras del Norte del Cauca.

Lo mismo ha ocurrido con los pequeños productores: los lecheros han perdido más de 70 mil litros de leche diaria, los avicultores han perdido 400 millones de pesos, y posiblemente, se verán en la necesidad de sacrificar 50 mil aves. El sector hotelero no se queda atrás: hoy la ciudad solo cuenta con el uno por ciento de su ocupación. Las reservas se han cancelado en un 50 por ciento y 12 hoteles afiliados a Cotelco pierden 30 millones de pesos por día.

Los payaneses están indignados. Las redes sociales y las cadenas de mensajes han advertido un culpable, el presidente Juan Manuel Santos. “La vaga gestión de este presidente que se preocupa más por poner en bandeja de plata a las Farc, tiene olvidada a una ciudad que está en su peor momento”, dice Pedro López, un comerciante del centro de la ciudad. El otro foco de indignación ha sido el manejo de la prensa nacional, decenas de ciudadanos han montado avatares en sus celulares y perfiles de redes sociales donde critican los contenidos que han tenido prioridad en los canales privados.

“Uno ve a Luis Carlos Vélez, director de Noticias Caracol, que no desperdicia la oportunidad para meterse sus viajes y cubrir en plenos directos los eventos de alta alcurnia: las elecciones de Ecuador, Venezuela y ahora en Roma con lo del papa. Al pueblo colombiano qué carajos le importa lo que pasa en el vaticano, nosotros vivimos otra realidad. Uno nunca ve a ese muchacho cubriendo en directo lo qué pasa en su país ¿abrir el noticiero con 15 minutos del papa, cuando 150 mil colombianos están al borde del colapso?” afirma con rabia Amalia Castrillón. Por el momento, la ciudad parece vivir un secuestro masivo, donde sus captores no dan el brazo a torcer y los negociadores no ofrecen salidas.

@PACHOESCOBAR

Miembro de la comunidad de los Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Luis Fernando Arias fue escogido como nuevo Consejero Mayor, que equivale a ser el Presidente de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, que reúne a 99 pueblos indígenas. Arias llegó con el respaldo de los pueblos del Caribe y del Occidente, mientras los indígenas del Cauca conservan cierta distancia.

Esta escogencia tiene especial significación porque los Kankuamos han sido duramente golpeados por la violencia y su cultura se ha visto seriamente amenazada. La ONIC, es la principal organización, con treinta años de existencia y representa a cerca de un millón  y medio de indígenas, que persisten en proteger sus territorios, su cultura y autonomía.

El Consejero toma las riendas de la ONIC en un momento en el que debe asumir duras amenazas contra los pueblos indígenas producto de la expansión de la minería, que se desarrolla en muchos de sus territorios, así como el desarrollo de las negociaciones de paz en La Habana, donde el tema indígena y su territorialidad estará sobre la mesa. Los indígenas siguen siendo blanco de ataques desde distintos flancos. En el 2012 fueron asesinados 78 de ellos y más de treinta mil  tuvieron que desplazarse de manera forzada según las cifras de la consultoría CODHES.

Foto: Giovanni Moreno C.

Después de más de 50 años de conflicto armado en el país se vislumbra una nueva posibilidad de terminar con la violencia armada y la  guerra. El Gobierno y las FARC-EP han anunciado su decisión conjunta de avanzar en un proceso de diálogo y negociación que ponga punto final al derramamiento de sangre. El ELN ha manifestado la disposición a  integrarse en este proceso.  Saludamos con esperanza y alegría estas decisiones.

¿Cómo lograr que esta paz sea duradera y estable?  Desde las organizaciones sociales de mujeres, de afrocolombianos, de indígenas, de campesinos, de niños y niñas, de artistas, de obreros, de estudiantes, de víctimas, de intelectuales, de trabajadores, de desempleados, de campesinos, de periodistas, de empresarios, de ciudadanos y gobernantes que hemos venido trabajando por la paz durante décadas enteras, creemos que  la construcción de la paz sólo es posible si se garantiza la más amplia  participación de todas las voces de la sociedad, para superar las distintas formas de violencia, la discriminación  y la exclusión en la vida cotidiana. La paz no sólo es un acuerdo entre actores armados: es una participación entusiasta, una conquista social de un derecho fundamental.

Es duradera la paz construida con transformaciones que hagan realidad el Estado Social de Derecho y le den vida a los principios de respeto a la dignidad humana, la vigencia de la solidaridad, del reconocimiento a la diversidad, del carácter pluriétnico y multicultural y el pleno reconocimiento a la equidad e igualdad de género. La construcción de la paz integral y sostenible sólo es posible si la sociedad se compromete a un desarrollo desde la equidad y en relación armónica y respetuosa con la naturaleza.

Las organizaciones indígenas expresan su satisfacción por la decisión del Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc en avanzar a través del diálogo en la búsqueda de una salida a la guerra. En este manifiesto proponen algunas ideas para que esa paz sea duradera.

La agenda pactada y los compromisos que de ella se deriven tendrán que darle cabida a las agendas y pactos de la sociedad entera,  construidos desde los movimientos y las organizaciones que reclaman ser refrendados en los escenarios de la democracia. Permitir que las aspiraciones de la sociedad se manifiesten en el marco de las negociaciones, es otorgarle una verdadera legitimidad al proceso y sienta las bases para una paz sostenible.

Este Manifiesto por la Paz se ha gestado al unísono con el levantamiento y la resistencia civil de los pueblos indígenas del Cauca que exigen el retiro de la guerra de sus territorios, el respeto a sus derechos territoriales y culturales, de autonomía, consulta,  identidad, dignidad y respeto a las normas del Derecho Internacional Humanitario; estas demandas también se escuchan desde el Pacifico, el Caribe, Arauca, el Catatumbo y Colombia entera.

Hemos insistido y volvemos a insistir: este proceso de Paz debe tener un capítulo de diálogos regionales que nos permitan participar con autonomía y voz propia en este nuevo escenario de Paz;  no sólo Noruega y Cuba, sino nuestros territorios en  el Cauca y en general los territorios ancestrales son escenarios para la paz; los seguimos ofreciendo con este propósito.

Llamamos a los gobiernos latinoamericanos, a los movimientos sociales en todo el continente a rodear y cuidar entre todos este proceso, a exigir que esta vez la Paz sea una realidad, pues la guerra también los afecta.

Es hora de la movilización, de la acción colectiva en calles, plazas, caminos, tribunas, foros y puntos de encuentro. Es el momento de crear  los espacios para la  participación y concertación.  Que se cumpla la palabra; que se llegue pronto al cese de hostilidades, que se acabe con  el paramilitarismo y el narcotráfico, que se silencien  las armas destructoras; que se le dé oportunidad a la verdad histórica, a las memorias y a los derechos de las víctimas, que la democracia y la vida  florezcan en Colombia y América como lo han soñado todos los  precursores y luchadores por la independencia y la libertad.

Llamamos a todos los colombianos y colombianas a disponerse a aportar a esta posibilidad de paz; la llave de la paz nos pertenece, las puertas de la paz están abiertas, la responsabilidad de la paz es de todos, de todos el esfuerzo. Que nadie se quede en silencio.

* Este manifiesto lo proponen: ONIC – CRIC – ACIN.

Foto: Tejido de Comunicación -ACIN-

/ Por Tejido de Comunicación – ACIN. “Se bajaron de la moto y se resguardaron en la carretera, y ahí fue donde le dieron al niño”. Efraín Silva Julicue, fue asesinado por una esquirla que le cayó en el pecho después de que explotó una granada que fue lanzada por el ejército colombiano, en las horas de la tarde del día 21 de agosto del 2012 en la vereda El Venadillo que limita con el Resguardo de Huellas – Caloto.

Efraín Silva Julicue, estaba estudiando en el Centro Educativo El Pedregal, sede Guasanó, estaba cursando el grado séptimo del bachillerato, tenía 15 años, él tenía dos hermanas y dos hermanos que viven en la vereda El Credo del Resguardo de Huellas – Caloto. La familia Silva Julicue, quedó con cuatro hijos que se sostienen de los cultivos del café, plátano y yuca, cuando no hay nada tienen que jornalear en verano pero cuando vuelve el invierno siguen el trabajo en la finca.

Efraín salió junto a su papá, para el Palo – Caloto en su moto, ellos iban a sacar unas fotocopias que requerían para los estudios de Efraín. “Nosotros íbamos para El Palo – Caloto, nos tocó que orillar la moto y tirarnos ahí, yo me alcance a cubrir en una trincherita, ahí tiraron una granada cerca de él y el hijo estaba más adentrico y le cayó una esquirla en su pecho, el hijo quedó herido y como el ejército venía subiendo y de pronto me lo quitaban yo me lo traje y acá acabo de morir”, expresó con resignación Antonio Silva.

Hace un año, el día 16 de septiembre del 2011, fue asesinada Maryi Vanesa Coicué, por esquirlas de una bomba que fue lanzada por las milicias de las FARC. Ese día la comunidad del norte del Cauca exigió que no arremetan contra las niñas y los niños en este conflicto armado que han traído a nuestro territorio. Pero Maryi no ha sido la única, al contrario han caído más niños inocentes en esta guerra, ¡hasta cuándo! No queremos que nuestros niños, mayores, jóvenes y mujeres sigan siendo blancos de la guerra.

La vida de Efraín -un indígena caucano de 15 años-  se apagó por una esquirla de una granada que fue lanzada por el Ejército, don Antonio, su padre, se salvó de milagro, “el Ejército comenzó a rafaguiar y a lanzar granadas porque vieron que nosotros nos recostamos en el barranco…” Relato del drama que se vive en el Cauca.

La vida de Efraín se apagó por una esquirla de una granada que fue lanzada por el ejército colombiano, don Antonio, su padre, se salvó de milagro, “el ejército comenzó a rafaguiar y a lanzar granadas porque vieron que nosotros nos recostamos en el barranco…fue del lado del ejército que cayó la granada porque estaban cerca de una casa y de esa dirección cayó la granada y la guerrilla estaba del otro lado… cuando mi hijo cayó, él estaba gateando, yo fui y lo arrastre en medio de las ráfagas de balas, me tocó traerlo por la orilla y nadie me ayudó, yo lo subí en la moto y lo traje más adelante, a la vereda El pajarito del resguardo de Huellas – Caloto, yo pensé que se iba a revivir”, dijo muy dolido Antonio Silva.

Con todas estas muertes solo queda claro que en Colombia, la guerra es una excusa para que continúe imponiéndose el “Modelo Colombia” – Plan Colombia. Una combinación específica de terror, propaganda y políticas (tratados al servicio del Libre Comercio). La razón de ser del Estado en Colombia es impulsar esta ‘liberación’ de territorios, riquezas, mercados, ahorros y trabajo para las transnacionales.

Este “Modelo Colombia” es ahora la fórmula de usurpación que se aplica a otros países que ya se han puesto en la mira de los explotadores. Este modelo se ha extendido a países como México, Paraguay, Perú, Honduras, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina. Siempre imponiéndose con el terror.

La resistencia indígena del Cauca sigue pero no podemos caer el juego de los discursos y promesas falsas del gobierno colombiano porque las políticas del capital se imponen año tras año y cada vez se agudiza más el monstruo del saqueo de las trasnacionales que quieren adueñarse de nuestros territorios, de nuestros planes de vida, de nuestros sueños y de la vida toda.

Debemos continuar con la lucha contra el modelo económico y contra todo lo que atente contra la vida. Al pedirle un mensaje en medio de esta guerra a don Antonio, padre de Efraín, su respuesta es un silencio de impotencia, un silencio de dolor y un silencio con lágrimas. Acompañamos a la familia Silva Julicue y a todas las familias víctimas del conflicto armado que vive el Cauca y Colombia.

Foto: Hernando H. Tapasco, representante a la Cámara. | tomada de lapatria.com

Hernando Hernández Tapasco, Representante a la Cámara del Polo Democrático Alternativo por la circunscripción indígena, tiene serias preocupaciones sobre la agenda legislativa que se debe discutir en el Congreso en lo que resta del año. Asuntos relacionados con la tierra y la minería hacen parte de sus inquietudes.

Este indígena de la etnia Embera-Chami situada en el Resguardo Caño Momo – Loma Prieta del municipio de Rio Sucio, en Caldas, aseguró que el gobierno de Juan Manuel Santos está más interesado en fortalecer la agroindustria que en respaldar iniciativas productivas de indígenas y campesinas, y en sacar adelante la locomotora minero-energética sin consultar a las comunidades.

¿Cuáles son los temas más relevantes para las comunidades indígenas en la actual agenda legislativa?

En este tercer periodo se vienen temas preocupantes para comunidades indígenas, uno de ellos es la Ley de Tierras y Desarrollo Rural. Como está concebida, es continuar con lo que se ha denominado restitución de tierras, devolverle la tierra a quienes se las quitaron de forma violenta, pero no está pensando en redistribuir y adelantar programas de dotación de tierras a comunidades indígenas o campesinas que aún no las poseen. En términos productivos, el Gobierno piensa fortalecer el aspecto productivo de la tierra, pero a través del monocultivo, fortaleciendo la agroindustria; no veo planteamientos para respaldar iniciativas campesinas e indígenas de seguridad y soberanía alimentaria, y abastecer los mercados internos. En ese sentido, creo que el Gobierno va a continuar con la política de importar alimentos y no de producirlos aquí mismo. Es una iniciativa desfavorable para lo que han planteado indígenas y campesinos en el país.

Además, se quiere adelantar la discusión de ese proyecto en el Congreso sin consulta previa. El Gobierno ha dicho que sólo consulta los aspectos que tienen que ver con los indígenas, pero no consulta la ley general con ellos sino sólo lo que los afecten, pero todos los aspectos de esa ley afectarán a los indígenas, afrodescendientes y raizales.

¿Qué otro proyecto le preocupa a los indígenas?

Otra iniciativa que va a tener que ver con los indígenas es la Ley de Minas o Código Minero. Ya hay un borrador y se le ha anunciado a los indígenas que se va a presentar esa iniciativa. Es preocupante porque eso lo que busca es permitir que avance la locomotora minero-energética sin respetar los pueblos indígenas, permitiendo que las multinacionales ingresen a territorio de las mismas comunidades sin tener en cuenta los impactos que esto trae. Me imagino que es una iniciativa que continuará con perseguir y criminalizar a lo que se llama pequeña o artesanal minería en el país para dejarle las puertas abiertas a las multinacionales, que serían las únicas que tendrían el aval de extraer los recursos naturales no renovables en el país.

¿Qué opina sobre la situación del Cauca?

Lo del Cauca es histórico, profundo, estructural. Es un problema que se vive hace más de 40 años. Yo, que conozco la región, no  veo que se haya recrudecido en los últimos días. Inclusive en los 8 años del gobierno Uribe, fue muy tenso lo que se vivió entre insurgencia y las fuerzas armadas del estado, se mantuvo oculto para demostrar que la seguridad democrática estaba dando logros.

Al representante a la Cámara por la circunscripción indígena Hernando Hernández Tapasco, le preocupa la agenda legislativa en el Congreso de la República, particularmente en temas de tierras y minería. En entrevista con Arco Iris expuso sus puntos de vista.

En concreto, lo que piden las comunidades de esta región es que se acabe la guerra, que cesen los hostigamientos y que se dejen de violar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; que no se involucre la sociedad civil de la guerra; que ambos bandos se retiren de los cascos urbanos, de los centros poblados; que no se ocupen vienes civiles ni se destruyan bienes materiales; que no recluten los jóvenes para la guerra; y, finalmente, al Estado se le pide que no utilice a la gente en las redes informantes.

Desde la perspectiva indígena, ¿cuál es su balance de los dos primeros años de gobierno del presidente Santos?

Hay un cierto aire de desconcierto entre nosotros, los sectores indígenas, porque no vemos avance, ni cumplimiento, ni seriedad respecto a los acuerdos que hicimos inicialmente en el Plan Nacional de Desarrollo. Nada se ha materializado. No se ha cumplido en aspectos que tienen que ver con solucionar temas de territorio, derechos sociales, derechos humanos y derechos nacionales e internacionales.

No vemos cumplimiento en lo que tiene que ver con acuerdos referentes a la ley de víctimas, con el decreto especial para atender a las víctimas de conflicto y de la violencia; de eso no se viene cumpliendo absolutamente nada.

Con lo que tiene que ver con aspectos planteado al principio por el Presidente sobre temas de seguridad, eso cada vez se profundiza más porque el conflicto sigue presente en muchas partes de Colombia, sigue afectado comunidades campesinas e indígenas.

Lo que tiene que ver con locomotoras minero-energéticas y de la agroindustria son temas que vienen desfavoreciendo a comunidades indígenas porque se viene entregando licencias ambientales, se entregan tierras de las comunidades a multinacionales  vulnerando y violando el derecho a la consulta previa.

¿Por último, cuál es su opinión respecto a la disputa del ex presidente Álvaro Uribe y el presidente Juan Manuel Santos?

Sin lugar a duda hay diferencias entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el del expresidente Álvaro Uribe, pero creo que son más diferencia de forma y de estilo, de hacer la política direccionada. Respecto a lo que tiene que ver con relaciones internacionales, sin lugar a duda Santos la ha resuelto de una manera diplomática tratando fundamentalmente de arreglar los problemas que había dejado Uribe con los países vecinos como Venezuela y Ecuador; pero mantiene de fondo lo fundamental que son las relaciones económicas entre los estados. Pienso también que no hay diferencia en lo que tiene que ver con implementación de modelo económico que se le impone a nuestro país.

Foto: Francisco De Roux, Gustavo Wilches Chaux y Todd Howland.

El pulso entre los indígenas del Cauca y el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos esta en plena tensión, las distancias son grandes y las desconfianzas mutuas han crecido. Unos y otros esgrimen razones para desconfiar. Frente a este tipo de situaciones es útil contar con personas con plena credibilidad de unos y otros que contribuyan a superar las diferencias.

Por ello, en las ultimas semanas, tres personas ayudan de manera muy activa a tender puentes y promover un dialogo entre indígenas y el Gobierno nacional; cuentan con el respeto y aprecio de las partes, conocen el conflicto y su complejidad, tienen amplia experiencia en gestión de conflictos y conocen éste y muchos otros conflictos en el mundo. Son voces y espíritus sosegados, y con los pies en la tierra.

Se trata de Francisco De Roux, el provincial Jesuita; Gustavo Wilches Chaux, un caucano experto en complejidades y desastres – de lo que hay y harto en este asunto-; y Todd Howland, el director de la Oficina de derechos humanos de Naciones Unidas en Colombia. Ellos se han convertido en las personas más consultadas por indígenas y Gobierno para destrabar distancias y desconfianzas.

Francisco de Roux, con su conocimiento de los vericuetos de este país, sabe que el camino en este tipo de situaciones es dialogar y dialogar, y volver a dialogar, con todos los actores, para tratar de encontrar un camino compartido para salir del conflicto, teniendo como horizonte el respeto irrestricto de la dignidad humana y propendiendo por la construcción de un orden social donde sea posible la vida para todos. Es una persona apreciada en muchos ámbitos. Su serenidad y rectitud lo hacen digno merecedor de la confianza de unos y de otros.

Gustavo Wilches ha trabajado con los indígenas durante toda su vida, los conoce y lo conocen, por eso sabe de la importancia del Gobierno indígena, de su autonomía y la defensa del territorio. Con la claridad que lo caracteriza, recientemente escribió un texto en el que señala el asunto central de la defensa del territorio, el corazón de este conflicto, y que debe sintonizar tanto al Gobierno indígena como al Gobierno nacional: “Así como las organizaciones indígenas deben hacerse responsables de expulsar de sus territorios a los grupos armados ilegales y a las redes del narcotráfico, el Gobierno debe garantizar que esos territorios no sean amenazados por megaproyectos mineros, ni energéticos, ni de ninguna otra índole”.

Francisco De Roux, Gustavo Wilches Chaux y Todd Howland tienen el propósito de tender puentes entre los indígenas y el Gobierno para acercarlos y lograr salidas pacíficas a un conflicto en el que persisten la desconfianza y las diferencias de criterio. Luis Celis ofrece un análisis sobre la importancia de este tipo de mediaciones.

Todd Howland habla claro y directo, eso le ha hecho merecedor del respeto de los indígenas, lo dijo sin ambigüedades, al reivindicar las exigencias indígenas a todos los actores del conflicto y su búsqueda de una vida sin el yugo de la violencia: “la mayoría de colombianos pueden vivir en paz y pueden enviar a sus hijos al colegio, visitar una clínica o un médico, salir a trabajar sin sentir temor de perder sus vidas. Y todos los indígenas quieren lo mismo, quieren la paz y los beneficios que vivir en paz brinda”.

La tarea que tienen Francisco De Roux, Gustavo Wilches Chaux y Todd Howland no es nada fácil. Se trata de tender puentes entre dos partes que por ahora no sólo desconfían la una de la otra, sino que tienen diferencias fundamentadas en el pasado.

Los indígenas han firmado muchos pactos con distintos gobiernos y el cumplimiento no ha sido satisfactorio; la violencia en sus territorios se ha intensificado en los últimos cinco años; y algunas de  las iniciativas de movilización fueron respondidas durante el gobierno de Álvaro Uribe con bolillo y lacrimógenos.

El antecedente más reciente de confrontación entre indígenas y Fuerza Pública se refiere al desalojo de tropas del Ejército del cerro Berlín. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y colocó este conflicto en primer plano nacional e internacionalmente.

Y por el lado del Gobierno nacional, las preocupaciones no son menores: el Cauca es el principal teatro de operaciones de las FARC; mantienen la iniciativa para sabotear la infraestructura energética y vial, y hostigar a la Fuerza Publica.

Pero más allá de las coyunturas, hay temas sensibles y de fondo: la propiedad de la tierra, diferencias inter-étnicas, desconfianza hacia el Estado, narcotráfico, minería en expansión, perturbación y criminalidad de las FARC y neo-paramilitares contra las comunidades indígenas y confrontaciones militares en medio de las comunidades. Los retos para superar el conflicto no son menores. Con problemas tan agudos, que se han escalado, y con tantas heridas abiertas, no es fácil su tratamiento con miras a lograr su superación. Las soluciones no están a la vuelta de la esquina y para alcanzarlas se tendrán que superar muchos obstáculos.

El propósito, en últimas, es construir un acuerdo a través de diálogos y concertaciones entre indígenas y Gobierno nacional, con la concurrencia de autoridades locales y departamentales y otros actores ciudadanos, que pueda definir nuevos derroteros de acción, para lograr parar la violencia y emprender el tema de fondo: cómo se gestiona el territorio y la vida comunitaria, en medio de tantos intereses y actores.

Ahora que el presidente Santos retoma el diálogo con el movimiento indígena es bueno saber que Francisco De Roux, Gustavo Wilches y Todd Howland están allí para aportar su serenidad y capacidad de trabajo, y de buenos componedores, en un conflicto donde en buena medida se están jugando las posibilidades de salir de una guerra, ya demasiado larga, costosa y en la cual los beneficiados han sido minorías violentas.

Foto: Tejido de Comunicación -ACIN-

Por estos días cuando las comunidades y los pueblos cansados de los abusos y mentiras, nuevamente se levantan contra las injusticias y exigen simplemente respeto, la crueldad y el miedo vuelven a manifestarse en las acciones de los enemigos de la vida que se ensañan con los humildes, con los sabios, con los dignos.

Lisandro Tenorio, originario de la vereda Potrerito – Toribío, tierra sagrada del Cerro Mayor. Sabio, consejero y guía del Pueblo Nasa, fue asesinado en la tarde del domingo por dos hombres armados, que llegaron hasta su casa en la vereda El Pílamo del resguardo de López Adentro – Caloto – Cauca. El mayor Lisandro llegaba del río, estaba realizando un ritual de limpieza a un comunero, estaba comunicándose con los espíritus que seguramente le anunciaron su partida de este entorno. Llegó a la casa a las 3 de la tarde, almorzó y se dispuso a salir hacia Santander de Quilichao donde se había comprometido a armonizar (limpieza espiritual) a unos enfermos, estaba alistando las plantas y el fresco (mezcla de las plantas medicinales).

“Vi que dos hombres llegaron por el lado de la cocina, llegaron al lado del patio donde mi papá estaba. Le dijeron que lo mataban porque él no les colaboraba e inmediatamente le dispararon en la cabeza. Vi cuando mi papá cayó con las manos extendidas en el suelo y las dos personas se fueron corriendo”, manifestó entre lágrimas su hija María Delia.

En el Pueblo Nasa los The Wala (médicos tradicionales) son los guías, los que abren y muestran el camino; protegen, aconsejan y orientan. Son los encargados de mantener el equilibrio y la armonía con los espíritus de la Madre Naturaleza y nosotros sus hijos. Son quienes interpretan las señas (manifestaciones corporales y de la naturaleza), los mensajes de los espíritus y los transmiten.

Asesinar a un The Wala, a un sabio, es un desafío cobarde a la dignidad y a la vida. Es ensañarse contra un anciano, un mayor indefenso imponiendo la fuerza de las armas ante la sabiduría y la conciencia. Es un claro acto de incapacidad y cobardía.

El mayor Lisandro, al igual que su hijo Gerardo quien también es “The Wala”, está amenazado desde hace varios meses. “La guerrilla y el Ejército. Los dos nos han amenazado, nos han dicho que iban a acabar con los brujos que no les colaboraban. Aquí han venido los milicianos a que les hagamos rituales para protegerlos del peligro. Yo siempre les digo que el peligro que tienen es la mala decisión que han tomado… ese no es el camino muchachos, cuando recapaciten y decidan volver al camino de la comunidad acogiendo las orientaciones del cabildo, aquí los estaré esperando para ayudarlos… Sé que eso no les ha gustado y se han ido muy molestos”, dijo el mayor Gerardo.

La Asociación de Cabildos de Indígenas Norte del Cauca (ACIN), a través de su Tejido de Comunicación,  reflexiona acerca del vil asesinato de ‘The Wala’ Lisandro Tenorio, sabio consejero y guía del pueblo Nasa. “Es un desafío cobarde a la dignidad y a la vida”, dicen los indígenas e insisten en advertir que “los grupos armados están desarmados de razones”.

“A mi papá y a mi, desde hace dos años, la guerrilla nos ha prohibido subir a Toribío. Nosotros siempre hemos acompañado la Guardia Indígena desde lo espiritual por eso nos amenazaron. Sin embargo hemos seguido orientando a las comunidades, las autoridades, la guardia y los líderes porque es la misión que nos ha encomendado la Madre Naturaleza. Por eso mataron a mi papá y seguramente me matarán a mí, pero como decía mi padre: el día que la Madre Naturaleza me llame me encontrarán haciendo lo que los espíritus me han encomendado y con la única defensa que tenemos los The Wala, la hoja sagrada de coca y las plantas en la Yaja (bolso – jigra)”, continuó.

Lisandro Tenorio inició el trabajo en los años 70 cuando se empezó a conformar el CRIC y los cabildos indígenas, estos inicios fueron también muy duros, en estos tiempos los indígenas eran utilizados por los partidos políticos tradicionales para que solo votaran por los candidatos liberales o conservadores. El mayor Lisandro fue uno de los primeros gobernadores del cabildo de Toribío, empezó como Alguacil Mayor, con el apoyo y orientación de Cristóbal Secue, su cuñado también líder de este territorio. Se destacó por su gran responsabilidad y compromiso, por esta razón lo reconocieron como el mejor guardián cívico en un congreso realizado en Toribío en el año 81. Luego de estar en el cabildo se mantuvo en la comunidad de Potrerito como consejero de las autoridades y como The Wala, guía espiritual del Pueblo Nasa.

“Sena Wèt We`t Finzewà, es la misión de nosotros como The Wala, quiere decir defender el territorio, proteger la vida, mantener la armonía, servir a quien lo necesita y especialmente orientar a los niños. Esa misión era la que cumplía mi papá con los que lo necesitaban, seguramente a quienes les defendió la vida, fueron los que se la quitaron. Me dio mucha tristeza que mi papá se haya ido de esa manera, aunque ya sabíamos que uno de los dos se iba a ir, porque hace cuatro meses las amenazas estaban muy fuertes y nos sentíamos sin salida, yo me había ido a acompañar la comunidad que había salido al encuentro de La María Piendamo y mi papá quedó encargado de cuidar el territorio”, manifestó su hijo el Mayor Gerardo.

Luego continuó su relato: “Al regresarme de La María Piendamó, el reflejo del rayo al lado izquierdo me indicó que mi papá ya había partido a otro espacio, cuando llegué a la casa al ver su sangre mezclándose con la Madre Tierra, armonicé su cuerpo y su espíritu con un ritual especial de limpieza para apaciguar los espíritus que estaban molestos y abrir el camino para el regreso de mi papá al seno de la Madre Tierra. Nosotros somos parte de la Madre Tierra, nuestro cuerpo es la ofrenda por eso tenemos que irnos limpios”

Nuestro territorio se desarmoniza cuando asesinan a nuestro pueblo y cuando explotan a la Madre Tierra. Pero la resistencia y la conciencia del Pueblo Nasa han permitido seguir con la defensa de la vida toda. Los que cometieron el asesinato del Mayor Lisandro, no le hacen daño solamente a su familia sino a todo el Pueblo Nasa. Exigimos que se investigue y se castigue a los asesinos de nuestro guía espiritual. La muerte venga de donde venga y la destrucción de la Madre Tierra son el despojo de los pueblos indígenas, campesinos y afros, donde los que se benefician son las grandes transnacionales.

Los grupos armados están desarmados de razones, sus acciones no tienen fundamentos ni justificación alguna. Sus instrumentos son las amenazas, los señalamientos y la muerte. El miedo que sienten ante la verdad y la conciencia lo expresan con hechos de crueldad, asesinando sabios, violando mujeres, sometiendo niños. Que cobardes son los actores de la guerra.

Para los pueblos indígenas y entre ellos los nasas, la muerte es simplemente el paso al espacio de la vida espiritual donde se sigue sin cansancio el trabajo con la comunidad. Por eso la decisión es que el Mayor Lisandro se rencuentre con la Madre Tierra en la zona plana de la comunidad de López Adentro, cerca a los cañaduzales para seguir atento y vigilante de las acciones promovidas por los industriales y los grupos armados  en contra de la comunidad y de la vida. Así como el mayor Lisandro, también las comunidades seguimos vigilantes, atentos sin cansarnos, ni rendirnos. Exigiendo respeto por los pueblos dignos.

/ Por Tejido de Comunicación – ACIN

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Foto: Temístocles Ortega, gobernador del Cauca. | tomada de elliberal.com.co 

Temistocles Ortega ya fue Gobernador del Cauca, fue el primero por elección popular en 1992 y actualmente repite en el cargo. No le ha tocado fácil esta vez. El agravamiento del conflicto armado en territorio indígena, particularmente en el norte del departamento, es uno de sus mayores problemas. Tanta tragedia lo ha llevado a plantear que allí está el mejor escenario para hacer la paz.

Ortega viene de la provincia caucana, del sur, nació en Mercaderes, y su liderazgo surgió en la época de estudiante de Derecho en la Universidad del Cauca, de donde se graduó en 1979 con tesis de honor. Ha recorrido la vida pública, tanto en responsabilidades de gobierno como en el sector judicial. Por eso su palabra es importante.

En esta entrevista reivindicó los derechos de las comunidades indígenas, las vías del dialogo y la construcción de acuerdos con el Gobierno nacional. Su papel hoy en medio de la crisis que vive su departamento es el de facilitador en medio de las tensiones.

Gobernador Temistocles Ortega, ¿qué se puede hacer en el corto plazo, en la delicada situación del norte del Cauca, con las exigencias del movimiento indígena?

Posicionar el dialogo como el método a través del cual se pueden lograr acuerdos y consensos, no dejar de dialogar,  esto permite que las posiciones, cualquiera que ellas sean, se discutan y que no hayan distancias. No hacerlo, implica que cada una de las partes esta haciendo por su lado lo que considera conveniente, y esto puede terminar en confrontaciones que nadie quiere en el Departamento del Cauca.

Se debe tener claro que hay una posición indígena que ha venido reivindicando sus derechos; que hay que sentarse a hablar sobre esto, que  son temas estructurales, son de fondo, sobre los cuales, en el pasado no se ha hecho un examen tranquilo y por eso cada cuanto saltan a la palestra cuando se presentan dificultades.

Se requiere inversión social, que las comunidades sientan un Estado amigable, que hace presencia no solamente con las entidades de control social y de confrontación con la subversión, sino que igualmente está para atender las múltiples y viejísimas necesidades de las comunidades indígenas.

¿Considera viable la demanda de las comunidades indígenas, de que la Fuerza Pública se aleje un poco de los sitios más poblados, de los cascos urbanos?

Sabemos si es viable o no, repito, en la medida en que se dialogue sobre ese tema, en el marco de todos los componentes, no solamente decir: no aceptamos Fuerza Pública en el territorio, y tampoco solamente decir: no retiramos la Fuerza Pública. Dialogar para poder examinar conceptos como: autonomía, territorialidad, gobierno propio, autoridades propias y cómo se relaciona toda esta autonomía consagrada en la Carta Constitucional con el deber del Estado de garantizar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos y ciudadanas. Un dialogo a fondo sobre todos los temas que están en el debate permite encontrar las formas para garantizar de parte del Estado la seguridad y la convivencia en los territorios indígenas y por otro lado, se garantiza que las comunidades indígenas puedan ejercer plenamente sus derechos.

El gobernador del Cauca Temistocles Ortega reivindicó los derechos de las comunidades indígenas, las vías del dialogo y la construcción de acuerdos con el Gobierno nacional. En esta entrevista con Luis Celis, de Arco Iris, aseguró que su papel hoy en medio de la crisis que vive su departamento es el de facilitador en medio de las tensiones.

Gobernador, usted ha dicho que tiene el compromiso de apoyar y promover la paz en el Cauca, jugar de manera propositiva, ¿que aspectos considera prioritarios?

El principal problema del Cauca, como lo es del país, es el conflicto armado, allí están radicadas buena parte de las desgracias de este país y del Cauca, y si uno los deja de lado no está siendo responsable con la tarea para la cual fue elegido. En ese contexto, yo he procurado una estrategia de cultura de paz, para que la paz sea una exigencia de los caucanos en cualquiera de nuestras actividades sociales y en cualquiera de nuestros ámbitos territoriales; si nosotros trabajamos todos por la paz, por esa vía podemos rechazar la violencia, podemos hacer sentir a los violentos, de todas las especies, que no solamente están luchando contra el estado, sino que hay una sociedad que los rechaza y en consecuencia presiona para que se de una salida al conflicto, una salida que yo creo que debe ser política.

Las comunidades indígenas, Afros, campesinas están muy preocupadas por el tema de la Minería, ¿usted como ve este tema en el Cauca?

Es muy preocupante, muy preocupante, por que la minería legal, aquella que ha sido autorizada por el Estado, autorizaciones que se hacen por razón de competencia en Bogotá y de la cual no tenemos conocimiento ni los alcaldes, ni el gobernador, minería que llega a hacer su trabajo legitimo y genera dificultades, de orden social, de orden publico, de orden ambiental sin duda alguna. De alguna manera, genera un impacto muy importante en las comunidades que antes estaban tranquilas, dedicadas a sus cultivos agrícolas.

Y de la minería ilegal ni hablemos. En poder de las FARC, de bandas criminales, de delincuencia común, genera todo tipo de desorden social, todo tipo de delincuencia, de violencia, de distorsión de la economía de las comunidades, de rompimiento muy fuerte del tejido social y eso esta sucediendo en el Cauca. Por lo tanto, hay que ofrecer una política pública, coordinada con alcaldes y gobernador, para el caso del Cauca es absolutamente urgente.

¿Como ve la posibilidad de generar diálogos entre el movimiento indígena y los empresarios del Valle, que tienen sus grandes negocios de agroindustria, pero el interés común de proteger el agua, amenazada por la minería? ¿Usted puede apoyar en este dialogo?

Ya lo estamos haciendo. De tiempo atrás hay un dialogo constante con las comunidades indígenas y los empresarios del norte del Cauca, hay unas iniciativas conjuntas muy importantes: en café, en cultivos de caña, en cultivos de pan coger. Estamos, igualmente, en diálogos de comunidades indígenas con comunidades afrodescendientes y campesinas, para evitar las confrontaciones que hay en el Cauca por el motivo de la tenencia de tierras. El tema de la tierra en el Cauca es histórico  y se presentan de manera periódica enfrentamientos. Hay afortunadamente la conciencia del dialogo y de buscar salidas para generar niveles de confianza entre estas comunidades, eso ha hecho posible un margen de tranquilidad para que la economía del departamento no se sienta tan afectada en medio del conflicto armado, que es grave en el departamento.

Uno siente que el país urbano, no entiende lo que pasa en el Cauca, ¿usted como su gobernador que mensaje quisiera compartir con el país?

Tengo la impresión que el país urbano no entiende al Cauca, buena parte del país tampoco lo conoce, en el Cauca hay unas comunidades indígenas altamente organizadas, con una clara conciencia de sus derechos, que los ejerce, en ese ejercicio de los derechos tiene imbricaciones con los derechos de otras comunidades. Si esa exigencia de derechos se resuelve por las vías civilizadas, por la vía pacifica, del dialogo, en el Cauca esta el mejor escenario que hay en el país para hacer la paz.