Imagen: Cortesía lostiempos.com

La Universidad Nacional y el PNUD esperan repetir el éxito del primer foro sobre política de desarrollo agrario integral, en el que participaron más de 1.300 personas a finales del año pasado y cuyas conclusiones compartieron con la mesa de diálogos de las Farc y el Gobierno en La Habana, Cuba.

Esta vez el análisis y las propuestas del foro serán entorno al segundo punto de negociación pactado en el denominado ‘Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera’, que trata sobre las garantías de participación política en el país.

Los organizadores del foro indicaron que la agenda se llevará sobre estos tres puntos:

1. Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.

2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.

3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.

El evento se anunciará mañana, martes 23 de abril, en una rueda de prensa donde se darán a conocer la metodología y reglas de juego en este nuevo encuentro de la sociedad civil, la academia y los diversos sectores sociales organizados que buscan aportarle a la paz. El foro se realizará entre el 28 y 30 de abril.

Hacía falta que después de varias semanas de esfuerzos del uribismo, en una ofensiva pocas veces vista, por desprestigiar el proceso e impedir la movilización,  la ciudadanía le diera un rotundo no y le expresara a aquellos que hoy fungen de defensores de las víctimas pero que siempre lo han sido de los victimarios,  que nos adentramos  en un momento en el cual renace la esperanza y se le abre el espacio  a la reconciliación.

Hacía falta, que las calles se vistieran de blanco y que el ingenio popular colocara en pancartas, volantes y diversas expresiones artísticas sus percepciones sobre la paz, sus  sensaciones sobre un proceso que  sentían lejano y que ahora quiere tomar cuerpo, en las conciencias y en las voluntades, como algo que les es propio.

Hacía falta ver una nueva generación de jóvenes y aún de niños  movilizándose por un mejor futuro, imprimiéndole  frescura a la participación ciudadana sin los prejuicios y no pocos estigmas que aún perviven en la sociedad que jalonan el espíritu vengativo, el odio y la pulsión por eliminar al contradictor.

Hacía falta, que en la movilización social las víctimas fueran el protagonista principal con figuras tan emblemáticas como Jorge Eliecer Gaitán. El cambio de movilizarnos en CONTRA DE a movilizarnos a FAVOR DE, expresa un giro sustancial como expresión de las masas y señala el camino constructivo que debemos imaginar para que algo como lo que ha sufrido la sociedad colombiana no vuelva a presentarse.

Hacía falta, que en Medellín, nos sacudiéramos de una modorra que no se compaginaba ni con la  coyuntura política, menos, con una realidad regional que arrastra centenares de víctimas en campos y comunas. Marchamos, no obstante la displicencia de nuestros gobernantes, que no tenían ninguna justificación para no haber liderado una movilización por sus propias víctimas: Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry, para sólo mencionar estos dos, y por todas aquellas que  están dejando de ser innominadas. Aun no entendemos si es consecuencia de la alianza AMA, el hecho de colocar la paz  bajo la lupa de los cálculos electorales,  interés de congraciarse con una elite regional cercana al Uribismo o sectarismo. Lo cierto es que apenas se han manifestado apoyos destemplados y a veces hasta forzados a un proceso en  el cual Antioquia  debería estar filando como su primera promotora y defensora.

Sergio Fajardo y Aníbal Gaviria son demócratas, son indiscutibles líderes regionales y son nuestros gobernantes ¿Qué es lo que les pasa con la paz? No es posible cometer errores sean ellos por acción o por omisión en algo de tanta importancia y trascendencia para el país y para la región, pues la historia no les será benévola para quien los cometa.

/ Jose Giron Sierra

Este es un espacio de opinión del portal ArcoIris.com.co destinado a columnistas y blogueros. Los puntos de vista y juicios aquí expresados pertenecen exclusivamente a sus autores y no reflejan ni comprometen institucionalmente a la Corporación Nuevo Arco Iris.

Fotos: Giovanni Moreno C. ©

Con este video el ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, mostró su apoyo a los diálogos con las Farc que mantiene el Gobierno nacional para alcanzar la paz y recordó que el arma más poderosa para conseguirla es el diálogo.

Imagen: cortesía procuraduria.gov.co

El Procurador General de la Nación Alejandro Ordóñez, envió un concepto desfavorable a la Corte Constitucional, sobre el Marco Jurídico para la Paz, en el que pide se declare inexequible.

El jefe del ministerio público considera que el Marco Jurídico Para la Paz, abre el hueco para que se  genere impunidad judicial en los casos en que se deba abrir investigación por crímenes de lesa humanidad a los cabecillas de las Farc. Según Ordoñez, este hace imposible garantizar los derechos a la verdad, la justicia, reparación,   la no repetición y habilitaría  a la jurisdicción internacional para que investiguen los casos de personas que en el mismo,  se excluyen de investigar y sancionar”.

En palabras del Procurador, si esto llegase a suceder, “Se pondría  a Colombia en la misma situación de otros países del mundo que tienen sistemas judiciales inviables como es el caso de Kenia, República democrática del Congo, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, o la ex Yugoslavia”

Para Alejandro Ordoñez, el aspecto  más preocupante,son las  penas alternativas que podrían tener los máximos cabecillas, como libertad condicional y la casa por cárcel.

En medio de su  pronunciamiento, el Procurador aseguró  que no es un ‘enemigo de la paz’ pero señala que Colombia no puede estar sometida a esta normativa,  por lo que le pide a la Corte Constitucional que declare inexequible el acto legislativo.

Los procesos de paz de los años 90 rompieron la tradición colombiana de la negociación como estrategia de guerra, y consolidaron la apuesta de los acuerdos de paz como un pacto de reconciliación en el marco de reformas estructurales a las instituciones que rigen nuestra convivencia como  ciudadanos.

La Constitución de 1991 es el mayor logro de esos esfuerzos de la sociedad colombiana por superar la bicentenaria condena de nuestras guerras civiles.

Pero se trataba de paces parceladas que introdujeron la tramitación de nuestros conflictos por la vía negociada y fortalecieron dinámicas sociales alrededor de los grandes temas de la Constitución como el Estado de derecho, la democracia participativa, los derechos humanos, el pluralismo de nuestra sociedad, y la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

¿Por qué la sociedad debe acompañar la marcha del próximo 9 de abril de respaldo a los diálogos de La Habana entre las Farc y el Gobierno? Análisis de Fernando Hernández, presidente de Nuevo Arco Iris.

Con las negociaciones de La Habana entre las Farc y el Gobierno  entramos en el momento del cierre del conflicto armado por causas políticas en Colombia y se abre la etapa del posconflicto en la que toda la sociedad debe participar en la construcción de la paz. Ojalá que el ELN se vincule también a este proceso.

Desde la Corporación Nuevo Arco Iris -CNAI- respaldamos con entusiasmo los diálogos de La Habana, ratificamos nuestro compromiso con las tareas de la reconciliación y llamamos a todas las colombianas y colombianos a rodear esta apuesta por la paz, para que esta generación le entregue a las siguientes un país sin violencia para la construcción colectiva de una sociedad justa y solidaria.

/ Fernando Hernández Valencia

*Presidente de la Corporación Nuevo Arco Iris

El municipio que fue escenario de las negociaciones de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Andrés Pastrana hace once años, recibió a tres mil campesinos de las veredas que conforman las ocho zonas de reserva y los cincuenta procesos que esperan constituirse.

El encuentro se realiza en el momento en el que el tema de la tierra y el desarrollo rural esta en el centro de la agenda de negociación en La Habana. A pesar de que el ministro de Agricultura ha denominado despectivamente las zonas de reserva como “republiquetas”, el tema será central en los acuerdos de paz entre las Farc y el Gobierno.

Fiel a su promesa, no ha pronunciado la palabra reelección, como tampoco lo hizo en su momento su mentor y antecesor Álvaro Uribe. Los acontecimientos políticos se encargaran de ello.

Sin darle el crédito pero si la razón, el presidente Santos ha hecho suya la idea de su hermano Enrique, quien premonitoriamente lo había señalado: “hay que preguntarse ¿si no hay reelección habrá proceso? ¿Seguirá el proceso de paz con cualquier persona que pueda venir después?”. http://goo.gl/t4apy

Por ahora se trata de un anuncio etéreo, gaseoso, pero que tiene propósitos políticos concretos. Uno de ellos es enviar un mensaje tranquilizador y de confianza a las FARC-EP: garantizarles que bajo su mandato, el actual y/o uno próximo, será el único presidente capaz de asegurar el cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmen  en la Habana.

Con esta declaración el primer mandatario da un paso calculado para legitimar y ambientar su reelección. Puede ser por uno o dos periodos, todo depende de cómo le vaya al proceso de construcción de la paz, después del silenciamiento y la dejación de las armas. Las Farc-EP lo tienen bastante claro: “El acuerdo sería parte de un proceso más profundo y más largo. Entonces nos correspondería seguir la revolución por otro medios pacíficos, esos que no nos han permitido hasta ahora”. http://goo.gl/n4ter

El presidente no se atiene a los tiempos de la normatividad electoral, que se le vencen en noviembre del presente año, prefiere adelantar los tiempos de la política, por eso el encriptado anuncio es  también un mensaje tranquilizador a los partidos de la Unidad Nacional, en especial a sus nerviosos parlamentarios, que sin duda serán  los grandes  beneficiados con la reelección.

El ex presidente Uribe ha respondido la notificación arreciando sus acostumbrados trinos en contra del proceso de paz, al tiempo que sigue buscando con la Lámpara de Diógenes una figura que lidere su proyecto anti santista y anti FARC.

La Estrategia reeleccionista incluye también el eslogan de su campaña y la impronta de su segundo mandato: “un país Justo, Moderno y Seguro”, que según explicó el publicista Ángel Becassino corresponde a las letras iniciales del nombre del presidente. Una bien asesorada manera de marcar distancia con Álvaro Uribe y reciclar publicitariamente “la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.”, mientras mantiene intocable la estrategia y el estribillo de las cuatro locomotoras, con las cuales ha gobernando el país en los últimos tres años.http://goo.gl/1c9Nl

A la izquierda colombiana le cuesta pensar en un eventual apoyo a la reelección de Santos con el fin de consolidar el proceso de paz, tras la firma de los acuerdos en La Habana, con los cuales  está comprometida y cifra todas sus esperanzas políticas y electorales.

La reelección pone a la izquierda entre la perplejidad y la marginalidad. Hoy está prisionera del proceso de paz. No tiene alternativa distinta. Prende una vela al Santos de los diálogos de paz y otra al diablo de las locomotoras de la prosperidad.

La izquierda deshoja la margarita electoral: dar testimonio de fe en sí misma con un candidato propio, puro y duro, sin ninguna posibilidad de triunfo. Una campaña indeseada, marginal y testimonial, un verdadero retroceso. También explora una tercería más allá de sus propias fuerzas y candidatos. Una opción hoy bastante incierta. Los propósitos iniciales de Pido la Palabra de construir una opción electoral frente a la polarización Santos-Uribe, languidecen tras la decisión de Sergio Fajardo de permanecer hasta el final de su mandato en la gobernación de Antioquia y rechazar toda vinculación a Pido la Palabra y en medio de la pugnas internas del naciente grupo, que motivaron la renuncia pública de la ex dirigente liberal Cecilia López, una de sus más importantes impulsoras.

A la izquierda colombiana le cuesta pensar en un eventual apoyo a la reelección de Santos con el fin de consolidar el proceso de paz, tras la firma de los acuerdos en La Habana, con los cuales  está comprometida y cifra todas sus esperanzas políticas y electorales. Para ello tendría que lograr su unidad, que con nombre propio significa sellar un gran acuerdo entre el Polo Democrático, la Marcha Patriótica, el Movimiento Progresista que lidera Antonio Navarro y alguna fracción reverdecida del Partido Verde. Una suerte de frente unido de izquierda en condiciones de negociar y participar  en la conformación de un gobierno  de convergencia nacional para asegurar la construcción de la paz duradera. Apostarle a elegir y ser parte de un gobierno de coalición con todo lo que ello implica. O preferir el camino de la marginalidad política y la oposición de decorado.

La gran incertidumbre para el juego electoral es la estrategia política y electoral de las Farc-EP luego de una eventual firma de los acuerdos de paz en La Habana. Una decisión tan compleja y de alto riesgo como la firma de la paz misma. De allí que se encuentren “deseosos y anhelantes de poder entrarle” al tema de la participación política y su particular interés en iniciar lo más pronto posible el segundo punto de la agenda. http://goo.gl/DXqiQ

El presidente Santos quiere ser imprescindible y necesario, convertirse en el presidente obligado para conquistar y consolidar la paz. Todo indica que habemus Juan Manuel II para rato, por lo menos para el próximo cuatrienio.

/ Asesor editorial

hsuarez2007@yahoo.es   * columna publicada en el Semanario Virtual Caja de Herramientas

Este es un espacio de opinión del portal ArcoIris.com.co destinado a columnistas y blogueros. Los puntos de vista y juicios aquí expresados pertenecen exclusivamente a sus autores y no reflejan ni comprometen institucionalmente a la Corporación Nuevo Arco Iris.

Imagen: cortesía ACIN, tejido de comunicación.

La petición de la población del Cauca alusiva a “no más conflicto” y “no más presencia de actores armados legales e ilegales dentro de los territorios”, que llevó a poner la mirada de todo el país sobre una zona tradicionalmente violenta, pareciera haberse olvidado con el inicio del proceso de paz; las acciones dentro del territorio caucano en el último año ascendieron a 310 aproximadamente, e incluso con la declaración de la tregua hecha por las FARC, Cauca fue uno de los departamentos más afectados dentro de las casi 42 acciones emprendidas por la guerrilla en todo el territorio nacional. Claro está, todo lo anterior sin contar la disputa territorial entre las Bandas Criminales que se ha desatado en parte del territorio, especialmente en el pacífico Caucano las cuales buscan el control de la producción y comercialización de cocaína y la minería ilegal, que en parte está regulada por la guerrilla del ELN.

Se  ha hablado mucho de los diálogos de paz en la Habana, de los temas de la mesa, las personalidades que en ella se sientan, y  el compromiso de las partes involucradas. Pero, no se ha dado lugar, por lo menos en los medios de comunicación nacional, a las percepciones que la población directamente afectada  tiene sobre el proceso.

Aunque se han hecho esfuerzos por incentivar la participación en el proceso de paz, como lo ocurrido con el Foro agrario desarrollado en diciembre del año inmediatamente anterior; pareciera que el conflicto armado solo fuera interés del gobierno nacional y  de la guerrilla, no se han escuchado las voces de los líderes de las víctimas del conflicto que se creería son los más interesados en la firma de la paz. Esta invisibilización y falta de ventanas para  la participación real de la comunidad dentro del proceso apunta a que el objetivo principal de las conversaciones no será el de mejorar las condiciones a los principales actores del conflicto: las víctimas.

Un reflejo claro de lo expuesto previamente es el departamento del Cauca, el cual ha vivido durante décadas el conflicto armado y en los últimos años se ha convertido en uno de los departamentos más afectados por la intensidad de la guerra, tanto así que a mediados del 2012 la población civil tuvo que luchar en contra de guerrilla y Fuerza Pública para que sus territorios y vidas fueran respetadas. Esta situación denotó la escalada del conflicto, no solo por los hostigamientos en Corinto, Jambaló, Miranda, Toribío y Argelia – municipio en el que también se realizó la quema de un helicóptero que tuvo que aterrizar de emergencia-; que precedieron la llegada de Juan Manuel Santos al consejo de ministros desarrollado en Toribío, si no por la jornada violenta que  paralelamente se vivió con los combates entre Ejército y FARC en Corinto, y  la extraña caída del supertucano que cubría operaciones militares en el municipio de Jambaló; todo esto rodeado de la tensa situación de riesgo que se dio durante la llegada de Juan Manuel Santos, al departamento.

La anterior fue una de las peores crisis sociales enfrentadas durante el transcurso del año pasado, antes de hacerse pública la incipiente iniciativa de paz entre el gobierno nacional y  las FARC –EP, lo realmente interesante es que el movimiento social en el Cauca, en especial lo proclamado por las comunidades indígenas, puso de relieve la necesidad de crear espacios de diálogo con los actores en conflicto que permitieran la definición de unos acuerdos mínimos que lograran la humanización de la guerra, unos pocos meses antes de hacerse público el proceso de paz.

La población civil del departamento del Cauca quiere saber si en las negociaciones de La Habana se está hablando de su territorio, el más vulnerado por la guerra. ¿Cuáles serán las garantías de reparación y no repetición que se merecen estas víctimas?

Por su parte, la Fuerza pública ha tratado de obtener el control del departamento con el aumento del pie de fuerza y la consolidación del Comando Conjunto de Suroccidente conformado por cerca de 5 mil hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; lo que  ha intensificado las acciones dentro del territorio, sin obtener mayores logros. La política de seguridad en el territorio caucano ha estado enfocada únicamente a combatir al Sexto Frente y la columna móvil Jacobo Arenas al norte del departamento y a los frentes 8 y 60 al sur del mismo.  omitiendo la existencia de otros actores armados que intensifican el conflicto que se vive la región, como el ELN y los grupos neoparamilitares de ‘La Nueva Generación’ y ‘Los Rastrojos’, desconociendo los factores sociales del conflicto.

A parte de sufrir los costos de la guerra, la población del departamento del Cauca ha tenido que enfrentarse a la estigmatización que de ellos han hecho algunos sectores del país; con la intensificación del conflicto también aumentó la percepción, a todas luces errada, sobre la legitimidad y la fuerza de base social con la que cuenta la guerrilla dentro del territorio caucano; las constantes violaciones de DDHH por parte de Fuerza Pública hacia la población civil por esta misma razón ha sido desproporcionada.

Un elemento que destacan entidades y organizaciones sociales para toda la subregión tiene que ver con el alto índice de violencia sexual, exacerbada por el conflicto armado.  Se puede establecer que existe una relación directa entre el incremento de la militarización y al aumento en los índices de violencia sexual. Es bien sabido que dentro de las filas de la guerrilla, las mujeres han cumplido un rol dentro de las tareas domésticas y  sumisión sexual; y que los grupos armados ilegales han utilizado la violencia sexual como mecanismo de control social; pero, no se han visibilizado los casos en los que la Fuerza Pública se asocia con el abuso sexual de menores, incluso al punto de que los soldados se ubican en las esquinas de los centros educativos y “se rifan” las niñas de los grados 7º, 8º y 9º.

Todo lo anterior, resalta el padecimiento de la población que ha sido olvidada en el proceso de paz. Además, el accionar de la guerrilla al finalizar  la tregua, el 20 de enero, que ha sido absolutamente destructivo en la región, atacando  municipios del norte del departamento como Caldono, Suarez,  Morales, Caloto, Toribio entre otros y los secuestros – el de los dos policías al sur del departamento del Valle del Cauca y  los ingenieros secuestrados en el Cauca- demuestra en gran medida la capacidad y el control que tiene las FARC dentro del territorio, a pesar de que se ha dicho que la guerra se pueda ganar por la vía militar, está comprobado que al sur occidente del país, especialmente en la costa Pacífica y  en el departamento del Cauca la guerrilla se ha fortalecido en la última década. Y, aunque el anuncio y disposición para liberar a los dos Policías secuestrados en enero, demuestra que quieren ser coherentes con la declaración realizada el año pasado en la cual se advierte su  intensión de no secuestrar, deja mucho que pensar el hecho: 1. Es posible que sea una forma en la que algunas estructuras pongan resistencia al proceso de paz, 2. Un error en la comunicación, como sucedió con el frente 36 al inicio de la tregua y 3. En lo local lo discutido en la Habana no tiene repercusión alguna.

Por todo lo anterior surge la necesidad de evaluar  el proceso de paz en pro de la población civil, de garantías de reparación y  no repetición que se merecen las víctimas del conflicto. Así como también trabajar sobre las diferencias regionales, como ocurre en Cauca,  donde la amplia organización social debería ser capitalizada para  garantizar el cumplimiento de los eventuales acuerdos de la Habana.

* Este artículo se desarrolló en el marco del proyecto “Recomendaciones para la Construcción de Paz desde un Enfoque de Derechos, en 9 Municipios de los Departamentos de Cauca, Nariño y Meta”, apoyado por USAID/Chemonics International. 

Imagen: cortesía Semana.com

Cuando se habla de conflicto armado en Nariño, parecería que se está hablando de una guerra sin fin, la intensidad del conflicto parece no mejorar. Incluso, con la tregua unilateral declarada por las FARC solo se vivió un pequeño respiro, ya que el incremento de los índices de violencia ha estado ligado a que este grupo guerrillero no es la única estructura ilegal que hace presencia en el departamento. Tal vez lo que más preocupa, en el contexto de conflicto dentro del departamento del Nariño,  es la guerra que se libra hoy entre Urabeños y Rastrojos por el control de la zona costera y de cordillera.

Los municipios de la cordillera como Policarpa, Cumbitara, Leiva y los municipios del pie de monte costero como Ricaurte y la Costa Pacifica como Tumaco son las zonas más afectadas por el conflicto armado y en ellas cada día se puede observar un aumento en el  número de  actores armados. Desapariciones forzadas, falso positivos, minas, bombardeos y hostigamientos parecen ser el común denominador en estas zonas del departamento de Nariño.

Se podría decir que hoy en día Nariño vive 4 confrontaciones de forma simultánea. Por un lado,  los enfrentamientos constantes entre las FARC y la Fuerza Pública azotan por lo menos 26 municipios del departamento. En segundo lugar, la fuerte guerra que se libra entre Rastrojos, Rocas del Sur y Urabeños, que afecta a la zona de la cordillera y del pacífico nariñense. En tercer lugar la disputa entre el ELN y la Fuerza Pública, que afecta la parte centro norte del departamento. Y por último, se vive una disputa descentralizada entre diferentes estructuras pertenecientes al narcotráfico y que anteriormente se agrupaban bajo la denominación de Águilas Negras.

Las FARC, luego de algunos retrocesos militares, han comenzado a retomar la zona de la cordillera, que incluye los municipios de Policarpa, Cumbitara, El Rosario y Leyva. Esta retoma se ha hecho a sangre y fuego en contra de los Rastrojos quienes dominaban la zona hasta hace unos meses. Inicialmente las FARC hicieron replegar a los Rastrojos de Leyva y El Rosario, y estos últimos se concentraron en Policarpa, y desde allí se desplegaban hacia la Costa Pacífica. Las FARC en 2011 habían logrado sacar a los Rastrojos de Argelia y Balbao en el Cauca,  allí más de 80 miembros de los Rastrojos cayeron a manos de las FARC.

Además, desde  septiembre de 2012 las FARC nuevamente comenzaron operaciones militares para retomar Policarpa, municipio del que habían salido en 2002 luego de la violenta incursión del Frente Libertadores del Sur de las AUC.  El hecho más reciente fue lo sucedido el pasado 31 de enero de 2013 cuando murieron 4 soldados en Policarpa, dos más resultaron heridos y uno fue retenido por esta guerrilla.

A la vez que esta situación sucedía en Nariño, en el Valle del Cauca comenzaba a gestarse una guerra interna en la base principal de los Rastrojos. Los rumores, a comienzos de 2012, decían de una entrega inminente de los hermanos Comba a la justicia norteamericana, situación que no le gustaba a Diego Rastrojo, el otro mando de esta agrupación criminal. Los Comba en su afán de mostrar voluntad de negociar, comenzaron a entregar una serie de testaferros, mandos medios y algunos cargamentos de cocaína, la gran beneficiada con estos positivos fue la Policía Colombiana. El resultado de esta disputa fue la división de Los Rastrojos en al menos tres grandes estructuras.

Por un lado, se creó el grupo Rocas del Sur que básicamente fueron enviados directamente por los Comba desde el Norte del Valle del Cauca hacia la zona de la Cordillera nariñense, el objetivo era evitar las divisiones. Los mandos de los Rastrojos tradicionales en esta zona de Nariño se desplazaron hacia la Costa Pacífica y otros tantos hacia Cumbitara, y sobre todo a Tumaco. A la vez algunos mandos tradicionales que no salieron para Tumaco crearon el Grupo Rondas Campesinas, que sería rápidamente absorbido por Rocas del Sur.

Toda esta disputa se desarrolló en el 2012, situación que fue aprovechada por las FARC para la retoma de posiciones en el norte del departamento. El grupo de Los rastrojos tradicionales que operaban en Policarpa y Cumbitara se hizo famoso en el departamento por las ejecuciones públicas de personas  como la de Diego Delgado, joven de 22 años asesinado el 18 de marzo de 2012. Igualmente casos de esclavitud sexual y trabajo forzoso hacia mujeres, al igual que violaciones se cometieron entre los años 2009 y 2012. Todos estos actos se ejecutaron sin que la Policía hiciera mucho. Por ejemplo el 11 de noviembre de 2012 fueron asesinados dos personas, quienes sufrieron el denominado “corte de franela”

Unos días antes de entregarse, para mediados del año 2012, los Hermanos Comba, decidieron vender la estructura armada de los Rastrojos o los denominados Rocas del Sur a los Urabeños, y una nueva guerra comenzó. Asesinatos selectivos y reclutamientos forzados comenzaron a presentarse. Los Urabeños llegaron al mando de Arbey, un narco medio de la región quien perteneció a las Rocas del Sur y luego tomó el nombre de Urabeños. Arbey en una emboscada logró capturar a alías JJ y alías 35, quienes fueron torturados y posteriormente asesinados, estos dos hombre eran los mandos de los Rastrojos en la zona.

Ahora los Urabeños avanzan hacia la Costa Pacífica y parecería que se van a tomar a Tumaco a sangre y fuego como se están tomando Buenaventura en el Valle del Cauca. En medio de esta disputa, las FARC no parecen tomar partido y esperan que esta guerra les deje un espacio suficientemente grande para retornar algunas zonas rurales de Tumaco, como ya lo están haciendo.

Tal vez en Nariño las FARC son el grupo armado ilegal más fuerte, allí operan con el frente 29 en la zona norte del departamento, al centró opera la Columna Mariscal Sucre, al sur en Tumaco opera la columna Daniel Aldana y al Sur oriente opera el frente 48, además en el departamento ejercen influencia los frente 60 y 8 al norte y 32 al oriente. No menos de 500 combatientes tiene las FARC en la zona.

En Nariño se parte que aunque la mesa de diálogo con las FARC en la Habana sea exitosa, las disputas territoriales por el control de las zonas estratégicas seguirá propiciando un amplio contexto de violencia; por lo que se deberá pensar en una concepción de paz mucho más amplia o una estrategia de seguridad definida en contra de los demás actores que delinquen en dicho territorio.

De  no hacer un proceso de resocialización importante con los combatientes de las FARC, estos rápidamente podrían ser absorbidos por las dinámicas ilegales en el departamento, además es posible que se viva un postconflicto violento en todo el sur occidente, y que una vez las FARC entreguen las armas, los demás grupos criminales comenzarán una guerra por el control de las zonas dejadas por las FARC. Lo cierto es que en el corto plazo parece que la situación no mejorará en el departamento.

* Este artículo se desarrolló en el marco del proyecto “Recomendaciones para la Construcción de Paz desde un Enfoque de Derechos, en 9 Municipios de los Departamentos de Cauca, Nariño y Meta”, apoyado por USAID/Chemonics International.