Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes, Juan Carlos Gossain y Álvaro Cruz.

Gobernaciones

Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar

Salió elegido gobernador de la Guajira. Estuvo detenido un año por tráfico de armas. Hoy tiene más de quince investigaciones en la Procuraduría por asuntos disciplinarios, ante presunta corrupción en sus dos períodos como alcalde de Barrancas.

Luis Miguel “El Mello” Cotes Habeych

Gobernador departamento del Magdalena. Arco Iris anunció en su momento el apoyo que ha tenido “El Mello” Cotes, por parte de Trino Luna, condenado por parapolítica. El pasado 5 de enero de 2013 la Fiscalía inició  investigación preliminar por una supuesta relación con alias “Jorge 40″, exjefe paramilitar extraditado. Hoy Cotes tiene cuatro investigaciones por parapolítica y actos de corrupción entre otros.

En marzo de 2012 fue destituido por presuntas irregularidades en su elección. Lo remplazó el viceministro del interior Juan Fernando Londoño. Pero un mes después Cotes, regresó a su cargo.

Juan Carlos Gossain

Gobernador de Bolívar. Hoy pesa en su contra una investigación por celebración indebida de contratos. También se le acusa de haber aprobado el presupuesto para cultura del año 2013, de 2700 millones de pesos, de manera arbitraria; dejando por fuera un ochenta por ciento de la agenda cultural del todos los municipios de Bolívar.

Álvaro Cruz Vargas

Ganó la gobernación de Cundinamarca con un extraño 67 por ciento de aprobación en el conteo total de los votos. Hoy tiene una investigación por tráfico de influencias. Cazó una pelea con el alcalde Gustavo Petro; mientras Petro intenta poner orden en Corabastos, Cruz Vargas responde con el posible cierre del vertedero de doña Juana.

Julio Cesar Guerra Tulena

Gobernador de Sucre. Pesan tres investigaciones. Recibió el apoyo de Antonio Guerra -salpicado por parapolítica-, Eduardo Merlano -Senador destituido- , Hector Alfonso López -hijo de Enilce López-, Teresita García -del clan García- y Antonio Correa.

Nelson Mariño

Es hoy el gobernador del Casanare. Tiene seis investigaciones, entre ellas por corrupción y enriquecimiento ilícito. Se le acusa de cooperar con la organización de Martín Llanos y de haber hecho urbanizaciones ilegales para conseguir votos. Apoyado por William Pérez, condenado por parapolítica.

Luis Gilberto Murillo Urrutia

Gobernador de Chocó. En julio de 2012 el Consejo de Estado lo suspendió  de manera provisional por supuesta inhabilidad tras peculado por asignación oficial diferente. Hoy tiene nueve investigaciones por desacato a tutelas.

José Facundo Castillo

Gobernador de Arauca. Tiene una investigación por abuso de autoridad. Tiene tres procesos disciplinarios por delitos contra el erario público cuando dirigió el hospital San Vicente del Aruaca.

Andrés Espinosa

Gobernador del Vichada. En su campaña electoral recibió financiación de los narcotraficantes Álvaro León y  Luis Carlos Álvarez. Su cuñado es alias “gochornea”, jefe de finanzas del frente 16 de las Farc. El nombre de Andrés espinosa ha sido relacionado con el comercio de pasta de coca entre el Vichada y el Meta.

Luis A. Carlos Delgado

Gobernador del Tolima. Tuvo el apoyo de Luis Humberto Gómez y Gonzalo Angarita, los dos condenados por parapolítica. Además, se le relaciona con Alberto Santofimio Botero.

Juan Carlos Granados Becerra

Gobernador de Boyacá, tiene presente una investigación por violación al ordenamiento jurídico.

Alejandro José Lyon

Es el gobernador de Córdoba, tiene una investigación por tráfico de influencias. Fue abogado del controvertido contratista  Emilio Tapia.

Víctor Isidro Ramírez

Como gobernador del Caquetá tiene dos investigaciones; una por lesiones personales y otra por encargó a un secretario del despacho sin autorización o permiso.

Luis Alberto Monsalvo Gnecco

Gobernador de Cesar, pesa una investigación por fraude en una resolución judicial.

Oscar Armando Rodríguez

Gobernador de Guainía tiene una investigación por falsedad en documento público.

Segundo Raúl Delgado Guerrero

Gobernador de Nariño. Tiene una investigación por irregularidades en la venta de acciones del terminal de transporte de Pasto.

Carlos Alberto Botero López

Gobernador de Risaralda. Tiene cuatro investigaciones por presunto nexos con paramilitares, prevaricato por acción y peculado.

Alcaldías

Campo Elías Terán

En octubre de 2012, por problemas de salud pidió licencia. Descanso que ha sido aplazado en un mes más. Sin embargo la contralora general, Sandra Morelli, pidió al presidente Juan Manuel Santos la suspensión de Terán; su secretaria de educación, Rosario Ricardo; y dos funcionarias más, por presunto detrimento patrimonial. Mientras tanto su puesto lo ocupa el alcalde encargado Carlos Otero.

Rosario Cecilia Ricardo Bray

Se lanzó a la gobernación de Bolívar, pero no quedó. Fue designada por el alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, como Secretaria de Educación. Pasaron  solo seis meses para que la contralora general de la República solicitara su suspensión inmediata del cargo por presuntas irregularidades encontradas en el contrato con la Chemical Products. Su caso aún está en veremos.

José Nadin Arabia

Elegido alcalde de Caucasia (Antioquia) con más de 11 mil votos, su mandato siempre ha estado en entre dicho. Su campaña fue acusada de haber sido financiada por José Piedrahíta, empresario reconocido por sus vínculos con alias ‘Cuco Vanoy’.

José Mesa De Los Rios

Alcalde de San Antonio de Palmitos. Ángel Miguel Berrocal Doria, alías ‘Gocha’, comandante desmovilizado de las autodefensas en Sincelejo, culpó a Meza de haber sido favorecido por su colaboración a los paramilitares de la región.

Carlos Arturo Cogollo

Alcalde de Tierra Alta (Cordoba). Extrañamente obtuvo la votación más alta respecto del promedio de las anteriores elecciones. Se le acusa de haber tenido una alianza de seguridad con la banda de los ‘Urabeños’.

Nelson de Jesús Pineda

Arco Iris reveló en su momento que contó con el apoyo de la familia Benito Rebollo, algunos de sus miembros vinculados con el paramilitarismo. A pesar de ello fue elegido como alcalde de San Onofre (Sucre) pero en diciembre de 2010 Pineda fue suspendido de su cargo por un proceso de responsabilidad fiscal por presuntas irregularidades en la ejecución de recursos propios del Sistema General de Regalías, que afectaron el patrimonio público.

Jaime Elías Montoya

Alcalde de Ituango (Antioquia). Su campaña quedó en entredicho al ser apoyada por los tres principales contratistas de la región.

Foto: Giovanni Moreno

Durante los comicios de octubre de 2011,  la ciudadanía eligió alcaldes, gobernadores, concejales y diputados. Estas autoridades electas se enfrentan a un reto crucial para el país: la implementación y aplicación eficiente de la ley de víctimas y restitución de (ley 1448 de 2011).

Las víctimas del conflicto están en todo el país, en las grandes ciudades y en las regiones en las que persiste la violencia y el confrontación armada. El Gobierno nacional debe seguir ejerciendo su liderazgo para que la ley sea una realidad. Pero esta no podrá ser exitosa si no se cuenta con la activa participación de las autoridades locales, entendiendo que las víctimas no son sólo un asunto nacional. Restablecer los derechos de las victimas exige una acción coordinada del Estado en su conjunto.

Por esta razón, una alianza de organizaciones conformada por Codhes, Fundación Social, Redepaz, Corporación Nuevo Arco Iris, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Española -AECID-, promovimos durante la campaña electoral la suscripción del Pacto por las Víctimas por parte de candidatas y candidatos a alcaldías y gobernaciones.

Como consecuencia, los gobernadores electos de Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Santander, Cesar y Nariño suscribieron el pacto. Igual lo hicieron varios alcaldes electos, incluyendo los de Bogotá, Medellín, Santa Marta, Pasto y la nueva alcaldesa de Quibdó.

La firma del pacto es el reflejo de disposición política de los nuevos mandatarios en la implementación de la ley. Pero la adopción de medidas en favor de las víctimas por estas autoridades locales es una obligación constitucional y legal, que vincula a todos los mandatarios electos. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional en el proceso de seguimiento a la sentencia T-025 sobre personas desplazadas, y también lo definió la ley de víctimas y restitución de tierras.

Esta alianza de organizaciones continuará trabajando para promover y apoyar adecuados procesos de coordinación entre la nación y el territorio, así como la capacitación y apoyo técnico a las entidades territoriales en aras de garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado en Colombia y avanzar en la construcción de un país más incluyente.

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De acuerdo a la ley de víctimas y restitución de tierras, los municipios y departamentos contarán con Comités Territoriales de Justicia Transicional, presididos por alcaldes y gobernadores. Estos Comités deberán expedir planes de acción en el marco de programas territoriales de atención a víctimas. Los planes de acción deberán incluir los Planes Integrales Únicos a población Desplazada (PIU) y ser incorporados en los planes municipales y departamentales de desarrollo, así como en el presupuesto territorial. Los municipios y departamentos tendrán que brindar directamente algunas medidas de atención a víctimas, de asistencia humanitaria, de reparación y de protección. Para cumplir adecuadamente estas funciones el Gobierno Nacional tiene también la obligación de dar un respaldo técnico, presupuestal y operativo, especialmente en los municipios más débiles.

Para más información consulte en votebien.com: La primera tarea de los elegidos: La ley de víctimas http://www.votebien.com/votebien/html/vbn1697-la-primera-tarea-de-los-elegidos-la-ley-de-victimas.htm