Foto: Felipe Ariza, Secretaría de prensa. Presidencia de la República.

Si se aprueba la ampliación del fuero ¿Habrá mayor impunidad?

Sí. Lo que pasa es que la competencia para conocer los delitos es de la justicia ordinaria y si ésta encuentra que el delito debe estar en otra competencia, pues lo remite. Sin embargo muchas veces por falta de tener acceso a la región o por condescendencia, la Fiscalía se abstiene de abrir investigaciones. Y se logra traer los casos a la justicia ordinaria cuando los familiares de las víctimas o los defensores de derechos humanos insisten en los procesos. Esta reforma lo que quiere, en últimas, es validar legalmente esta situación de facto.

¿Podría citar un caso?

Tengo un caso de dos muchachos que se fueron para un pueblo a conseguir trabajo, el Ejército los mató y los presentó como muertos en combate. El caso pasó a la penal militar y confirmó que hubo combate, dijo que eran delincuentes y que los muchachos dispararon ráfagas y que el Ejército respondió. Este caso lo llevamos al Sistema Interamericano. Luego un oficial del Ejército revisó el caso y él mismo tuvo que reconocer, al dar traslado a la justicia ordinaria, que no había habido enfrentamiento: habían encontrado una pistola que no podía disparar ráfagas; uno de los muertos tenía tatuaje de pólvora, o sea que le dispararon a quema ropa, la escena del crimen fue totalmente alterada y que nunca había existido esa famosa orden de misión y que era un homicidio. Es un caso de falso positivo. ¿Cuántos casos de falsos positivos tenemos en el país? Muchísimos. La Fiscalía habla de más de mil.

¿Son hechos aislados?

Traigamos a cuenta una caricatura de Osuna de los setenta cuando se practicó la tortura en el Cantón Norte de Bogotá. El Procurador de la época, González Charry, quien lucía un corbatín igual al presidente Turbay Ayala, decía que eran casos aislados, ovejas negras. Osuna sacó una caricatura que decía:“forme fila el batallón de ovejas negras”. Esto supera el hecho aislado. Aquí estamos frente a algo mucho más grave que puede configurarse en crimen de lesa humanidad.

Entonces cuando el gobierno dice que se necesita seguridad jurídica para los militares ¿de qué está hablando?

Es una muy buena pregunta. Cada vez que órganos con poderes de control o jurisdiccional ha ejercido justicia y se han descubierto crímenes, inmediatamente el grito al cielo de las Fuerzas Militares. Hace muchos años, a principios de los noventa, cuando la Procuraduría empezó a destituir militares por desaparición forzada, los militares y el Ministro de Defensa dijeron que se les estaba minando la moral. Ahora tenemos más de 12 generales vinculados a procesos muy graves como Vacca Perilla, Salcedo Lora, Maza Márquez, Iván Ramírez Quintero, Arias Cabrales, Rito Alejo del Rio, entre otros. No estamos hablando de que el general le robó una gallina a una campesina. Estamos hablando de masacres, como La Rochela. Entonces la reacción es muy violenta y muy fuerte.

¿Tiene sentido la reforma a la justicia militar?

Si realmente el Estado colombiano quisiera hacer una reforma legítima y genuina al Fuero Militar y quisiera fortalecer la seguridad jurídica de los militares tendría que hincarle el diente a ese tema. Que sea un verdadero juez quien lo juzgue, sea militar o civil. Pero esta no es la propuesta de la reforma. Lo que anuncia la reforma es que va a blindar legalmente la práctica de impunidad que ha habido hasta ahora.

¿Por dónde debe ir entonces el debate de la seguridad jurídica?

Nosotros si pedimos seguridad jurídica para los militares porque el nivel de abuso que se comete contra la tropa por parte de los oficiales es impresionante. Cómo es posible que por un delito de abandono de puesto, que se le impute a un soldadito sea su comandante quien lo juzgue. Tiene que ser un juez militar independiente e imparcial que no dependa salarial, funcional, disciplinaria y jerárquicamente del mando militar.

Pero tampoco sabemos que tantas condenas se producen en la justicia militar…

Es que el Tribunal Superior Militar nunca le ha rendido cuentas a la sociedad colombiana sobre cuántas sentencias y por qué hechos ha fallado. Recuerdo que hace 20 años cuando yo iba al Ministerio a sacar copias de esos casos, parecía que se tratara de documentos de seguridad y reserva del Estado. Ese carácter de opacidad y de falta de transparencia subsiste. ¿Qué hace la justicia militar para ser transparente ante la sociedad? El Almirante Cely trato de ser transparente con el caso del subteniente Muñoz, el violador de Tame, Arauca, pero fíjese el espíritu de cuerpo que se movilizó. Acaso no llegaron unos abogados de la Defensoría Militar, en un helicóptero militar haciéndose pasar por la Defensoría del Pueblo. ¿Cree que eso fue la influencia de un tenientico para mover un helicóptero militar y llegar a cometer un delito de usurpación de autoridad? Aquí hay muchas más complicidades.

¿Y qué piensa de una justicia especializada para la Policía?

Todos los policías deberían estar sometidos a la justicia ordinaria como en todos los países democráticos del mundo y que aplican un verdadero estado de derecho. ¿Cómo la Policía es a estas alturas una dependencia del Ministerio de Defensa? La Policía no debería estar sometida a un fuero penal militar o policial aparte. No tiene sentido ni jurídica ni políticamente.

 / Entrevista realizada por Reina Lucía Valencia

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