Foto: tomada de senado.gov.co
La lección más grande que dejó la aprobación de la reforma a la justicia, es que el escenario menos apropiado para reestructurar el poder judicial es el actual Congreso de la República. Son pocos los miembros de esta corporación que tienen la legitimidad que se requiere para dar un debate con la suficiente altura y sin que levanten la sospecha de que legislan en beneficio propio.
“Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno», dijo el presidente Juan Manuel Santos en su alocución el pasado jueves. Su saliente ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en cambio, había dicho cuando se dio a conocer el texto conciliado entre Senado y Cámara, que estaba satisfecho con los resultados, a pesar de que estos les daban una gran ventaja a los congresistas, terminaron blindándose de las acciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia. En cambio, al ciudadano de a pie no se le solucionó nada de lo que tiene ver con acceso fácil y rápido a los procesos, que era el motivo por el cual el país pedía a gritos la reforma.
El cambio en el sistema judicial es algo de lo que se viene hablando desde tiempo atrás. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el entonces ministro del Interior y de la Justicia Fabio Valencia Cossio, recibió un documento con 40 propuestas de reforma a la justicia elaborado por una comisión de expertos. Ésta, dirigida por el exmagistrado José Alejandro Bonivento, y compuesta por 13 expertos en la materia, contemplaba el aumento del periodo de los magistrados de las altas cortes, con el ánimo de restablecer el sistema de pesos y contrapesos rotos por la reelección presidencial. Contemplaba también el cambio en el sistema de elección del Fiscal General de la Nación y el incremento del respectivo período; juzgamiento de aforados y una modificación estructural en el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, las altas Cortes, Defensoría del Pueblo y órganos de control, de manera que en el futuro se pudieran evitar choques de trenes y la administración de la justicia fuera lo más eficaz y transparente posible.
Desafortunadamente los objetivos planteados en dicho documento quedaron en los buenos deseos de quienes lo elaboraron, porque como bien quedó demostrado en los últimos días, senadores y representantes que participaron en el debate, elaboraron una contrarreforma política que de manera solapada revivió la inmunidad parlamentaria.
El no escuchar las alertas que en su momento se dieron hizo que rodara la cabeza del ministro de Justicia saliente, Juan Carlos Esguerra; que se coloque en tela de juicio la gestión de Germán Vargas Lleras, quien durante su período como ministro del Interior y de la Justicia metió al país en esta discusión, sin atender las recomendaciones de quienes le pedían un compás de espera, porque no era el momento adecuado para llevar a cabo ese debate. Quedó en entredicho la carrera de congresistas que como el actual presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, se perfilaba como uno de los políticos más brillantes con los que cuenta el liberalismo, y que se equivocó no solo al reconocer que leyó por encima el texto de la conciliación, sino en la conformación de la propia comisión que llevaría a cabo esta tarea.
Las ventajas que se dieron los congresistas:
Si en estos momentos la justicia se rigiera con los parámetros que la reforma judicial aprobó, la Corte Suprema de Justicia no hubiese podido abordar judicialmente los casos de parapolítica y le hubiese sido imposible iniciar procesos como los de Agro Ingreso Seguro, las Chuzadas del Das, la feria de las notarías, la Dirección Nacional de Estupefacientes, el carrusel de la salud, el pomaricazo en el gobierno de Andrés Pastrana y el 8.000 en la administración de Ernesto Samper.
En el texto se propone la creación de un grupo de aforados que se encargará de investigar los casos por los cuales se denuncie políticamente al Presidente de la República, el Vicepresidente, magistrados de las altas cortes, el Procurador General de la Nación, Fiscal y Contralor. Es decir, asume las mismas funciones que en el momento tiene la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Actualmente los resultados de las investigaciones a la Cámara de Representantes se deben enviar a a la Corte Suprema de Justicia para que inicie la debida investigación penal, excepto cuando se trata del Presidente que es juzgado también por el legislativo.
La comisión de aforados no garantiza una mejor eficiencia en el legislativo, en el momento de juzgar disciplinariamente al ejecutivo y le da continuidad al régimen actual, mediante el cual el Congreso tiene control sobre las altas cortes, Procurador, Contralor y Defensor del Pueblo.
Si la reforma quedara en pie, sería literalmente imposible investigar a los congresistas vinculados al paramilitarismo o la guerrilla. Lo anterior porque dentro el texto conciliado dice que, cuando se presenten denuncias o quejas sobre alguna conducta de Senador o representante, el denunciante debe hacerla personalmente y con prueba en mano. Muchos de los procesos que ha iniciado la Corte Suprema de Justicia se basan en indicios presentados por fuentes confidenciales, como es lo lógico cuando se trata de mafias. Así mismo les daría automática libertad a quienes se encuentran capturados a la espera de un fallo judicial.
El debate sobre cómo resolver el entuerto de esta reforma apenas comienza. Santos dice que objeta la reforma y la devolverá al Congreso. Pero no se sabe si tiene las fórmulas jurídicas para hacerlo puesto que se trata de una reforma constitucional. Si logra devolverla, no hay garantía de que el texto mejore y saldría rodeada de desprestigio y suspicacias. Mientras tanto un grupo de ciudadanos cada vez más nutrido busca que se tumbe vía referendo. En conclusión, en este episodio perdieron todos: Corzo que ya no tenía prestigio para perder y Simón Gaviria que demostró que le falta talante de verdadero líder; el Presidente cuya indignación sorprende, pues hace pensar que nunca se enteró de lo que pasaba con una de sus más importantes iniciativas. Y el pueblo que otra vez, se quedó sin reforma y tiene que seguirse enfrentado a un sistema kafkiano e ineficiente.
/ Oscar Fernando Sevillano