Agencia Prensa Rural / Viernes 19 de julio de 2013  
 
El 17 de julio, el compañero Jesús Emel Bautista, miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio Buenos Aires, y habitante del casco urbano de Tibú que apoya la protesta campesina, fue detenido por las autoridades de manera arbitraria y llevado a las instalaciones de la Policía donde fue interrogado por cerca de 6 horas por 8 personas, 4 de ellos vestidos de civil, quienes le cuestionaron acerca del Vocero de la Protesta Cesar Jerez, le cuestionaron su presencia en Tibú, y lo señalaron abierta y constantemente de ser miembro de la guerrilla, estigmatizándolo por apoyar la protesta campesina.

Ayer, 18 de julio, se presentaron nuevamente confrontaciones entre miembros del ESMAD de la Policía (cerca de 100 uniformados del Escuadrón hacían presencia) y los campesinos catatumberos asentados en Tibú, aproximadamente entre las 9:00 a.m. y la 1:30 p.m., en la zona ubicada entre el sitio El Tablazo y el Corregimiento de Santa Rosa.

Los campesinos señalan que miembros del ESMAD lanzaron gases lacrimógenos contra varias de las casas del corregimiento, en algunas de las cuales se encontraban niños, aunque no se conocen casos de heridos o afectados dentro de las viviendas.

En los hechos de confrontación resultaron heridos 10 campesinos, uno de ellos de gravedad, por el uso de granadas aturdidoras recalzadas (es decir, que contienen y lanzan al activarse alambres de púas, pedazos de metal cortado, pedazos de tubos, entre otros elementos), y otras personas sufrieron asfixia e intoxicación por el uso de los gases lacrimógenos.

Uno de los heridos, resultó impactado con un balín en la cabeza y tenía además otras múltiples heridas en la cabeza, por lo que tuvieron que trasladarlo al Hospital de Tibú, hasta donde llegaron las autoridades y hasta el momento no se sabe si el compañero fue trasladado a las instalaciones de la Policía. Otros de los heridos que resultaron más afectados fueron: un compañero herido por una aturdidora en la mano derecha, a quien tuvieron que cogerle puntos y quedó con quemaduras de 2do y 3er grado, un herido por un gas, en la mejilla derecha a quien le cogieron 5 puntos, un herido por esquirla de aturdidora en la mejilla , quien tuvieron que sacarle un molar, un herido por bala de goma en la parte izquierda del torax, entre otros menos graves.

En este lapso de tiempo, uno de los compañeros miembro de un colectivo de comunicaciones fue herido en cuatro ocasiones por disparos hechos directamente hacia su persona con balas de goma, que le impactaron en el torax en costado derecho en dos ocasiones, una vez en la quijada y una vez, cuando le disparan de frente, en la nariz, lo que ocasionó hemorragia nasal. El compañero del Colectivo Brecha se encontraba escondido detrás de una mata de plátano y señala que los disparos han sido hechos directamente hacia él. También presenta una herida en la parte trasera del talón causada por el impacto de un gas lacrimogeno. El día 17 de julio, a otro comunicador, en esta ocasión, miembro de Telesur, le habían lanzado un gas lacrimógeno que pasó muy cerca de su cara, y se teme que los integrantes del ESMAD estén o continúen lanzando los artefactos directamente a los integrantes de la protesta o a las personas de derechos humanos y medios de comunicación que hacen presencia en Tibú.

En horas de la mañana, uno de los buses donde se transportaban algunas personas para acompañar el proceso fue atropellado por la parte de atrás con una de las 3 tanquetas que había en ese momento, y quienes viajaban en el bus señalan que en ese momento escucharon ráfagas y vieron que les habían disparado un objeto que no lograron identificar. Eran tres buses y uno de ellos fue retenido por un momento por la Policía.

Algunas personas también se movilizaban en motocicletas, las habían dejado guardadas en algunas casas y al parecer, algunas de estas motocicletas fueron llevadas por miembros del ESMAD. Esta información está por confirmar.

Después de terminados los enfrentamientos, a eso de las 2:00 p.m., una de las compañeras de la Agencia Prensa Rural, se encontraba haciendo un recorrido por el lugar donde se había presentado la confrontación, grabando testimonios de la policía, de los campesinos y como había quedado la zona, cuando fue retenida por cerca de 6 miembros de la Policía (Uno era Mayor de la institución) y del ESMAD, quienes la arrinconaron contra una de las 2 tanquetas que se encontraban en ese momento en el lugar, la golpearon, la intimidaron, le rompieron la cámara y se la retuvieron, al igual que el celular. La compañera al verse retenida comenzó a gritar pidiendo ayuda, ante lo cual la amenazaron y le taparon la boca. Despues de quitarle la cámara y el celular, le tomaron fotografías a ella, aunque ella trato de ocultar su rostro tras una cachucha. Cabe señalar que la cámara que la compañera portaba no era de su propiedad, sino de otra persona. Tras dejarla libre, los integrantes de la policía y el ESMAD se subieron a las tanquetas. Varios campesinos llegaron en ese momento, a ayudarla.

Cuando la compañera se estaba devolviendo, se encontró con colegas periodistas del diario La Opinión de Cúcuta, quienes conocen al Coronel de la Policía que esta comandando las operaciones, pero el coronel les dice que hablen directamente con el Mayor, para que les devuelvan los equipos. Se dirigen nuevamente a la zona donde se encontraba el ESMAD y la Policía, hablan con el mayor y casi dos horas después de esperar les devuelven la Cámara rota (Handycam) y el celular, ambos sin memoria, en las que se guardaba la información recolectada en los últimos días por ella y por el dueño de la misma. La Cámara tenía una tarjeta SD de 4gb y el celular una Micro SD de 2 gb.

Se teme que la policía modifique la información o la utilice para hacer montajes contra el dueño de las cámaras o las personas que aparecen en los videos, muchos de ellos miembros de ASCAMCAT.

Los hechos presentados el día de ayer vulneran la libertad de prensa en la región, atentando contra los medios de comunicación alternativos, preocupados por la lucha popular en todas las regiones del país, a quienes el Estado debe garantizar su ejercicio como comunicadores.