La noche del 9 de enero de 1999, aproximadamente 150 paramilitares del Bloque  Sur Putumayo, unidad adscrita al Bloque Central Bolívar—BCB— de las Autodefensas  Unidas de Colombia—AUC—, irrumpieron en la zona urbana de la Inspección de  Policía El Tigre, en el Bajo Putumayo (Valle del Guamuéz). Asesinatos y desaparición forzada de exclusivamente hombres; quema de casas, motocicletas y vehículos; maltratos físicos y verbales a mujeres, fueron acciones emprendidas por esta avanzada paramilitar.

La estigmatización como “pueblo guerrillero”, soportó este accionar violento, convirtiendo a sus pobladores en objetivos militares. La represión y violencia directa contra esta población no terminó con la masacre, sino que se intensificó durante el período 2001-2006, cuando este mismo Bloque paramilitar estableció en la mayoría de las zonas urbanas del Bajo Putumayo (Puerto Asís, Puerto Caicedo, Orito, La Hormiga, La Dorada) un control territorial permanente, ejerciendo un dominio social, económico y político en esta región. Así, la masacre y posterior ocupación paramilitar de la zona, generaron diversos daños y pérdidas que no sólo afectaron la economía de los habitantes del poblado, sino que modificaron sustancialmente la vida de campesinos, afrocolombianos e indígenas que habitan el sector.

El 9 de enero de 2011, se conmemoraron doce años de esta masacre. En homenaje a todos aquellos hombres que fueron asesinados y desaparecidos, la población de El Tigre, además de organizar un acto simbólico, recorrió algunos de los lugares que fueron marcados por el terror paramilitar y la destrucción humana de habitantes estigmatizados como “guerrilleros” “auxiliares de la guerrilla” y “cocaleros”. En estos lugares, se elevaron plegarias de fortaleza, y en un acto de dignificación pública, se pronunciaron—a viva voz— los nombres de cada uno de aquellos padres, hermanos, hijos, amigos, compadres, vecinos y conocidos que perdieron la vida la noche del 9 de enero de 1999. La conmemoración también fue para la población de El Tigre, una jornada para enfrentar un pasado doloroso que años atrás les impidió “hablar” de lo ocurrido y con ello, les impidió la posibilidad de denunciar, de exigir verdad, justicia y reparación.

Esta publicación representa otra forma de reconocimiento a las víctimas de esta región. No sólo a las que fueron asesinadas y desaparecidas en enero de 1999, sino al conjunto de la población civil que ha sido “objeto” de una sistemática violación a los derechos humanos tanto por grupos de guerrilleros (FARC-EP) y paramilitares (AUC), como por parte de la fuerza pública (Ejército y Policía). Ahora, la violación a los derechos humanos en Putumayo no está asociada solo a las acciones violentas de los actores armados (masacres, asesinatos, ejecución extrajudicial, desplazamientos, 11desaparición forzada, amenazas, reclutamiento), sino también a las lógicas de presencia del Estado en esta región del país, que ha priorizado el componente militar sobre la garantía de los derechos sociales, económicos y políticos de la población, desatendiendo por ejemplo, el acceso a la salud, la educación, el saneamiento básico o la generación de condiciones para el desarrollo regional. En el Bajo Putumayo, el Estado se ha limitado al cuidado de las inversiones petroleras, a la ejecución de acciones de control territorial y ha omitido su responsabilidad de proteger a la población civil.

Transmitir a las “nuevas” generaciones de la región del Putumayo y del país lo que pasó en la Inspección de El Tigre durante la noche del 9 de enero de 1999, reconocer la valentía de los pobladores de esta zona en la reconstrucción del pueblo, dignificar públicamente a las víctimas de esta masacre quitándoles el estigma de “guerrilleros”, y solicitar medidas de reparación y garantías de no repetición, representan algunos de los sentidos asignados por la población de El Tigre cuando se proponen ejercicios de reconstrucción de la memoria. Sentidos que el Estado debe incorporar en sus actuales políticas de atención y reparación a víctimas en Putumayo.

No es posible restablecer la vida de las personas asesinadas y desaparecidas, o remediar el dolor de sus familiares y sobrevivientes ante las pérdidas humanas, culturales y espirituales. Sin embargo, se debe y se puede restituir públicamente su nombre y dignidad, reconociendo formalmente lo arbitrario, atroz e injusto de los hechos acontecidos, a fin de contribuir a las garantías de no repetición y de crear mecanismos que permitan la reconstrucción del tejido social. Estas son acciones que la población de la Inspección de El Tigre reclama a la fecha y que le compete al Estado y a la sociedad civil tramitarlas.

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