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“Las malas noticias que se producen en el mercado laboral suelen ser acogidas con salvas triunfales en Wallstreet. El motivo es bastante sencillo: si bajan los costes laborales, suben las ganancias”. Ulrich Beck.

En esta fecha se conmemoran 131 años, desde que el Primero de Mayo de 1886 miles de trabajadores de la ciudad de Chicago en EE UU se volcaron a la calle a exigir el cumplimiento de los tres ochos: 8 horas de trabajo, 8 de estudio y 8 de descanso. Dicha protesta desencadenó en una revuelta que dejó como resultado a 8 de los manifestantes enjuiciados de manera arbitraria y a cuatro de ellos condenados a la pena de muerte. A estos trabajadores que se sacrificaron por mejorar las condiciones laborales de la época se les conoce como los “Mártires de Chicago” y es por eso que se les recuerda cada año como un gesto de reconocimiento por su lucha y es el motivo por el que millones de trabajadores de todo el mundo se unen en un solo grito de protesta por la manera en que fueron maltratados, simplemente por reclamar condiciones de trabajo dignas.

Al rememorar los hechos que dieron lugar a la conmemoración del Primero de Mayo, quisiéramos hacer un balance de lo que ha pasado en Colombia en materia laboral desde 1990 hasta la fecha. Comenzamos resaltando que a pesar de lo positivo de haber elevado a rango constitucional e internacionalizar los derechos al trabajo, a la asociación sindical y a la seguridad social, desde el punto de vista jurídico, se han realizado cuatro grandes reformas laborales en los últimos 27 años, que impactan negativamente sobre las garantías y derechos de los trabajadores colombianos. Veamos.

Encontramos primero la ley 50 de 1990, que básicamente derogó conquistas históricas de los trabajadores como la estabilidad laboral, la retroactividad de las cesantías, la afectación del concepto de unidad de empresa durante diez años y la creación de las condiciones para el crecimiento de los empleos temporales y la destrucción masiva de empleos en el sector público. En segundo lugar tenemos la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios sobre seguridad social que, entre otros asuntos, privatizó el servicio de salud convirtiéndolo en un negocio con ánimo de lucro. El tercer esperpento normativo es la ley 789 de 2002 que extendió la jornada diurna hasta las 10 de la noche y redujo el recargo de dominicales y festivos. Finalmente, cabe mencionar la ley 797 de 2003 que aumentó el número de semanas de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez.

En materia de libertad sindical, los derechos de asociación y negociación colectiva han sufrido gran afectación con la implementación de los contratos sindicales, el auge de los pactos colectivos y en el caso del derecho de huelga, su ejercicio ha estado bastante limitado por las normas que la regulan.

Políticamente podemos afirmar que, aunque todas estas contra-reformas se han realizado bajo las promesas de apoyar el empleo y ampliar la protección social, lo cierto es que la situación de los trabajadores en Colombia ha empeorado en los últimos veintisiete años. Un estudio realizado por la Facultad de Ciencias económicas, Centro de Investigaciones para el Desarrollo, de la Universidad Nacional, publicado en marzo de 2007, concluye que “el empleo está cayendo frente al crecimiento de la economía”; que “no existe una tendencia sostenida que muestre un aumento del empleo formal y una baja del empleo informal”; que entre 2003 y 2005 aumentaron el subempleo y la insuficiencia de ingresos; que no se produjo ningún cambio positivo en el mercado laboral; que el gobierno manipula las cifras para mostrar un crecimiento de la ocupación, y que los grandes perdedores fueron los obreros, quienes, además, debieron responder con sus ínfimos ingresos por las supuestas políticas de protección al desempleo, pues los medios para ello provinieron de los llamados aportes parafiscales, que son recursos de los propios trabajadores, mientras que las obligaciones a cargo del gobierno, como los subsidios al empleo y al desempleo, nunca aparecieron.

Desde una perspectiva económica y de acuerdo con las dinámicas del mercado laboral colombiano, es cierto que durante este periodo se ha generado mayor empleo en algunos sectores económicos -por ejemplo el sector comercio, hoteles y restaurantes y en el sector de servicios comunales, sociales y personales-, sin embargo, la calidad de estos empleos es bastante cuestionable por la precariedad de las condiciones laborales que ofrece (Ver ¿Cuáles sectores generan más empleo en el país?)  debido a fenómenos como la flexibilidad , la tercerización, la desregulación y la segmentación laboral en el marco del modelo neoliberal. Estas estrategias están operando dentro y fuera de los marcos regulatorios y afectan de manera significativa la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo; provocando, además, profundos cambios en las relaciones de producción que demandan actualmente trabajadores más competitivos, es decir, que adquieran las destrezas necesarias para participar del mundo del trabajo actual en el que prima el individuo aislado, egoísta y “emprendedor”, que sean capaces de generar su propio empleo y se libere de esta manera a los empresarios de las “cargas” que tradicionalmente han soportado, como las salariales, prestacionales, parafiscales y de la seguridad social.

Como si fuera poco, hoy se presiona desde los fondos privados una reforma pensional, cuyo principal propósito es marchitar el sistema de prima media con prestación definida y fortalecer los fondos privados. Según Asofondos, el sistema de pensiones colombiano no es sostenible. De acuerdo con su presidente Santiago Montenegro “hoy en día hay un ‘hueco’ de $38 billones que representa cerca del 4% del PIB y se come una tercera parte de los recursos que le llegan al gobierno por concepto de impuestos”. Adicionalmente, afirma que la masa de nuevos pensionados que se sumarán en los próximos años llegarán a 1,5 millones hasta 2021 y a 3,5 millones en 2027. Agrega Montenegro que a estos problemas se suma el de la informalidad y otros problemas demográficos, que según él, hacen el sistema insostenible. (Ver ‘El sistema de pensiones colombiano no es sostenible’)

Concluye Asofondos en su reciente congreso de abril 20 de 2017 que la única forma de superar estos problemas es llevando a cabo una reforma pensional, acompañada de una reforma laboral que unifique el esquema de los Fondo de Garantía de Pensión Mínima y el Fondo de Solidaridad Pensional y realice ajustes en el salario y en la productividad de los trabajadores, lo cual parece indicar que el costo social de las  reformas que se proponen lo tienen que asumir los trabajadores, como ha sido la tradición histórica en nuestro país.

Finalmente, conviene señalar un caso que resulta paradigmático de lo que viene sucediendo en Colombia en materia laboral con sectores históricamente excluidos y discriminados en este ámbito. Mientras que la Corte Constitucional mediante sentencia de tutela T-480 de 2016 ordena pagar la pensión a 116 madres comunitarias, el gobierno nacional en cabeza del Presidente de la República Juan Manuel Santos, objeta el proyecto de ley** que pretende la vinculación laboral de este gremio a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el argumento de que no hay presupuesto, lo que condujo a que la Corte Constitucional tumbara el fallo con una nulidad parcial de su decisión inicial y bajo el argumento de que no existió el contrato realidad y que las madres comunitarias solo podrán cobrar subsidios pensionales por ley en lugar de salarios y prestaciones sociales. Otra medida regresiva que desconoce derechos fundamentales de trabajadoras en Colombia, donde prima la racionalidad económica sobre la social dándole mayor prevalencia al principio de sostenibilidad económica que a los principios del derecho laboral previstos en el artículo 53 de la carta política.

¿Qué es lo que vamos a conmemorar este primero de mayo?

** Este proyecto de ley corresponde a la iniciativa parlamentaria 127 de 2015 (Senado) y 277 de 2016, (Cámara), de autoría de los  senadores López Maya, Óscar Ospina, Angélica Lozano, entre otros.

Por:

María Roció Bedoya Bedoya
Profesora de Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia

Sergio Andrés Giraldo Galeano
Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia