Entre la paz y la perfidia

Foto: Archivo Particular- Contagio Radio

La lección más importante de los acuerdos de paz de los años 90, entre el Gobierno nacional y las guerrillas revolucionarias de entonces, fue que la oligarquía colombiana tiene una visión contrainsurgente de la negociación, es decir, quiere desmovilizar la oposición armada sin transformaciones a las estructuras de la desigualdad y la exclusión.

Entre 1990 y 1994 cinco organizaciones insurgentes con cerca de seis mil combatientes firmamos los acuerdos de paz con la expectativa de un contrato social más amplio que la vetusta Constitución de 1886 centralista, confesional y autoritaria.

Ciertamente la Constitución de 1991 se constituye en un avance institucional de gran trascendencia en cuanto parte de reconocer a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, consagrar una amplia carta de derechos individuales y sociales, establecer una democracia participativa y un Estado social de derecho con instituciones más garantistas de la dignidad humana y de la participación ciudadana. Es decir, se trataba de una profunda reforma política que, sin embargo, dejó vacíos como la necesaria democratización de los partidos políticos, el Estatuto de la oposición o el nuevo reordenamiento territorial.

Más aún, la Constitución de 1991 se expidió al mismo tiempo que el Gobierno de Gaviria mediante la llamada “apertura económica” conducía al país al neoliberalismo sacrificando la industria y la agricultura nacionales ante el libre comercio, favoreciendo los capitales especulativos con la financiarización de la economía y privatizando la provisión de los servicios públicos que pasaron de ser derechos ciudadanos y obligación de un Estado solidario, a bienes de mercado para la especulación financiera y el enriquecimiento privado. La “modernización” del país bajo estos parámetros neoliberales significó para las grandes mayorías sociales la precarización del trabajo, la profundización de la pobreza y la desigualdad.

Al mismo tiempo que bajo la presión norteamericana y con su ayuda el Gobierno combatía los carteles narcotraficantes de Medellín y Cali, los cultivos de uso ilícito se extendían por amplios territorios y los dineros mafiosos ingresaban a la economía como desde los años 80 y corrompían las instituciones políticas.

Pero esa paz parcelada no garantizó la reconciliación entre los colombianos. No solo porque las FARC y el ELN no entraron en los acuerdos de comienzos de los 90 sino porque en la agenda oculta del establecimiento estaban las alianzas con la mafia narcotraficante y el recurso al paramilitarismo para mantener a flote la economía y garantizar el control del poder político. Por ello la guerra se agudizó a mediados de los 90 e iniciamos el siglo XXI con la mascarada de la negociación del Caguán y con el Plan Colombia mediante el cual la estrategia militar y política del Estado colombiano, es decir, las de la guerra y la negociación frente al conflicto armado interno, quedaba determinada por los intereses norteamericanos y su visión narcotizada de nuestra realidad.

Durante la primera década del siglo XXI la guerra escaló a niveles de gran y extendida confrontación militar por el control de territorios entre el Estado y la insurgencia, pero al mismo tiempo la estrategia del establecimiento se complementó con la expansión paramilitar que, a sangre y fuego, desplazó millones de campesinos de su tierra y produjo el despojo de más de cinco millones de hectáreas, una nueva ola de contrarreforma agraria como la ocurrida durante La Violencia de los años 50, en beneficio de los dueños del poder y promotores de la guerra. La grave crisis humanitaria de masacres, asesinatos, desaparición forzada, desplazamiento y refugio, golpeó a la población civil, pero al mismo tiempo produjo, como resistencia, un amplio movimiento social y de las víctimas por los derechos humanos, el derecho humanitario y la paz.

El acuerdo de paz de La Habana por ello, recoge la expectativa de terminar definitivamente con una guerra interna de medio siglo y apela a la reconciliación de los colombianos para emprender la construcción de un verdadero Estado social de derecho y una democracia moderna y participativa.

A un año largo de su firma es evidente que, como decíamos al principio, las FARC han cumplido con su compromiso de la dejación de las armas, entregadas públicamente a la ONU, y transformarse en partido político para participar en el debate democrático. Con ello han reconocido la legitimidad del Estado colombiano que combatieron durante más de 50 años y a la vigencia de la Constitución de 1991. Igualmente se han sometido a la Justicia Especial para la Paz –JEP- que el Acuerdo creó dentro del concepto de Justicia Transicional aplicada a la resolución del conflictos armados internos en el mundo.

No puede decirse lo mismo del Estado representado en cabeza del Gobierno Santos y las demás instituciones. El fracaso de la reincorporación de los excombatientes por la ineficiencia y la paquidermia gubernamental, y el escándalo de corrupción con los dineros de la cooperación internacional para la paz, son comparables con la incapacidad gubernamental para copar con sus instituciones sociales y armadas los territorios que antes controlaban las FARC, lo que ha permitido la expansión de los grupos criminales vinculados al narcotráfico y a las rentas ilegales de la minería, el contrabando y la extorsión.

En la implementación de los Acuerdos el papel del Congreso y de los partidos políticos allí representados reflejan la composición de la clase política opuesta al proceso de paz que llevó al triunfo del NO en el plebiscito y que, aún con las reformas negociadas con ellos y aceptadas por la Mesa de La Habana, desarrollaron un permanente bloqueo. No sólo sabotearon la Reforma Política y la posibilidad de la representación política de las víctimas mediante las curules transitorias, sino que han impedido la implementación de la Reforma Rural Integral que es la nuez social del Acuerdo en cuanto implica la repartición de 3 millones de hectáreas de tierra a campesinos pobres, la formalización de 7 millones de hectáreas para la pequeña y la mediana propiedad rural, la actualización del catastro rural, y los planes de infraestructura, salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza. Además de aplicar en el trámite de los proyectos la tradicional corrupción clientelar de la clase política colombiana.

Qué decir del activo papel jugado por los órganos de la justicia colombiana. La Corte Constitucional despedazó el procedimiento legislativo especial de la JEP excluyendo de su juzgamiento a los terceros civiles y entregó la implementación normativa al Congreso. Y la Fiscalía General de la Nación ha ejercido una oposición permanente, primero saboteando la puesta en marcha de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Punto 5.1.1.1.11 del Acuerdo) al confrontar su misión extrajudicial y humanitaria con las funciones del proceso penal ordinario, segundo desarrollando una estrategia permanente de deslegitimación del cumplimiento de las FARC con el Acuerdo mediante bien publicitadas “revelaciones” sobre bienes ocultos, testaferrato y, por supuesto, narcotráfico de sus dirigentes.

Es aquí donde esta estrategia de la Fiscalía coincide con los intereses del Gobierno Trump y los procedimientos de las agencias de intervención norteamericana. Es el caso del cada vez más evidente montaje de la DEA contra Jesús Santrich por “conspiración” para exportar cocaína a Estados Unidos, y del anuncio del Departamento de Estado (mayo 3), un año y medio después de la firma del Acuerdo de Paz, de que el Gobierno de EEUU mantiene la búsqueda y recompensa contra Rodrigo Londoño (Timochenko) y Luciano Marín (Iván Márquez) por exportar coca a territorio norteamericano. Es clara la instrumentalización para sus intereses por parte del imperio, tanto de la guerra como de la paz.

Este panorama de sabotaje contra el Acuerdo de Paz le da la razón al antiguo jefe negociador por parte del Gobierno Santos.

Humberto De La Calle cuando advierte de una conspiración contra el Acuerdo de Paz, la llama perfidia (“traición, deslealtad, engaño, falsedad, quebrantamiento de la buena fe”) y convoca a la defensa del Acuerdo como un asunto de Seguridad Nacional.

“La paz es obra de la justicia” dice la encíclica Gaudium et Spes, y la paz negociada está regulada por el Derecho Internacional. Por eso no caben las interpretaciones de desconocimiento de los Acuerdos firmados por un Estado democrático, ni de entender la paz como la simple terminación del conflicto armado sin remover las causas que lo originaron: la injusta distribución de la tierra y la cerrazón de un sistema político oligárquico.

Es imperativo que la sociedad civil democrática y las organizaciones sociales y políticas se movilicen en defensa de la paz consagrada por la Constitución de 1991, como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento” (art.22), frente a la ofensiva de los intereses nacionales e internacionales que se lucran con la guerra.

Fernando Hernández Valencia
Mayo de 2018

1 comentario

  1. Fernando Acosta Riveros

    Un fraternal saludo de paz y bendiciones al compatriota Fernando Hernández Valencia, director de Corporación Nuevo Arco Iris y a todas sus colaboradoras y a los integrantes de la corporación que promueve los Derechos Humanos y apoya con entusiasmo las tareas para conseguir de Colombia un país donde se instalen la Paz y la Justicia Social. Desde México, donde vivimos muchos y muchas colombianas, algunos desde hace décadas, nuestro deseo es que la población se entere con precisión sobre los Acuerdos de Paz para que valore como lo hace de una manera extraordinaria en el presente artículo, el Dr. Fernando Hernández Valencia. Promover la Paz y la Justicia Social deberá ser una Tarea Permanente de las mayorías. Atentamente, Fernando Acosta Riveros

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