La política internacional de Duque muestra los limites del seguimiento incondicional a los EE.UU. y a su estrategia regional sobre América Latina.

Por Fernando Hernández Valencia, Director Ejecutivo Corporación Nuevo Arco Iris.

La estrategia de Uribe para las elecciones presidenciales de 2018 consistió en presentar como candidato del Centro Democrático un joven senador sin trayectoria administrativa, pero dispuesto a asumir su papel de figura política “sin historia” en un país donde la política está asociada, para amplios sectores de la población, a la inmensa corrupción. En medio de la división de los sectores afines al proceso de paz, ciegos ante la coyuntura por personalismos, intereses de grupo y carencia de visión global, el uribismo regresó al poder apoyado en una campaña de fake news, estimulando el odio y los temores de diferentes sectores sociales y manipulando la pobreza de cultura política de la mayoría de la población como lo hiciera con el plebiscito por la paz de octubre de 2017.
Carente además de proyecto político propio, al Presidente Duque le tocó asumir como programa de gobierno la agenda política de Uribe, la agenda económica de los gremios y la agenda internacional de Washington.
La nueva presidencia de Uribe en cuerpo ajeno, o el “gobierno bicéfalo” que llamaba un comentarista recientemente (Guillermo Perry), se presenta moderada en las formas pero con un fondo profundamente conservador y reaccionario. No sólo frente al Acuerdo de Paz con las Farc, del cual intentó desmontar, sin lograrlo del todo, la esencia de la Justicia Transicional encarnada en la JEP y definitivamente enterró la Reforma rural integral con su Fondo de Tierras, la promoción del acceso a la tierra de pequeños campesinos y la Formación y actualización del catastro e impuesto predial rural, sino que impulsa el retorno a un modelo de sociedad tradicional, confesional y autoritario, donde se cancelan las negociaciones con el ELN para superar definitivamente el conflicto armado interno porque éste no existe sino una agresión terrorista contra la sociedad y el Estado, el pluralismo es sospechoso para el poder y se utilizan los mecanismos y recursos del Estado para el control social y para imponer un pensamiento único, el del Gobierno de turno.
Ese giro antiliberal se complementa con el talante neoliberal del modelo económico basado en los grandes beneficios a las compañías transnacionales, los estímulos y privilegios tributarios a las grandes empresas nacionales, la privatización de los bienes públicos como se planea nuevamente con Ecopetrol, las garantías al capital financiero internacional al que le entregamos cumplidamente más de la mitad de nuestros ingresos anuales en servicio de la deuda pública y, del otro lado, la precarización de las masas de trabajadores sin empleo formal y de la clase media, y la profundización de la brecha rural entre los grandes propietarios de la agroindustria, ganaderos y terratenientes, y la pequeña economía campesina de microfundistas y proletarios.
Pero es en la agenda internacional donde el Gobierno Duque está jugando su gran baza al asumir acríticamente la política regional del Gobierno Trump y confundir los intereses nacionales de nuestro país con la estrategia de dominio neoimperial de Estados Unidos. Y es tener espíritu de lacayo enorgullecerse de estar jugando un liderazgo al servicio de los intereses de la gran potencia como lo han señalado algunos medios.
Lo que está en juego actualmente en América Latina es el proyecto neocolonizador de Estados Unidos sobre un Continente que durante las dos últimas décadas le apostó a estructurar sistemas de integración propios, independientes de la hegemonía norteamericana. Mientras la potencia imperial desataba las guerras de intervención en Irak y Afganistán, en nuestro Continente las propuestas del Partido de los Trabajadores de Brasil y del Movimiento Bolivariano de Venezuela eran elegidas democráticamente al gobierno de sus países para impulsar programas de alto contenido social, soberanía e integración. Lula y Chávez representaron entonces la alternativa progresista latinoamericana que en la primera década del siglo XXI se fortaleció con la presencia de gobiernos de talante democrático en Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay y Bolivia. Ello hizo posible que la región superara la herencia de las dictaduras del siglo pasado y consolidara su apuesta por la democracia, la defensa de los derechos humanos, la inclusión social y la vocación por la convivencia pacífica.
También hizo posible que se implementaran mecanismos de integración latinoamericana, tanto de carácter político como Unasur y Celac, y de complemento económico como Mercosur y Petrocaribe. Esta línea de integración y soberanía por supuesto chocaba con los intereses hegemónicos del imperio: En 2005 en la llamada Cumbre de las Américas de Mar del Plata los países latinoamericanos rechazaron la propuesta norteamericana de un área de libre comercio Alca y denunciaron la responsabilidad de la década neoliberal y del Consenso de Washington en el aumento de las desigualdades. Igualmente el intento de un manejo soberano de los recursos naturales como el petróleo en beneficio de la región (Petrocaribe) chocaba con los intereses de las transnacionales y con la estrategia norteamericana de control hegemónico de las fuentes energéticas mundiales.
Desde entonces el sistema imperial estadounidense preparó la contraofensiva y el proyecto de recolonización del Continente, y en el marco de la disputa geopolítica con Rusia y China desempolvó la vieja consigna de “América para los americanos” (del norte). Para ello ha utilizado los mecanismos económicos y políticos que hacen parte de su arsenal de dominación.
El monopolio de los mercados de comodities y el control sobre los precios de las materias primas y productos primarios que componen nuestra oferta comercial, la esclavitud de la deuda externa y el papel que para ello cumplen el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la hegemonía del dólar como moneda de cambio universal del mercado capitalista y la manipulación del mercado financiero en un sistema económico especulativo, todos ellos son herramientas de control y coerción mediante las cuales se mantiene y reproduce la estabilidad del modelo macroeconómico mundial al servicio de las grandes transnacionales y de los países centrales. La crisis de 2008 demostró su funcionalidad para “rescatar” de la quiebra a los grandes capitales internacionales y trasladar el costo del ajuste a los países de la periferia y a los pobres del mundo.
En el campo político los Estados Unidos han recurrido a su manual de golpes de Estado que vienen practicando desde hace más de un siglo en nuestro Continente. Para recordar sólo los últimos y más significativos, la fracasada invasión a Bahía de Cochinos en Cuba (1961), el golpe militar contra el Presidente Allende en Chile (1973), la agresión de los Contras armados por la CIA para sabotear la Revolución Sandinista en Nicaragua (1981-1990), la intervención de los marines en Panamá en 1989. Y más recientemente los golpes “blandos” con apariencia de procesos democráticos como en Honduras (2009), Paraguay (2012) y Brasil (2016). Con todos ellos y con los múltiples golpes de Estado ejecutados en el mundo ha enriquecido su caja de herramientas: el bloqueo económico, el sabotaje a la producción y comercialización interna por las oligarquías, el control de la Justicia y de las Fuerzas Armadas, el cerco político y diplomático, la manipulación mediática, la cooptación de conceptos como democracia, libertad, derechos humanos y, por supuesto, la intervención armada por motivos humanitarios.
Ese es el manual que el Gobierno Trump viene utilizado sistemáticamente contra el proyecto chavista y el Gobierno de Maduro en Venezuela. Detrás de toda la retórica democrática están los intereses por el control de sus ricos recursos naturales (petróleo, oro, hierro, coltán), la disputa geopolítica con Rusia y China por una zona de influencia que los Estados Unidos consideran su patio trasero, y el proyecto neocolonizador del imperio en alianza con los oligarquías criollas y la extrema derecha del Continente. Para ello han cooptado a la OEA y sobre todo a su Secretario General y creado el Grupo de Lima al tiempo que desmontan Unasur y Mercosur validos del giro a la derecha de los nuevos Gobiernos del subcontinente.
El Gobierno de Duque está sirviendo de peón de esa estrategia de Trump frente a Venezuela. Desde el principio de su mandato anunció el retiro de Colombia de Unasur, la creación de Prosur como mecanismo de integración de la mano de Estados Unidos y posa orgullosamente al lado del amo en la ofensiva contra el Gobierno Maduro en nombre de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Es un juego peligroso porque una guerra regional sólo favorece los intereses del imperio y en ella Colombia tiene mucho que perder .
E n ese alineamiento incondicional el Presidente Duque, en primer lugar, está violando la Constitución colombiana que en su artículo 2 sobre los Fines del Estado habla de “defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Y en el artículo 9 dice que “las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. La política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe”.
Evidentemente, con su actitud el Gobierno Duque está haciendo trizas el derecho internacional y colocando a nuestro país al servicio del unilateralismo de Estados Unidos y particularmente del Gobierno Trump en su empeño por destruir el sistema global basado en reglas y en el respeto por los Convenios internacionales. Pero una cosa es la política imperial de la superpotencia nuclear, y otra la prepotencia tragicómica de un pequeño país tercermundista que, de pronto, como en un cuento kafkiano, despierta transformado en el líder regional de un golpe de Estado contra un país soberano y declamando en boca de su Presidente que el sainete de agredir la frontera venezolana con la “ayuda humanitaria” de Usaid es semejante al derrumbe del muro de Berlín, símbolo de la caída del socialismo de Europa oriental y del fin de la guerra fría.
Definitivamente, para usar su propia consigna injerencista, el “cerco diplomático” en que se ha empeñado Duque contra el Gobierno de Venezuela, nuestro novel Presidente ha caído en el cerco geopolítico que significa ser el mejor aliado de Estados Unidos en la región según reconoció el Vicepresidente Pence, en el cerco político golpista que comparte con la extrema derecha del Continente (Brasil, Chile, Argentina), en el cerco ideológico de su propio partido Centro Democrático y, finalmente, en el cerco y acoso permanente de su mentor y guía Alvaro Uribe. De allí que el Presidente Duque parece haber encontrado la identidad de su Gobierno en el autoritarismo y la guerra.