Julio Arenas / Observatorio del conflicto CNAI
El pasado lunes 21 de noviembre se dio inicio a las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN, a través de la instalación de la mesa de diálogo en la ciudad de Caracas- Venezuela, en los preliminares de este acontecimiento hay dos hechos importantes para destacar. En primer lugar las declaraciones realizadas por el máximo comandante de esta agrupación guerrillera, ANTONIO GARCIA, a la Corporación Nuevo Arco Iris el pasado 13 de noviembre a través de una entrevista escrita realizada desde la clandestinidad, en la que este jefe insurgente hace una lectura del momento actual del pais, del gobierno Petro y de lo que espera en principio el ELN de las negociaciones de paz con el Estado colombiano.
El segundo hecho de interés es la conformación del equipo negociador del gobierno colombiano, el cual incluye algunas novedades en su conformación, como la designación del exmiembro del M19 Otty Patiño como jefe de la delegación del gobierno, la inclusión de José Félix Lafaurie presidente de FEDEGAN y uribista pura sangre en la mesa de negociación designada por el gobierno, la incorporación de Alberto Castilla, exsenador del Polo Democrático y muy cercano al Congreso de los Pueblos en el equipo de negociadores, además oriundo del Catatumbo y por otro lado la ausencia, sorpresiva para muchos, de un representante oficial de la iglesia Católica en las conversaciones de paz. Se especuló hasta última hora que monseñor Darío Monsalve cumpliría ese papel en representación de la iglesia, toda vez que ya cumplió un rol de facilitador en los diálogos de Quito realizados entre el gobierno Santos y el ELN en el año 2016, pero finalmente la alta jerarquía de la iglesia manifestó que no designara un representante en la mesa de diálogos:
“En una rueda de prensa la Conferencia Episcopal de Colombia aseguró que no tendrá representación como parte de la mesa de negociaciones en los diálogos de paz del Gobierno con la guerrilla del ELN. Monseñor Héctor Fabio Henao aseguró que solo acompañaran el proceso en clave pastoral, es decir, del lado de las comunidades”[1].
Esta toma de distancia del episcopado se puede entender como la decisión de avanzar con cautela en el acompañamiento a este nuevo esfuerzo de paz con la insurgencia Camilista, con base en lecciones aprendidas del papel jugado por la iglesia en los frustrados diálogos de paz realizados en el periodo de gobierno del presidente Juan Manuel Santos o para que la institución eclesiástica pueda interactuar con mayor neutralidad y autoridad en los territorios en donde las comunidades y los distintos actores armados reclaman la mediación de la iglesia en la construcción de pactos de no agresión y acuerdos humanitarios, de acuerdo al enfoque de paz territorial concebida por el gobierno nacional para desescalar la violencia multidimensional que continúa golpeando las áreas rurales del país.
Las líneas verdes y rojas del ELN previas al inicio de los diálogos
El equipo de investigación del observatorio del conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris -CNAI-, logró entrevistar a Antonio García, comandante en jefe de esta insurgencia, quien hizo importantes anuncios sobre las posturas políticas que esta organización armada va a defender en la mesa de negociación desde el primer ciclo de diálogos, iniciados el 20 y 21 de este mes en la ciudad de Caracas. Este ejercicio de consulta se realizó en el marco de la investigación “Nuevas dinámicas de violencia y una salida negociada- 2022”, como un aporte a la construcción de diagnósticos para fortalecer la política pública de “Paz Total” implementada por el gobierno nacional.
En lo relativo a la entrevista realizada al comandante Antonio García, llama la atención su posición tajante sobre temas álgidos como el cese al fuego bilateral entre estado y ELN, así como frente a los ceses multilaterales con los otros actores armados. Aquí es menester advertir que para el gobierno de Gustavo Petro es fundamental lograr avances en este tipo de acciones de desescalamiento militar para consolidar la política de Paz Total, estrategia bandera de la administración Petro -Márquez, la cual está contenida en la prórroga y reforma a la Ley 418 de 1997 (o ley 2272 de 2022).
Otro aspecto en el que sienta posición Antonio García es en lo relativo al Narcotráfico[2], en el que destaca los elementos más importantes que se deben resolver para enfrentar este problema y en el que hay puntos de coincidencia con expertos en el tema, así como en el enfoque que abordó sobre esta materia el Acuerdo de Paz de la Habana. El tercer aspecto a destacar es la posición de la insurgencia Elena sobre DDR[3], Justicia Transicional y Derecho Internacional Humanitario, asuntos en los que se distancia del modelo de justicia transicional adoptado en la negociación con las FARC-EP, pero acepta que el marco general para buscar un camino de justicia transicional entre las partes está en el Derecho Internacional Humanitario.
En lo relativo a la participación de la sociedad en la construcción de la Paz, el ELN advierte que “cualquier mecanismo de participación posible es el que se pacte en la mesa por ambas partes”[4], lo que significa que nos aprestamos a la construcción conjunta de mecanismos de participación de la sociedad en los diálogos del ELN y el Estado Colombiano, para ello el gobierno de Colombia y la Cooperación internacional deberán disponer de toda la voluntad política y la logística para darle cuerpo a esta conversación nacional en la construcción de la paz total ( o en palabras muy estimadas por los elenos, procesos de escucha a través de juntanzas populares en los que el pueblo tome decisiones) o espacios de participación al gusto y la medida de lo que el ELN quiere y el gobierno permita, toda vez que está dialogando con un gobierno de izquierda, al que sus bases sociales acompañaron en las urnas y que también ha lanzado una estrategia de participación de la población en todas su diversidades y territorialidades.
En este sentido el comandante del ELN anuncia que las partes deberán pactar un escenario de participación de la sociedad en las negociaciones de paz que se adelantaran entre las dos fuerzas, eso es claro y coherente. Ahora bien, ¿qué tipo de participación se va a realizar, la de los foros de paz similares a los realizados por las FARC en el desarrollo de cada uno de los puntos de la Agenda? ¿Los diálogos de paz en las regiones de paz con agendas territoriales aceptadas por el ELN y el gobierno y con la participación de la sociedad civil? ¿Cómo puede ser la propuesta que presente el gobierno Petro en el marco de la paz total? ¿La convención nacional que es la vieja propuesta del ELN para la participación de la sociedad en la solución del conflicto? ¿Una especie de constituyente de los pueblos, que inaugure una nueva era de poder popular desde abajo, recogiendo la consigna de una de las organizaciones de masas afines al movimiento ELENO como lo es el Congreso de los Pueblos?
Sobre cómo lee el ELN al nuevo gobierno del Pacto Histórico, su máximo comandante analiza que “en los primeros meses el gobierno de Petro intentará sacar adelante la plataforma de campaña (la agenda para la transición), las reformas que se propuso sacar adelante el gobierno a través del Congreso, pero de manera paralela trabaja acuerdos (pactos con el gremio ganadero) con los partidos del viejo mundo político que están más interesados que la vida del pueblo siga igual, como ha sido el caso de la negociación de tierras con Fedegan”[5].
Se refiere al anuncio hecho por el presidente y la ministra de agricultura de comprar hasta 3 millones de tierras productivas a FEDEGAN, para dar cumplimiento al punto 1 del Acuerdo de Paz de la Habana, allí el comandante del ELN lanza una crítica a los pactos que el gobierno firmó con sectores de la derecha dura como FEDEGAN, que en palabras de los Elenos se llama conciliación de clases. Esto es apenas natural en la retórica del jefe insurgente, le habla a la guerrillerada y a sus bases sociales.
Frente a la pregunta sobre ¿Cuáles componentes del programa y agenda del cambio presentada por el nuevo gobierno recoge la apuesta estratégica del ELN y cuáles otros elementos sería necesario incorporar? Antonio García responde que “cualquiera que se proponga una estrategia sabe que en cuatro años no es posible lograr objetivos o metas de ese carácter”[6].
Lo que dice el jefe del ELN es que el tiempo de la guerrilla es distinto al tiempo del gobierno por lo que las miradas son distintas, aquí el ELN deja claro que los objetivos políticos de la insurgencia superan las metas del progresismo de Petro y su paquete de reformas, pero lo que desconoce de ese concepto es que no plantea cuales son esos objetivos que el ELN y sectores de la sociedad tienen como meta y por qué son más radicales en la transformación del modelo capitalista y del régimen democrático burgués que existe en Colombia. Es decir, nos deja a oscuras en el preámbulo de las negociaciones sobre el contenido de las propuestas políticas que el ELN va a llevar a la mesa de Caracas.
Frente a la pregunta sobre cuál es la valoración que hace el ELN sobre la viabilidad que tiene la estrategia y programa de cambio del actual gobierno progresista y cuáles son los principales nudos críticos para su realización el comandante Antonio García responde que “este gobierno tiene una etapa de prueba que consiste en cumplir con los pliegos negociados por anteriores gobiernos que han sido incumplidos”[7].
Propósito en el que el gobierno nacional está empeñado completamente, como lo evidencia el anuncio del presidente Gustavo Petro de darle un vuelco a la protección y fomento de la economía campesina, venta de leche cruda, comercialización de perecederos, apertura de mataderos municipales[8], cumplir con lo pactado en las mingas, la mesa agraria étnica y campesina, la MANE, el acuerdo de paz de la Habana y la protesta social del año 2021, con énfasis en los jóvenes, mujeres, ambientalistas y diversidades, además el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, la renegociación de los TLC, institucionalidad para llevar a cabo la reforma rural integral y fortalecimiento de las organizaciones campesinas.
Ahora bien en lo que respecta a la pregunta sobre cuáles serían los puntos de partida propuestos por el ELN para el reinicio de los diálogos, la respuesta es que en este aspecto el ELN es consistente en darle continuidad a la agenda iniciada en el gobierno de Juan Manuel Santos, por supuesto ajustándola a las nuevas realidades que demanda una sociedad mucho más empoderada y un gobierno de izquierda mucho más receptivo a pactar un acuerdo de paz con esta insurgencia.
Un aspecto para destacar en este dialogo es que por primera vez el ELN toma posición respecto a cuál sería la alternativa que esa insurgencia considera correcta para darle solución al problema de las drogas y los cultivos ilícitos. En ese sentido Antonio García afirma que “el ELN esencialmente ha planteado lo siguiente: solo la legalización de las sustancias psicoactivas acabará con las ganancias extraordinarias del narcotráfico y su razón de ser, se necesita un pacto de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores de narcóticos; los narcodependientes son enfermos que deben atender los Estados y no deben ser perseguidos como delincuentes y los campesinos que trabajan en cultivos de uso ilícito deben tener planes alternativos de producción alimentaria o de materias primas industriales, financiados por los Estados, para que puedan resolver su subsistencia sin recurrir a los cultivos de uso ilícito[9]”.
Lo que quiere decir que el ELN comparte la postura regulatoria y legalizacionista de las drogas en Colombia, en la que convergen con sectores académicos, políticos de izquierda y expertos que han planteado esta problemática y también se encuentran en común con propuestas planteadas al interior del gobierno de Gustavo Petro y contenidas en la agenda de transición, entre las que se incluye la realización de una cumbre sobre drogas y narcotráfico, de países productores y consumidores.
Coincide además con la ministra Carolina Corcho de tratar el problema del consumo de sustancias sicoactivas como un asunto de salud pública, en lo que también comparte el diagnóstico emitido por el acuerdo de la Habana, en su punto cuatro (4), como también coincide con la propuesta de reconversión de las economías ilícitas relacionadas con las actividades agrícolas de un sector del campesinado, tesis que ha tomado como propia el gobierno de Gustavo Petro a fin de darle una salida sostenible y sustentable a la problemática de los cultivos de coca y que tiene un primer enunciado en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP.
Llama la atención que el ELN a través de su máximo líder tome postura sobre el problema de los cultivos ilícitos y del narcotráfico, este es un hecho importante porque indica que la voz de los frentes guerrilleros que operan en regiones cocaleras, así como las comunidades campesinas simpatizantes del ELN en zonas como el Catatumbo, Cauca, Nariño y Chocó, reclaman que esta problemática sea llevada a la agenda de negociación entre el ELN y el Estado colombiano, incluso que sea tramitado a nivel internacional por su naturaleza de crimen trasnacional. Este aspecto no es menor y quiere decir que al interior del ELN se está estudiando esta problemática para darle una respuesta política en medio de la negociación y bajo criterios y fundamentaciones que puedan ser sustentadas por sus voceros en la mesa de Caracas, así como de las comunidades que van a rodear estas negociaciones de paz desde los territorios rurales más afectados por la violencia y el narcotráfico.
Sin embargo, aquí es necesario separar dos temas:
-Por un lado, la postura política del ELN sobre el narcotráfico y la solución al problema de las drogas en su cadena de consumo, cultivo y comercialización en la que claramente se van contra el prohibicionismo internacional defendido e impuesto por los Estados Unidos como doctrina neocolonialista y contrainsurgente.
– Y por otro la posición de esta guerrilla respecto a no reconocer su participación en las rentas del narcotráfico como parte de su portafolio de economías de guerra.
Esta negación inicial es comprensible desde la racionalidad de la negociación, en la medida que solo el desenvolvimiento del laberinto punitivo al que se vea expuesta la dirección y los mandos medios del ELN en relacion con la supuesta participación directa en conductas criminales asociadas al narcotráfico por parte de algunos de sus frentes, comandantes, milicianos e incluso civiles simpatizantes de esta guerrilla, definirá más adelante y en el desarrollo de los diálogos de paz, si esta organización acepta responsabilidades aunque sea mínimas en la economía del narcotráfico en el eslabón de los campesinos cocaleros y raspachines de las zonas de conflicto más implicadas como el Tarra y en general todo el Catatumbo, el departamento de Nariño en especial la zona de Ricaurte, Magui, Payan y el Patía, así como en el Cauca el Cañón del Micay y la zona de Guapi y el Chocó en la zona del alto San Juan y el Alto Baudó.
Son dos líneas que no necesariamente marcharán juntas en las discusiones que se realicen en la mesa de negociación, incluso una puede avanzar mientras que la otra se puede estancar para ser desarrollada más adelante.
Finalmente, al líder insurgente se le preguntó si es posible que el ELN pacte ceses al fuego o treguas multilaterales con otras estructuras armadas, que actúan en sus territorios, llámense disidencias, autodefensas Gaitanistas u otros, frente a lo que respondió que “estas otras agrupaciones armadas son bandas paramilitares y bandas dedicadas al narcotráfico, en su mayoría son funcionales a las Fuerzas Militares y de Policía del gobierno colombiano, y por tanto parte de su diseño de guerra subsidiada, que el Estado adelanta en cuerpo ajeno. Estas bandas carecen de proyecto político, no tienen un mando responsable y no guían su comportamiento con base en una ética. Así las cosas, el Estado debe que responsabilizarse por ellos[10]”.
Esta posición categórica y radical del máximo vocero de esta organización armada, es sin lugar a dudas el aspecto que más preocupa de las declaraciones del primer comandante del ELN, su rechazo de plano a la posibilidad de pactar ceses al fuego multilaterales con otros actores armados disidencias de las FARC o Autodefensas Gaitanistas, que disputan el control de sus territorios, va en contra vía con los objetivos de la Oficina del Alto Comisionado de Paz y es problemática para poner a andar los dispositivos territoriales de pacificación incluidos en la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro en las regiones en donde el conflicto se vive con mayor intensidad, pues la estrategia de la paz total se basa en garantizar seguridad y confianza de las comunidades en los territorios que actualmente están siendo golpeados por las múltiples violencias que se están presentando en dichas áreas.
Muchos de estos patrones de violencia son consecuencia de la guerras que está librando el ELN con las AGC en el departamento del Chocó, o con las disidencias de las FARC en el departamento del Cauca, Nariño, Catatumbo y especialmente en Arauca en donde la guerra entre el ELN y las disidencias de Ivan Mordisco han impactado poblaciones de Colombia y Venezuela, causando un alto número de civiles asesinados en medio de la confrontación así como un gran numero de combatientes caídos en combates de cada lado.
Esta crisis humanitaria que ha generado la mayor alarma tanto de las autoridades nacionales como de los organismos internacionales de DD.HH, requiere con urgencia de la firma de pactos humanitarios promovidos por la Oficina del Alto Comisionado de Paz de la mano de las iglesias y las comunidades en los territorios que comprometan a los grupos armados al margen de la ley a respetar la vida y la seguridad de esos territorios y detener la violencia y los enfrentamientos entre estas estructuras y la agresión por parte de cada fuerza armada a las comunidades que sufren y padecen este conflicto, por lo que construir un mecanismo rápido para pactar ceses bilaterales y multilaterales es esencial para avanzar en la Paz Total Territorial.
Al gobierno le urge alcanzar esos acuerdos humanitarios lo más pronto posible, pero por su parte al ELN ese tipo de armisticios no le interesa e incluso afirma que esa dimensión no lo compromete y que toda la responsabilidad y decisión para detener estos enfrentamientos recae en cabeza del Estado. Es decir que mientras el gobierno a través de su OACP plantea que la paz se construye desde abajo y pactando acuerdos humanitarios entre el Estado y los actores armados y entre los actores armados entre si, el ELN invierte la ecuación y plantea que la responsabilidad de la contención de las acciones violentas de otros grupos como las disidencias y las AGC recae en el Estado, porque este tipo de estructuras son subsidiarias y funcionales al mismo.
En conclusión, un panorama gris se presenta en los primeros días de implementación de las iniciativas de la Paz Total, ante la actitud de los distintos grupos de continuar con la guerra entre ellos mientras se desarrollan diálogos por separado con el Estado colombiano. Esta situación debe ponerse desde el primer día de las conversaciones en la mesa de diálogos con ELN, porque de no darle una pronta salida a la problemática de violencia en los territorios puede dar al traste con toda la política de Paz Total del actual gobierno.
[1] Caracol radio, 18/11/2022 – 13:21 h COT
[2] Entrevista a Antonio García-ELN, para Corporación Nuevo Arco Iris, nov 13 de 2022, portal web CNAI.
[3] Desarme, Dejación y Reincorporación.
[4] Entrevista a Antonio García-ELN, para Corporación Nuevo Arco Iris, nov 13 de 2022, portal web CNAI.
[5] Ibid
[6] Ibid
[7] Entrevista a Antonio García-ELN, para Corporación Nuevo Arco Iris, nov 13 de 2022, portal web CNAI
[8]La pretensión del presidente Petro es reducir costos en la producción de carne con la reinstalación de plantas de sacrificio en los municipios, periódico el Colombiano, noviembre 16/ 2022
[9] Entrevista a Antonio García-ELN, para Corporación Nuevo Arco Iris, nov 13 de 2022, portal web CNAI
[10] Entrevista a Antonio García-ELN, para Corporación Nuevo Arco Iris, nov 13 de 2022, portal web CNAI