Por Christian Rodríguez
En los últimos meses, la ciudad de Cali se ha visto envuelta en un debate político centrado en la figura de su actual alcalde, Alejandro Eder. La revocatoria de su mandato ha cobrado fuerza como una respuesta de diversos grupos sociales que no ven reflejadas sus expectativas en la gestión del gobierno local. Esta búsqueda de la revocatoria, impulsada por sectores de la sociedad civil, pone de manifiesto una creciente preocupación sobre el rumbo que está tomando la ciudad en términos de seguridad, servicios públicos y la falta de cumplimiento de promesas electorales.
Desde el inicio del mandato de Eder, varios sectores de la población han expresado su descontento con la administración, acusando una falta de soluciones efectivas a problemas que aquejan a los caleños desde hace años. Uno de los principales reclamos es la creciente inseguridad en las calles de la ciudad, un problema que ha afectado a millas de ciudadanos y que ha sido un tema recurrente en las demandas de los grupos sociales. A pesar de las promesas de mejorar la seguridad, la percepción general es que la situación empeora día a día, con cifras alarmantes de homicidios y delitos comunes.
La gestión en temas de movilidad también ha sido un punto de discordia. La congestión vehicular, la falta de infraestructura adecuada y los constantes paros de transporte público han generado malestar en amplios sectores de la ciudadanía. Los habitantes de Cali se sienten cada vez más frustrados con la falta de soluciones concretas, lo que ha alimentado la percepción de que el alcalde no está haciendo lo suficiente para resolver los problemas cotidianos de los caleños.
Otro tema que ha intensificado la presión para la revocatoria es la gestión en torno a la pandemia y la recuperación económica de la ciudad. Mientras muchos sectores de la economía local aún luchan por superar los efectos de la crisis sanitaria, la sensación general es que las adoptadas por la administración no han sido medidas suficientes para dar un impulso real a la reactivación económica, especialmente para los más vulnerables.
Además, se han señalado prebendas otorgadas a la élite de la ciudad, como la reducción de impuestos al Club Campestre y al edificio Garcés, propiedad de la familia del alcalde. Estas acciones han generado críticas por favorecer a ciertos sectores en detrimento de la equidad tributaria.
Asimismo, la administración ha propuesto un empréstito de 3,5 billones de pesos sin una justificación clara sobre su destino, el cual fue aprobado por 17 concejales. Este endeudamiento podría comprometer las finanzas de la ciudad por más de treinta años, resultando en el aumento de impuestos para los ciudadanos.
La contratación de personal y empresas de otras ciudades, desplazando a caleños y empresas locales que históricamente han prestado servicios a la alcaldía, ha generado descontento. Muchos prestadores de servicios (PS) locales, con años de experiencia, han sido reemplazados sin explicación, afectando el empleo regional.
La revocatoria no es solo un rechazo a la figura del alcalde, sino un grito de protesta que refleja el malestar de amplias capas de la población que ven que la administración no ha logrado dar respuestas satisfactorias a las problemáticas más urgentes de Cali. La movilización social, las protestas y las manifestaciones son la prueba de que una parte importante de la ciudadanía está dispuesta a dar un paso más allá en su lucha por el bienestar de la ciudad.
Es fundamental que, más allá de la revocatoria, las autoridades tomen en cuenta el malestar social que ha llevado a esta situación. La política local debe volverse más receptiva a las demandas ciudadanas, especialmente en temas tan sensibles como la seguridad, la movilidad y la justicia social. Solo así Cali podrá avanzar hacia un futuro más equitativo y seguro para todos sus habitantes.