Por Consejo Directivo de la CNAI
El día de ayer 14 de marzo 2025, sobre las 2 de la tarde, tres (3) hombres armados ingresaron de forma ilegal y sin autorización a la sede nacional de la Corporación Nuevo Arco Iris en Bogotá intimidando al personal de apoyo que allí se encontraba.
Uno de los intrusos, que portaba una arma larga que sobresalía de su ropa, subió a la segunda planta e inspeccionó si en el lugar se encontraba algún directivo de nuestra organización, en actitud intimidante recorrió todas las oficinas por varios minutos, mientras otros dos (2) hombres vigilaban el exterior de la sede. Como quedo registro de las cámaras de seguridad, estos hombres merodearon la sede de la CNAI, esperando el momento oportuno para ingresar al inmueble.
Este hecho representa una grave amenaza a la integridad y a la vida de directivos e investigadores de nuestra organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, gestora y constructora de paz desde el año 1996. Durante estos veintinueve (29) años de existencia hemos sido víctimas de asesinatos, atentados, desplazamientos y amenazas continuas por parte de fuerzas oscuras enemigas de la paz y la convivencia de la sociedad colombiana.
Estos graves hechos determinaron que la Corporación Nuevo Arco Iris fuese declarada como organización sujeto de reparación colectiva por parte del Estado a través de la Unidad Nacional de Víctimas.
Reafirmamos ante la opinión pública que estas acciones violentas no nos amedrantarán en nuestro compromiso con la paz y en la identificación de los factores de violencia multicausal que azota al país.
Finalmente hacemos un llamado:
- Al gobierno nacional a brindarnos las garantías de seguridad que se requieran para el libre ejercicio de nuestra actividad política, social y de defensa de los DD.HH.
- A la Unidad Nacional de Protección UNP a tomar las medidas de protección individuales y colectivas que se requieran para proteger la vida de nuestros directivos e investigadores sociales.
- A la defensoría del pueblo a acompañar esta denuncia ante las instancias nacionales e internacionales.
- A la procuraduría General de la nación a vigilar que el Estado tome medidas inmediatas para proteger nuestros derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad de asociación y nuestra libertad de opinión.
- A la Fiscalía General de la nacional investigar y entregar resultados oportunos sobre este suceso criminal y de violencia política contra líderes y organizaciones sociales.