Por Walter Aldana / Foto: El País
De sobra el Cauca conoce mi postura como analista político sobre los aspectos que para mal o para bien afectan la vida de nuestros habitantes e implican afectaciones para el resto del país y América Latina, al contar con una vía intercontinental.
Por décadas las comunidades del Macizo y otras regiones tuvimos que hacer uso de esta herramienta, que no es nueva. Ya recordamos cómo en la década del 80 florecieron las luchas cívicas principalmente por acceso y tarifas de servicios públicos en ciudades intermedias y municipios con más de 50 mil habitantes; las comunidades se reunían alrededor de una necesidad, la convertían en solicitud ante el gobierno local, regional o nacional por medio de escritos, y ante la falta de respuesta la convertían en pliego, se constituían en comité cívico, continuaban su lucha con el paro cívico que concluía en un acuerdo o concertación en el que la institucionalidad se comprometía a aportar los recursos económicos para su solución.
Los anteriores gobiernos incumplieron con muchos de esos denominados “acuerdos de carretera”, se acumularon miles de millones de pesos prometidos; las comunidades viendo burlados sus intereses fueron asumiendo la participación política electoral como una vía posible de gestionar sus necesidades básicas insatisfechas, sin renunciar a la movilización social legítimamente reconocida en nuestra constitución; se adentraron en el reto de apoyar un gobierno del cambio, aún sabiendo que sería un ejercicio de transición, que en cuatro años no se corregiría el rumbo de la patria signada por la corrupción, la mentira y la politiquería.
Hoy sin desconocer la exigibilidad de derechos y su carácter irrenunciable, considero necesario se revalúe como herramienta de lucha el taponamiento de la vía panamericana, por considerar el alto nivel de afectación que produce a todos los sectores sociales caucanos, desde la pequeña industria y el comercio, hasta los moto taxistas y la población en general, por los abusos de precios de los transportadores, entre otros.
Lo anterior considerando que el actual es un gobierno que dialoga, no abusa de la fuerza policial y en su voluntad está cumplir lo que se compromete.
Y es innegable la justeza de las reivindicaciones, como vergonzoso el incumplimiento institucional que ha obligado a muchos pueblos a tomar el rumbo de la movilización, generándose dos efectos: la estigmatización, el racismo acentuado en un discurso despreciativo e incluso agresivo hacia las comunidades indígenas, así como un efecto permanente de inseguridad del tránsito vial sobre la Panamericana en el resto de la sociedad civil y el miedo a una acción de los armados o al bloqueo de la vía.
Hagamos un acuerdo humanitario en torno a la vía panamericana¡¡