Política minero-energética, recursos naturales y medio ambiente
El pasado 12 de Junio de 2014 el gobierno nacional y el ELN anuncian al país el desarrollo, desde el mes de enero de este año, de una serie de encuentros en una etapa exploratoria que defina las posibilidades de un acuerdo y una agenda de conversaciones para la solución política del conflicto armado.
El tema de víctimas y la participación de la sociedad civil, son dos de los puntos en los cuales se ha avanzado, sin que haya mucha claridad en qué consistiría cada uno y, sobre todo como seria la participación de la sociedad civil que es uno de los énfasis en los que la organización ha puesto mas empeño.
Desde la década de los noventa, el ELN ha reclamado la posibilidad de una Convención Nacionalcomo un mecanismo para definir una ruta para la solución política y, aunque convoca la participación de toda la sociedad no se sabe muy bien cuál sería el papel de la misma más allá de aportar a la configuración de una agenda que definitivamente tendría que negociarse con la insurgencia, porque no existe ninguna posibilidad de que sea la misma sociedad quien la negocie, ni la forma de hacerlo, en términos de poder llegar a acuerdos puntuales. A no ser que el ELN este pensando que una agenda agraria se negocie con los campesinos, la agenda energética y petrolera con los trabajadores de las compañías petroleras, el problema de la minería con los propios mineros, la de recursos naturales y medio ambiente con los ambientalistas, la educativa con los sindicatos de la educación y los estudiantes, la de derechos humanos, con los defensores… y, así sucesivamente, porque eso es exactamente lo que hace el gobierno con los respectivos sectores en conflicto y no es muy probable que estos sectores sometan sus agendas a las dinámicas de un proceso con la insurgencia, sin quedar a la sombra de la estigmatización y el señalamiento.
Ahora, lo que se trata de definir es cuál es la agenda que se debe negociar directamente con la organización en la cual se contemplen no reivindicaciones en específico, sino, en alguna medida, la política pública para sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico del país y el bienestar de la sociedad en el marco de un enfoque de equidad y justicia social y, de ejercicio de prácticas soberanas y democráticas.
Las FARC han venido señalando con insistencia la necesidad que tiene el proceso de paz que se adelanta de que el ELN encuentre su propio espacio, defina libremente su agenda aún sobre los temas que ya han sido tratados en La Habana y les de su propia interpretación. Nicolás Rodríguez Bautista, ha señalado que el ELN no tendría inconveniente en mirar los puntos acordados y pensar en la pertinencia de los mismos en la discusión de los problemas por tratar, pero que cualquiera que sean los acuerdos a los que se llegue sobre estos será de absoluta potestad de la organización darles su propio sello. Temas como el agrario, el de participación política, drogas ilícitas y víctimas, hacen sin la menor duda parte de las preocupaciones de esta organización y pueden encontrarse en la propuesta coincidencias y similitudes.
Sin embargo, en mi concepto, son el tema minero energético, los recursos naturales y el medio ambiente y, un enfoque territorial de las negociaciones, el alma de unos posibles acuerdos con el ELN.
Para el ELN la historia del petróleo y los demás recursos naturales de Colombia es la historia de la dependencia y el entreguismo de la oligarquía a los intereses extranjeros e imperialistas. Pero, igualmente, es la historia de las luchas nacionalistas libradas por los trabajadores petroleros y las comunidades en los territorios en que se desarrolla las actividades de exploración y explotación del petróleo que dieron origen a la creación de Empresa Colombiana del Petróleo (Ecopetrol) y, es igualmente la lucha para que los recursos provenientes del mismo se inviertan en el mejoramiento de las condiciones de vida en los territorios petroleros beneficiando a amplios sectores de la población.
El ELN ha propuesto desde 1984 la defensa de los Recursos naturales y la nacionalización del petróleo, colocando al centro de la discusión la política petrolera y minero energética.
De 1984 a 1990 el ELN diseña e implementa una estrategia de lucha armada unida a la defensa de los recursos naturales y petroleros sobre los siguientes parámetros y acciones: 1. Confrontación con las multinacionales del petróleo en particular con las que explotan el petróleo en Arauca y construyen el oleoducto Caño Limón – Coveñas; 2. Impulso de la Campaña “Despierta Colombia, nos están robando el petróleo”. Promueven el Primer Foro Energético e impulsan el paro del Nororiente Colombiano (Mayo de 1988); 3. En Agosto de 1988 generan el cierra temporal del Oleoducto Caño Limón – Coveñas e impulsan la Campaña Vida y Soberanía; 4. Proponen el análisis nacional del problema petrolero y la elaboración de una propuesta global en materia petrolera; 5Realizan el ataque a Coveñas; 6. Denuncian la política petrolera del gobierno de Virgilio Barco y de ECOPETROL, generan las condiciones para la creación de la Comisión Nacional de Petróleos (1989); 7. Se impulsa el Foro Nacional Petrolero, como un espacio del movimiento obrero en defensa de ese recurso; 8. Presentan la propuesta del ELN al IV Congreso Colombiano del Petróleo, entre otras acciones dirigidas a confrontar la política petrolera de los distintos gobiernos.
La propuesta que el ELN envía a ese IV Congreso Colombiano del Petróleo se plantea como eje de discusión la explotación racional del campo de Caño Limón; la fijación de un precio soberano del petróleo para comprar el crudo que le corresponde a la multinacionales en los contratos de asociación; no construcción del Oleoducto Colombia, por las implicaciones que tiene para el país en la explotación de este recurso estratégico; la ampliación del Complejo Industrial de Barrancabermeja. Se plantean que ECOPETROL debe refinar el crudo; no subsidiar la explotación de crudo pesado de Texas Petroleum Company y, la formulación de nuevos modelos de contrato para exploración y explotación.
En el marco de la lucha por la defensa de los recursos naturales y estratégicos de la nación el ELN va estructurando una propuesta en la cual se plantea para ese momento la nacionalización de la explotación de los recursos naturales, la revisión de los contratos de asociación, la reversión de la concesiones vigentes al Estado, el establecimiento de la reserva estratégica de hidrocarburos, el manejo soberano de metas y topes de explotación, de los precios en el mercado internacional de crudos, la fijación de un impuesto de un dólar por barril para el desarrollo de los municipios petroleros y, la conformación de un Consejo Nacional Petrolero que analice la problemática petrolera y proponga formulas que beneficie el interés nacional.
Adicional a esto propone un diálogo directo entre ECOPETROL-USO- INSURGENCIA con el propósito de discutir alternativas para el manejo soberano del recurso petrolero. Convocatoria a unForo Nacional Energético con la participación de los sectores petrolero, carbonero y eléctrico, que se plantee el desarrollo del sector energético como estratégico para estructurar una economía nacional soberana y fuerte que contribuya a la paz con justicia social. Discusión democrática y amplia del proyecto de Ley Marco Sobre Hidrocarburos que sirva de insumo para un acuerdo de paz entre el Estado, la Insurgencia y la Sociedad.
Para el ELN el diálogo empresas petroleras – Insurgencia – Comunidad debe estar dirigido a construir alternativas de desarrollo económico y social en los hábitats geográficos y humanos en las áreas de explotación.
La crítica central del ELN contra política petrolera se erige sobre la afirmación de que la legislación petrolera está diseñada para privatizar a ECOPETROL, terminar con la organización sindical de los trabajadores petroleros (USO) y garantizarle a las transnacionales la seguridad de sus inversiones y el logro de sus expectativas de ganancia, por encima de los intereses de la nación.
Estos planteamientos, seguramente adquieren una nueva enunciación en el actual periodo en torno a una revisión y ajuste de la política petrolera, el manejo estratégico de los recursos naturales y en particular de los recursos mineros y del agua y, la formulación de una muy cuidadosa política ambiental que establezca una clara relación entre los procesos de exploración y explotación de recursos y sus impactos ambientales en los ecosistemas que se intervienen.
La pelea central del ELN ha sido por un manejo más independiente y soberano de los recursos, un ajuste sustancial a la política de contratación y concepción y sobre todo a las regalías, participación decidida de los trabajadores del sector en la definición de la política y el mayor beneficio posible para las poblaciones y territorios en que se encuentra el recurso.
No ha habido una postura radical del ELN en relación a la NO presencia de las transnacionales del petróleo, sino a unas condiciones más favorables y equitativas para el país en relación con los beneficios de la explotación petrolera.
Minería y Licencias Ambientales
Para el ELN el debate de la política minero-energética hace parte sustancial de un acuerdo de solución política y considera que este tema debe ser ventilado de manera amplia y abierta con los sectores comprometidos en el desarrollo del mismo. Para la organización armada el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno del presidente Santos, mantiene y profundiza el modelo extractivista colocándolo como una de sus principales locomotoras en la que se incluye no solo las actividades petroleras, sino, además, todos los recursos mineros que puedan ser blanco del interés del capital trasnacional. Señala que para poder garantizar los intereses del capital extranjero, el Estado dispone de todo el aparato represivo para criminalizar y perseguir a la pequeña y mediana minería, que tilda de “ilegal”, mientras los medios masivos de información se encargan de ensalzar las bondades de los megaproyectos transnacionales.
El ELN señala el cambio del peso de la actividad extractivista en relación con otros sectores de la economía como la industria y agricultura, lo que representa en el PIB la explotación minero-energética. Manifiesta que esa vitalidad se ha apoyado en el despojo, el destierro, la devastación de la naturaleza, en una legislación ambiental que favorece los sectores empresariales y reprime y persigue a las comunidades de mineros artesanales, a los pequeños y medianos empresarios.
La organización ve como positivo que la Corte Constitucional haya declarado inconstitucional la reforma al Código de Minas (ley 1382 de 2010), por haberse realizado sin la Consulta Previa a las comunidades afrodescendientes e indígenas, considerando además, que las amenazas mineras sobre el medio ambiente son reales y preocupantes. El ELN estima que el desarrollo minero, propuesto e impulsado desde el gobierno de Uribe Vélez, se impone sobre zonas de preservación ambiental lo cual constituye una agresión contra los ecosistemas estratégicos, que abastecen de recursos de vida de la totalidad de la red eco-sistémica nacional. Tal es el caso, afirman, del otorgamiento de títulos en áreas de preservación ambiental, que, según los expertos, se extiende sobre el 45% de los humedales protegidos internacionalmente por la Convención Ramsar, y otro tanto sobre la mitad de las zonas de reserva forestal[1].
Igualmente indican que afortunadamente, la reforma al Código de Minas excluyó explícitamente algunas zonas estratégicamente ambientales de la acción de la minería, tales como las delimitadas en el sistema de parques nacionales naturales, los parques regionales, humedales Ramsar, las zonas de reserva forestal y los ecosistemas de páramo. Esta situación que mitigó la preocupación de muchas comunidades que dependen directamente de estos ecosistemas, así como al movimiento ambiental y personas conscientes de los impactos de la minería en los ecosistemas frágiles.
La preocupación del ELN gira en torno a la formulación de un código de minas que sea concertado con las comunidades, donde se valore la minería artesanal, la pequeña y mediana minería, se regule y controle la actividad de la gran minería, se definan con claridad los criterios de protección ambiental que debe tener la explotación minera para evitar el mayor impacto posible a los ecosistemas, porque en las apreciaciones de la organización, la minería transnacional continúa arremetiendo contra los ecosistemas, poniendo en peligro la vida y salud de millones de colombianos y colombianas favoreciendo los intereses de capitales transnacionales.
Para el ELN las reformas al código de minas no resuelven problemas sustanciales de la actividad minera relacionados con la protección del medio ambiente; las licencias ambientales que ya habían sido concedidas sobre áreas de explotación, seguirán siendo legales y los proyectos podrán llevarse a cabo. La reforma, señala la organización, deja intacto el hecho de no necesitarse licencia ambiental para la fase de exploración. Es decir, las actividades exploratorias, que incluyen la perforación del suelo, el movimiento de maquinaria, la contaminación de aguas, entre otros asuntos, no requieren un permiso ambiental para desarrollarse. La fase de exploración genera en sí misma presiones sobre los ecosistemas, además de ganancias en las bolsas de valores en donde las empresas privadas cotizan, pero que no se refleja en la inversión social ni en los presupuestos públicos.
Para el ELN pese a que la fase exploratoria no requiere licencia ambiental, sí se tienen que seguir las guías minero-ambientales que establece el Ministerio de Ambiente y señala que es por esa razón que se crearon las Agencias Nacionales de Minería y de Licencias Ambientales, que deberían controlar que se cumplan dichos parámetros. Consideran que estas agencias deberían entrar en un proceso de revisión, y garantizar el aumento de los estándares establecidos y la rigurosidad en su cumplimiento, para una mayor garantía de la protección ambiental de los territorios.
La organización critica la propuesta de reforma al Código de Minas, donde se establece que una exploración minera en zona de reserva forestal, debía ser aprobada por el Ministerio de Ambiente, pues juzga que hay una contradicción al definir que una zona de reserva puede ser intervenida si lo autoriza el Ministerio: si es de reserva, ¿por qué permitir una exploración y futura explotación? Esto es abrir la puerta a la devastación ambiental y hace parte de las ficciones de las políticas de protección ambiental de la clase gobernante. Es el mismo caso de la ley 2 de 1952 que establece las zonas de reserva forestal central pero que contempla la sustracción de parte de ella para proyectos mineros. Es decir, mientras se prohíben actividades económicas en estas zonas de reserva por parte de los campesinos colonos, contradictoriamente, al mismo tiempo, se permite la explotación de las mismas cuando se trata de minería para grandes empresas trasnacionales.
El ELN encuentra que no hay una decidida política de protección del medio ambiente cuando se trata de formular la legislación minera, y se dejan puertas abiertas para posibilitar la intervención económica en áreas de protección donde se afecta de manera contundente los ecosistemas. Desde el punto de vista jurídico, afirma la organización, se deja a la minería en un estado de incertidumbre, para favorecer al capital transnacional, pero esta situación es violatoria a los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, como, por ejemplo:
a. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera del 12 de agosto de 1999, la cual reitera que frente a derechos colectivos, como el derecho a un ambiente sano, no proceden los derechos adquiridos.
b. Sentencia C-293/02 de la Corte Constitucional que declaró exequible el principio de precaución consagrado en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 99 de 1993. Según ella, prevalece el derecho colectivo al ambiente sano, frente a derechos de carácter particular y concreto, como el derecho al trabajo, la libre empresa, la iniciativa privada y a los denominados derechos adquiridos.
c. Sentencia T-254 de 1993 de la Corte Constitucional que expresa que prevalece la protección del ambiente sobre el ejercicio de los derechos de contenido económico, los cuales deben sujetarse a los primeros.
d. Sentencia T-774 de 2004 de la Corte Constitucional, según la cual es inaceptable que las autoridades se abstengan de proteger las reservas forestales declaradas por la Resolución 76 de 1977.
La conclusión explícita de la organización a este respecto ratifica la importancia del tema minero energético, recursos naturales y medio ambiente como el eje central de la agenda en una mesa de conversaciones: el Ejército de Liberación Nacional (ELN) le plantea a la sociedad colombiana, a los ambientalistas, a los sindicatos minero-energéticos y al gobierno nacional un primer aspecto dentro de un necesario debate nacional sobre la agenda minero-energética de paz, poniendo al centro los intereses de las comunidades, los trabajadores y trabajadoras por sobre la voracidad del capital transnacional.
No creo que sea problema que el gobierno nacional revise conjuntamente con las comunidades implicadas la política minero energética y se hagan los ajustes en materia de conservación y protección ambiental de los ecosistemas, ni que se ajuste lo relacionado a una distribución más social y racional de las regalías para que sirvan de manera decidida a la generación de mejores condiciones de vida en los territorios. El problema central radica, en relación con la presencia de las transnacionales en el país, en hasta donde se puede llegar en materia de acuerdos en la modificación de las condiciones económicas de los contratos, de tal manera que la nación tenga unos mayores beneficios a los establecidos hasta ahora. Cualquiera que sean las posibilidades es bueno que se asuman con realismo y las partes encuentren en sus intercambios los componentes de un acuerdo en el cual sin lograrlo todo se sientan satisfechos, por lo que pueden llegar a significar en materia de beneficios para la nación y para las comunidades.
No sobra señalar que durante cuarenta de sus cincuenta años de existencia el ELN ha tenido como bandera la lucha por los recursos petroleros y minero energéticos del país, a los que les suma ahora los recursos naturales y el medio ambiente, es por esto que este tema es el alma de una negocian con esta organización.
Cualquiera que sea el camino que sigan las conversaciones entre el gobierno Nacional y el ELN, en la etapa exploratoria, deben abordar el tema de la política minero energética, recursos naturales y medio ambiente con la mayor objetividad y realismo. Una pretensión maximalista en esta materia de un lado o de otro puede convertir un tema de conversaciones en un desafortunado inamovible que sería tanto como cerrar la puerta a un proceso en el mediano tiempo.
Carlos Medina Gallego
Docente Investigador
Universidad Nacional de Colombia