El control de las armas de fuego es un tema que merece atención prioritaria en la agenda  de las autoridades de gobierno. Entre 60 y 80% de los homicidios registrados se cometen con armas de fuego. Más aún, localmente el uso de armas de fuego intensifica la violencia y genera sangrientas escaladas retaliadoras que, a su vez, afectan directamente la calidad de vida de las comunidades donde éstas tienen lugar.

De otra parte, no hay evidencia que la tenencia y porte legal de armas de fuego se traduzca en disminución de hurtos en la comunidad: por el contrario las armas de fuego en manos de particulares son objeto de atracción para los delincuentes, debido a la facilidad y valor monetario por el cual se puede vender un arma de fuego hurtada en el mercado ilícito.

Las razones anteriores son de buen recibo para la mayor parte de la opinión pública, particularmente aquella que cotidianamente vive inerme,  y ello usualmente asegura la popularidad de las medidas dirigidas a controlar las armas de fuego. Por desgracia, no hay evidencias que respalden la efectividad de las medidas generalmente propuestas para reducir la violencia con armas de fuego, por lo cual la cuestión suele perder visibilidad e interés en la agenda pública poco después de su despliegue inicial.

Es lo que puede suceder próximamente con la medida de restricción de porte de armas de fuego impulsada por el nuevo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Desde el discurso de su posesión el 1 de enero de 2012 exhortó a las autoridades nacionales a instaurar la medida, y en efecto, antes de cumplir su primer mes en el cargo, se restringió  el porte de armas de fuego durante las 24 horas del día en cualquier sitio público de la ciudad desde el 1 de febrero hasta el 1 de mayo de 2012 por medio de resolución de la XIII Brigada del Ejército Nacional. Al cabo del primer mes, la ciudad recibió con optimismo la reducción del homicidio en 22% en relación con la cifra correspondiente al mes de febrero de 2011, cuando se registraron 122  homicidios en contraste con 95 contabilizados para el mismo mes de 2012.

Al cabo del primer mes de restricción al porte de armas, Bogotá recibió con optimismo la reducción del homicidio en 22% en relación con la cifra correspondiente al mes de febrero de 2011.

Pero ¿cuál es la evidencia que esa reducción es directamente atribuible a la medida de restricción de porte de armas de fuego en la ciudad? Como lo señalan sus detractores, en países como Estados Unidos de América hay más de 200 millones de armas de fuego en manos del público y el número total de homicidios en ese país (cerca de 13.000 en 2010) es menor que en Colombia (más de 15.000 en 2010), donde se estima hay entre 4 y 6 millones de armas de fuego (legales e ilegales) en circulación. Es decir, desde el punto de vista empírico no hay manera de relacionar unívocamente la restricción del porte de armas de fuego con una disminución puntual de la violencia homicida.

Al término de los tres meses de vigencia de la medida de restricción, ¿tendrá la administración distrital  evidencias incontrovertibles sobre la eficacia de la medida? ¿Qué sucede si en marzo no se presenta una reducción del homicidio comparable a la de febrero? Y si se llegase a presentar un incremento en los homicidios en abril ¿habría que concluir que la restricción contribuyó a exacerbar la violencia en la ciudad?

El alcalde Petro no está sólo ante el dilema del control de armas de fuego. Durante los últimos cuatro años, el Congreso de la República a instancias del gobierno nacional ha incrementado sucesivamente las penas de privación de la libertad por el porte ilegal de armas de fuego en el territorio nacional. Inicialmente sancionada con una pena de tres años de prisión, con lo cual los condenados por esta conducta resultaban beneficiados con la excarcelación, actualmente se castiga con nueve a doce años de prisión. Sin embargo, al igual que sucede en otras partes del mundo, no hay evidencia que el agravamiento de la penas por porte ilícito de armas de fuego represente una medida disuasiva eficaz, particularmente en circunstancias donde hay facilidad de acceso a armas de fuego ilegales.

¿Debe concluirse entonces que el control de armas de fuego es un esfuerzo por completo inocuo? Todo lo contrario. Las armas de fuego son elementos letales cuyo control eficaz potencialmente puede contribuir a disminuir la violencia interpersonal. Lo que sucede es que las  medidas “efectistas” que pretenden abarcar su control de manera total, suelen diluir los esfuerzos de la policía y su aplicación con frecuencia alimenta la corrupción, como lo expresa reiteradamente el clamor ciudadano al constatar que parte de las armas de fuego ilegales incautadas no se decomisan sino que retornan al mercado ilícito con provecho económico ilícito para servidores públicos sin remordimiento.

La violencia con armas de fuego no se presenta de manera homogénea en el territorio; se concentra en focos bien identificados y delimitados por la policía. En esos focos también son individualizables los delincuentes principales responsables de la violencia con armas de fuego. La evidencia del éxito de estrategias de control de porte de armas de fuego focalizadas en estos individuos y su incapacitación por medio de la judicialización y encierro penitenciario es consistente en todo el mundo. Naturalmente requiere el refuerzo del pie de fuerza policial en aquellos sectores donde la tasa de delitos cometidos con armas de fuego por unidad policial se encuentra por encima de la media territorial, con lo cual el control efectivo se hace viable al igual que la capacidad de judicializar a los individuos responsables de la mayoría de esos delitos. Por lo demás, se trata de una estrategia cuyos resultados son fácilmente observables y controlables con lo cual se reducen las oportunidades de corrupción policial.

Como ya se señaló, el control de las armas de fuego merece un lugar prioritario en la agenda de los gobernantes, pero las medidas para hacerlo deben responder a diseños inteligentes,  controlables y persistentes. De lo contrario se corre el riesgo de “quemar” las medidas de control, como sucede con frecuencia cuando en política  se juega con fuego de manera irreflexiva.

/ Bernardo Pérez Salazar

* Asesor en asuntos de seguridad urbana de entidades públicas y organismos internacionales.  Colabora con numerosas universidades y centros de investigación en Colombia y América Latina. Sus principales áreas de interés incluyen temas de desarrollo urbano-regional, y cuestiones relacionadas con la gobernanza urbana.
Es comunicador social de la Universidad del Valle y realizó una maestría en Planificación del Desarrollo Regional en el Instituto de Estudios Sociales en los Países Bajos.