Foto: archivo revista Arcanos

Hoy los presos de las Farc no probarán bocado. Desde el fin de semana anunciaron una huelga de hambre para presionar al gobierno para que autorice la visita de Piedad Córdoba y un grupo internacional de mujeres que actuarán como observadoras de la situación de los 9.500 detenidos de ese grupo insurgente.

La visita había sido autorizada por el gobierno hace tres semanas cuando las Farc dijeron que abandonarían el secuestro como práctica y pondrían en libertad a los militares que mantienen en cautiverio. Pero poco después el ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra se retractó porque, según dijo, la visita no tenía carácter humanitario sino que hacía parte de una campaña por la solución política del conflicto. El ministro dejó en manos del Presidente Santos la decisión de aprobar o desaprobar la visita, lo que hasta ahora no ha ocurrido.

En su último comunicado, publicado el viernes pasado, el secretariado de las Farc acepta los protocolos de seguridad para las liberaciones, pero agrega de “solo hace falta que el Presidente Juan Manuel Santos autorice la visita humanitaria” a las cárceles. La frase es ambigua y por eso no es de extrañar que algunos, incluido Santos, la entendieran como un condicionamiento o como una estrategia dilatoria.

Con una huelga de hambre los prisioneros de la insurgencia hacen presión para que se autorice la visita del grupo de mujeres que lidera Piedad Córdoba. Más que reivindicaciones humanitarias lo que hay detrás es el interés del grupo guerrillero de mostrarse como fuerza política y beligerante hacia la Cumbre de  las Américas.

Pero el asunto es más complejo. Cuando las Farc anunciaron las liberaciones y el fin del secuestro estaba dando por cerrado un capítulo que habían mantenido abierto contra viento y marea: el del intercambio humanitario.  Si nos atenemos a las cifras de las propias Farc, y del Ministerio de Defensa que exhibe las capturas como grandes éxitos militares, los presos de esa organización, sumados a los del ELN y EPL, son 9.500, es decir, un poco más que los guerrilleros que hay afuera, que según cálculos oficiales apenas superan los 8.000.  Sin intercambio humanitario y de cara a un eventual diálogo, los presos se vuelven muy importantes como masa crítica para una eventual negociación, y como el principio de realidad para enfrentar el mayor obstáculo que tendrá una negociación en el futuro: el marco jurídico.

Los presos también son un instrumento para buscar el estatus de beligerancia que tanto anhela el secretariado. Los presos son una prueba de que las Farc tienen mando unificado e ideario político y da la sensación de simetría entre las partes. Esta reivindicación puede sonar baladí, pero en el imaginario fariano es muy importante. Lo segundo es que ante un eventual diálogo, Colombia se puede aproximar a un escenario como el de ETA, en el que hay más dirigentes tras las rejas que en la calle y por eso éstos se convirtieron en España en uno de los principales puntos de discusión entre las partes.

Abordar el tema carcelario y de los prisioneros es complejo por cuatro razones:

Las cárceles han vivido un pulso entre gobierno y guerrilla. Las Farc aspiraban a que con el intercambio humanitario sus prisioneros, especialmente aquellos que son considerados “cuadros”,  salieran rápido a engrosar sus filas. Después de la Operación Jaque el intercambio quedó enterrado y muchos empezaron a ver como única alternativa para reducir sus penas o mejorar sus condiciones carcelarias los programas de desmovilización promovidos por inteligencia militar. El grupo “Manos por la Paz”, liderado por el controvertido Olivo Saldaña y por la holandesa Luduine Zumpolle, logró generar una crisis en muchos patios donde los internos terminaron enfrentados; y en consecuencia el secretariado presionó fuertemente a quienes tenían en mente acogerse a dichos programas. Pero no tenía ninguna solución para ofrecerles. Al final del día, “Manos por la Paz” terminó desprestigiada por la falsa desmovilización del falso frente Cacica La Gaitana y ha perdido crédito en las prisiones. Las Farc recuperó el mando en muchas de estas cárceles donde otrora lo estaba perdiendo.

En las cárceles no cayó bien el anunció de liberar a los secuestrados unilateralmente. Los debates internos fueron intensos y llevaron al Secretariado de las Farc a subirle el perfil al tema. Primero puso en la agenda el caso de Simón Trinidad y Sonia, quienes purgan largas condenas en Estados Unidos; y luego con la idea de esta comisión de verificación sobre la situación de derechos humanos en las cárceles. El comunicado publicado el viernes pasado apacigua los ánimos de los propios farianos. En ese mismo espíritu se puede entender que el 25 de enero pasado Iván Márquez, al mismo tiempo que comunicaba los nombres de los militares que serían liberados, denunciaba la muerte en la cárcel de La Dorada Caldas, de Franklin Morales, guerrillero de las FARC del Bloque Iván Río de las FARC o antiguo José María Córdoba.

Ni las Farc ni el gobierno han dicho todo sobre las  consecuencias de estas liberaciones. Cada vez es más evidente que en el tema del secuestro los dos principales jefes de las Farc, Timochenko e Iván Márquez, tienen matices y buscan ritmos diferentes. Pero una vez producidas las liberaciones, el balón queda en la cancha del gobierno quien deberá decir si este era el gesto que esperaba para sacar del bolsillo las llaves de la paz.  Así como Santos se está moviendo con proyectos de Ley y contactos discretos en el terreno internacional, para preparar el terreno ante un eventual diálogo, los sectores más afines a la insurgencia también se están moviendo. Sólo diez días después de la Cumbre de las Américas está convocada la Marcha Patriótica, una movilización hacia Bogotá de sectores campesinos, de estudiantes y populares que puede resultar una sorpresa en cuanto a su magnitud.

Tanto las Farc como el gobierno están jugando con el tiempo. Para las Farc nada mejor que las liberaciones coincidan con la Cumbre de las Américas que se celebrará en Cartagena en la segunda semana de abril, pues tiene la tribuna perfecta para poner al continente entero a hablar de la necesidad de una salida política al conflicto colombiano. El gobierno, en cambio quiere que éstas se den lo antes posible, y que la guerrilla no se le cuele en la agenda de la Cumbre con el “show mediático”.

La encrucijada para Santos es que las cárceles se le pueden volver otro “show” en vísperas de su muy bien preparada reunión de presidentes.  Si para la fecha de la Cumbre no hay liberaciones y en cambio las cárceles están alborotadas, el gobierno puede pasar de ser visto como la víctima de los secuestros de las Farc, a ser el malo de la película, con unas cárceles llenas de presos políticos en rebeldía y en condiciones no verificables en materia de derechos humanos.