¿Para que sirve tener la llave de la paz?

Se avanza hacia una nueva negociación con las FARC, y el Presidente Santos tiene la llave de la paz en su bolsillo. Esto es verdad en cierta medida, puesto que, siguiendo la lógica, si el Presidente tiene la llave, las FARC (en este caso) tienen la cerradura; es más, la de las FARC  es solo una de las puertas que se tienen que abrir con esa misma llave. Dentro de esta lógica quien tiene la llave es quien debe desplegar todo su esfuerzo para introducirla y accionar los mecanismos de las cerraduras de tal forma que permitan abrir las puertas de la paz.

También hay que entender que esa llave debería abrir muchas puertas, cuantas se necesiten para lograr la paz efectiva y duradera. Abrir un proceso con las FARC es sólo una de varias negociaciones que requiere el país para alcanzar el punto de quiebre que implica el cese del conflicto armado en Colombia y pasar a un estado “ideal” que pudiéramos entender todos como la paz.

¿Y cuáles son los mecanismos que se deben accionar para qué la llave permita abrir la cerradura en tal forma que se retiren los cerrojos y se permita abrir esa puerta?

La llave entrará  a la cerradura cuando el Presidente lo decida y las FARC tenga voluntad de paz y acepten el marco legal que actualmente se construye en el Congreso; así como el mandato del artículo 21 de la Constitución Nacional, que indica que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento para todos los colombianos.

Los mecanismos que debe mover la llave están ahí, integrados por la denominada agenda del Caguán”. Este es un buen punto de partida si se tiene en cuenta que es una agenda elaborada, discutida y planteada en un esfuerzo de paz anterior, que se retomaría nuevamente y que es producto de las diversas agendas que ha planteado ese grupo ilegal en los distintos escenarios de negociación con el Estado Colombiano a través de su historia.

La agenda del Caguán quedó definida en varios temas (12 en total) y son: solución política al conflicto, derechos humanos, política agraria integral, explotación y conservación de recursos naturales, estructura económica y social, reformas a la justicia, lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico, reformas al sistema democrático, reformas al Estado, acuerdo sobre derecho internacional humanitario, fuerzas militares, relaciones internacionales y formalización de acuerdos.

De todas maneras habrá que realizarle grandes ajustes, toda vez que han pasado 10 años desde la última vez que se abordó esa propuesta, y durante este tiempo las condiciones objetivas que han determinado la existencia del conflicto armado en Colombia han cambiado; y en muchos casos han empeorado. No es sino pensar en la problemática de los derechos humanos  y particularmente la que se ha vivido a raíz de los llamados “falsos positivos”, una vergüenza mundial para el Estado colombiano y crímenes de lesa humanidad que no pueden pasarse por alto, así como el asesinato fuera de combate de los ediles, gobernadores, exministros y otras personalidades secuestradas previamente por parte de las FARC, y otros tantos asesinatos cometidos, todos de lesa humanidad. A eso se suma su activa participación en el narcotráfico. Delitos que no podrán quedar en la impunidad, por más loable que sea el objetivo del logro de la paz en una negociación.

En materia agraria también la agenda propuesta encontrará un gran cambio en cuanto a que se ha logrado una evolución legal impensable hace 10 años. La nueva ley de víctimas y restitución de tierras constituye en sí misma un avance significativo que por lo menos intenta frenar la contrarreforma agraria impuesta al campo colombiano, y que fue hace ya casi 50  años motivo determinante para la creación de las FARC.

No obstante, si bien habrá avances significativos en la restitución de las tierras, ésta no está acompañada por las medidas necesarias para trabajar la tierra, hacerla productiva y acceder a los mercados de economías de escala que le permitan a los campesinos una calidad de vida adecuada. En materia de recursos naturales, sí que habrá tela para cortar en esa eventual mesa de negociación, por el manejo que le ha dado el Gobierno Nacional y el Estado colombiano a la extracción minera, con la apertura a las transnacionales y la criminalizacion de la pequeña minería.

Si bien las negociaciones previas con las guerrillas  han tenido repercusiones positivas en la vida democrática de Colombia -como lo fue la inclusión de la elección popular de alcaldes y gobernadores, que indican que no todo ha sido en vano en materia de negociación y debería ser un motivo de confianza para las FARC- existen temas que se tienen que incluir necesariamente dentro de la agenda con la búsqueda de acuerdos en materia de “no impunidad”, de verdad y justicia y reparación, y desde luego en las necesarias garantías de no repetición. Estos son los puntos de la agenda  que tendrán más fuertes debates y dificultades. Todos ellos asuntos difíciles de abordar, que requerirán mucha creatividad por parte de quienes tienen que abrir la puerta de una Colombia en la cual los conflictos no se escalen.

Pero tanto la llave como la cerradura y las bisagras de esta puerta requieren de un aceite  lubricante: la confianza. En los múltiples intentos de solución del conflicto pareciera que el método de negociación utilizado fuera el de “tit for tat” que avanza en medio de sucesivas traiciones, engaños e intentos de recomposición de las relaciones entre las partes.

Un buen punto de partida para restablecer la confianza por parte de las FARC sería por ejemplo designar sus voceros para el acercamiento; proscribir  inmediatamente  el reclutamiento de menores; avanzar con entidades internacionales en la devolución mediante programas bien estructurados de los menores actualmente reclutados; desistir de plantar minas antipersonal y revelación inmediata de las ya activadas a entidades internacionales para avanzar con el gobierno en el desminado humanitario;  y desistir también de la utilización de armas no convencionales.

Por parte del gobierno, un buen punto de partida en esa recomposición de las relaciones sería designar cuanto antes una Comisión de Paz (no un comisionado) extraordinariamente integrada, representativa y sobre todo sin soberbia,  con facultades y autonomia suficientes  para escuchar, concertar,  estructurar y proponerle a la sociedad colombiana  las posibles soluciones  que satisfagan el  máximo interés Nacional que es lograr la paz.

Que no se le olvide al presidente Santos que el éxito no esta en tener la llave, sino en sacarla oportunamente y en moverla eficazmente para poder abrir la cerradura de la paz, que parece estar bastante oxidada por cierto.

/ Antonio García Fernández

*Abogado de la Universidad de Antioquia, ha realizado estudios de posgrado en  materias sociales y jurídicas,  fundador y editor del desaparecido periódico “URABA HOY”; ha sido asesor jurídico en procesos de Justicia transicional en Colombia.