Desconfianza legítima

El fundamento de la democracia parece ser la confianza. Tradicionalmente se ha considerado que la democracia es un sistema de gobierno que surge de la ficción de un pacto social o contrato originario y fundante que no es único ni estático, se renueva día a día, constantemente, cimentado en el sometimiento de los ciudadanos al poder del Estado.

Ese sometimiento no es gratuito; tiene, o al menos debería tener, múltiples contraprestaciones a favor del ciudadano sometido, y realmente está fundado no en el poder represivo, sino en el “principio de confianza legitima”.  Esto es  lo que les permite a los ciudadanos esperar las contraprestaciones que los motivaron a someter buena parte de sus libertades al poder de ese Estado.

Es claro que éste debería entonces tener perfectamente definidos unos fines, y es lo que realmente determina el papel de la Constitución desde que se llegó al primer desarrollo contractualista constitucional, conocido como la Carta Magna de Inglaterra del 15 de junio 1215 hasta nuestros días.

Pero es el principio de confianza legitima, que deposita el pueblo no  en las instituciones democráticamente constituidas, sino en los que la integran, el que determina la bondad de esta enajenación voluntaria y  parcial de libertad individual en aras del interés colectivo.

Sencillo: Las personas tienen derecho a confiar y  confían en que su Estado, su clase dirigente política, cumplirá el contrato que les confiere el poder de someterlo y le otorgará las contraprestaciones prometidas por el sometimiento a la ley.

Los elegidos democráticamente y cualquiera persona que detente en cualquier nivel o medida el poder del Estado están obligados a guiarse permanentemente por los derroteros trazados por el contrato social y dejar a un lado sus intereses particulares.

Se considera que la democracia es un sistema de gobierno que surge de la ficción de un pacto social o contrato originario y fundante que no es único ni estático, se renueva día a día, basado en la confianza; sin embargo, el asunto no es tan sencillo. Al respecto, Antonio García hace un análisis del tema a la luz de las propuestas de reforma del Estado que hoy se discuten en el país.

En esa medida, los ciudadanos esperan y tienen derecho a exigirles que sus dirigentes cumplan el contrato cabalmente, actúen de buena fe,  equitativamente, no se corrompan, antepongan el interés común al particular, sean diligentes y juiciosos en el cumplimiento de sus funciones.

No obstante, quienes dirigen el Estado colombiano no se caracterizan precisamente por su afecto a respetar los límites del contrato social.

En la generación del circulo maléfico de la violencia, los integrantes de la clase dirigente y política de el país tienen una gran responsabilidad. Pero se inmunizan frente a la realidad, la desconocen y construyen ficciones sucedáneas que le permiten seguir tan tranquila como si nada fuera. “la democracia mas antigua de América”, “ la larga tradición democrática”, son algunas de ellas, y los colombianos adherimos a ellas, las volvemos nuestro lugar común y apoyamos no solo las ideas sino a quienes nos las imponen.

Día a día nos traicionan, pero seguimos confiando en ellos.  No en vano somos el segundo o tercer país mas feliz del mundo.  Colombia debe ser el país del mundo  en donde mejor funciona el principio de confianza legitima, aunque no entendamos por qué. Al menos la confianza de parte de los ciudadanos hacia sus dirigentes, porque no ocurre así en sentido contrario.

A quienes se atreven a disentir, a expresar su desacuerdo,  a señalar alguna de las falencias del Estado y de sus dirigentes, los señalan inmediatamente con dedo acusador, y los estigmatizan de por vida como enemigos públicos, apátridas, traidores, terroristas. Los perseguirán por siempre, implacablemente, hasta lograr la consecuencia necesaria del señalamiento: los matan, los arruinan o los judicializan, los juzgan y los condenan, o todas las anteriores.

Ante el señalamiento de “terrorista” no hay derecho humano que valga. Queda bajo el ojo avizor de los sistemas represivos de todo el mundo, sujeto al maltrato permanente de una sociedad  irrespetuosa, excluyente y falsa, que además es indolente e inhumana.

Se plantean,  ante la evidencia de la gran crisis institucional,  distintos escenarios y se hacen propuestas de modificar el Estado, mediante una reforma constitucional, o referendo, o asamblea constituyente.  Se busca lograr un nuevo contrato social.

Pero, ¿quiénes la van a realizar? ¿En quiénes podríamos los colombianos confiar esta máxima responsabilidad? Muy probablemente veremos como depositarios del poder constituyente a los mismos dirigentes políticos y económicos que hoy encabezan el Estado o a sus herederos, quienes son los directos responsables de la crisis institucional que hoy vive Colombia, reformando el Estado a su acomodo, o sea, haciendo lo que siempre han querido hacer:  “refundar la patria”.

 / Por Antonio J. García Fernández.

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