¿Exgeneral Mauricio Santoyo: codicioso o buen policía?

Foto: El general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Uribe Vélez. | tomada de kienyke.com 

Los analistas de las organizaciones criminales y de los conflictos armados han coincidido en advertir que las actividades ilegales que ejecutan los grupos armados organizados no serían tan efectivas y lucrativas si entre sus nóminas no tuvieran a agentes del Estado dispuestos a garantizar procesos de consolidación y expansión, identificación del “enemigo” e impunidad en sus acciones.

Tal como lo conceptuó Neil H. MacBride, fiscal del tribunal federal del distrito Este del estado de Virginia, Estados Unidos, el exgeneral Mauricio Santoyo Velasco, era uno de esos agentes: “esta importante acusación responsabiliza a un individuo malhechor que abandonó su deber de proteger a los colombianos para servir a sus propios intereses y a los de los traficantes de drogas y terroristas”.

Si se leen bien las palabras de MacBride queda en el ambiente que las acciones adelantadas por Santoyo Velasco fueron más individuales que institucionales a su paso por el Grupo de Acción Unificada contra el Secuestro y la Extorsión (GAULA) de Medellín entre los años 1996 y 1999; el Cuerpo Élite Antiterrorista (CEAT) desde 2000 hasta 2002; y la Jefatura de Seguridad de la Casa de Nariño entre 2002 y 2006.

Sin embargo, el acuerdo al que llegó de colaborar con la justicia norteamericana estaría determinando que ese “individuo malhechor” no habría actuado tan solo y se intuye que habría otros oficiales implicados en brindar apoyo a grupos paramilitares y a la llamada ‘Oficina de Envigado’ entre los años 2000 y 2008. Así se infiere de las declaraciones dadas a medios colombianos por el abogado Óscar Rodríguez, apoderado del exgeneral Santoyo: “él tiene que decir la verdad, toda la verdad. La verdad no se da por compartimentos y ese es el compromiso. Y eso no quiere decir que va a vincular a personas que no están involucradas y que son inocentes… Este es un proceso responsable y delicado”.

Tanto la declaratoria de culpabilidad como el compromiso de colaborar y de decir “toda la verdad” conducen a eliminar la codicia como razón de su favorecimiento a las Auc y a la llamada ‘Oficina de Envigado’ y a abrir la puerta de su labor como parte de una institución en la que habría actuado por subordinación, es decir, por obediencia a una línea de mando. La pregunta entonces es: ¿quién le daba las órdenes y qué tipo de órdenes recibió?

Si la admisión de culpabilidad se ha dado sobre alianzas celebradas entre los años 2000 y 2008, habría que determinar quiénes eran sus superiores para ese periodo en los distintos cargos que ocupó. Durante su paso por el CEAT de Medellín, estuvo subordinado a los comandantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que para esa época fueron los generales Luis Alfredo Rodríguez Pérez (1998 – 2001) y Jorge Daniel Castro Castro (2001 – 2002). Ambos oficiales ocuparon altos cargos en la Policía Nacional: el primero llegó a ser Director Operativo y el segundo Director Nacional. Luego, ya como Jefe de Seguridad de la Casa de Nariño, Santoyo Velasco estaba subordinado a la dirección general de la Policía Nacional y de manera directa al Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.

Declararse culpable ante una corte federal de Estados Unidos de conspirar para brindarle apoyo a las Auc y lograr mediante un acuerdo que no sea procesado por delitos asociados al tráfico de drogas sugiere que no actuó solo y que habrá otros implicados. La pregunta que se viene entonces es: ¿actuaron por codicia o por decisión institucional?

Para esos años, los organismos de seguridad estaban abocados a combatir con fuerza el flagelo de la subversión y los “enemigos” estaban en todas partes, lo que llevó a estigmatizar a diversos sectores sociales, entre ellos a las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos, consideradas como “brazos políticos” de las guerrillas de las FARC y el ELN, que fueron el foco de las interceptaciones ilegales realizadas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y sobre cuyos hechos no se determinaron responsabilidades penales.

No era pues un asunto ni una decisión de una sola persona. Se trataba de un asunto de seguridad nacional en el que se apelaba a todo tipo de estrategias, tanto legales como ilegales, para combatir a la insurgencia y a sus supuestos simpatizantes y colaboradores, tanto en las áreas urbanas como rurales. Pensar entonces que Santoyo Velasco recibió órdenes es una hipótesis que se ajusta más a la realidad que aquella que habla de que fue una “manzana podrida” en la institución. El problema es que se quiso aprovechar de la situación y recibió dinero por su trabajo para las Auc y la llamada ‘Oficina de Envigado’. Pero eso es un asunto marginal.

Rodríguez, el abogado de Santoyo Velasco, afirmó que la negociación hecha por su defendido fue “estratégica” y le ha garantizado algunos privilegios con respecto a otros colombianos en situaciones similares, como que su familia no pierda la visa a ese país y la pueda llamar diariamente. ¿Por qué fue estratégica la negociación de quien fuera el Jefe de Seguridad de la Casa de Nariño durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez más allá de los privilegios que recibirá? Porque con esa decisión evitó ir a juicio y, por lo tanto, a que se expusieran públicamente las pruebas que el fiscal MacBride tiene en su contra. Asume, como disciplinado oficial, las consecuencias de sus actos.

Y la disciplina de Santoyo Velasco se ve reflejada en lo que dijo su abogado al respecto de la actitud del exgeneral: “si usted está negociando con esas personas para mantener la paz … es parte del trabajo que se desempeña como Policía”.

Ante ese panorama, se suma entonces otra pregunta: ¿sus contactos con las Auc y la llamada ‘Oficina de Envigado’ fueron actos del servicio? Si admitimos que sus acciones fueron actos de subordinación, entonces habría que decir que hay enlodada en este caso una línea de mando y tendrían que responder también sus superiores entre los años 2000 y 2008.

Una hipótesis adicional es que a juzgar por la actitud del fiscal MacBride, lo que se presume es que la justicia norteamericana esté detrás de otros oficiales colombianos involucrados con las Auc, un grupo considerado terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos desde junio del 2002 y tal como se ha constatado en los tribunales de Justicia y Paz, fue apoyado en diversas regiones del país por diversas guarniciones militares y por unidades policiales. Con esta declaratoria de culpabilidad, no podrá decirse que hay un “ánimo de venganza” de los jefes de las Auc extraditados. Ya es un hecho probado. Así que todas aquellas confesiones no podrán descalificarse tan fácilmente.

Con el caso de Santoyo Velasco abrió una caja de Pandora cuyas consecuencias aún son inciertas para la institucionalidad colombiana, sobre todo porque algunas actuaciones van afectando a hombres de confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que podría ir cerrando el círculo peligrosamente a su alrededor. Lo que venga después dependerá de lo que, políticamente, quiera hacer la justicia de Estados Unidos con las verdades que conoce, ha podido constatar y aún las mantiene en secreto.