Foto: Luis Jorge Garay, tomada de semana.com
Más anuncios que realizaciones, así califica Jorge Luis Garay al gobierno del presidente Juan Manuel Santos en sus dos primero años de gestión. A su juicio, aún no hay ejecuciones concretas en temas como el económico, atención a víctimas y la minería, una de sus principales locomotoras de desarrollo.
Una de las mayores preocupaciones expuestas por Garay tiene que ver con la economía, pues a su juicio, el actual equipo de gobierno está reaccionando de manera tardía a las señales de crisis que se vienen observando en el mundo y de manera tradiciones, lo que podría tener consecuencias negativas para el país.
Otra de sus inquietudes es el tema minero, sobre el que advierte enormes riesgos ambientales y de orden público en aquellas zonas del país donde se adelantan las explotaciones; además, dice, “no se ha desarrollado una institucionalidad reguladora y veedora de cómo se procede con la explotación de los recursos naturales”. A continuación, presentamos el diálogo con Jorge Luis Garay.
A.I ¿Cuál es su opinión del gobierno del presidente Santos?
L.G. El gobierno ha sido más de anuncios que de realizaciones. La política económica ha sido muy tradicional, está reaccionando tardíamente, según mi juicio a, la crisis mundial, parece que no han precavido las consecuencias de una crisis mayor sino que, implícitamente, va en contravía con lo que está sucediendo en otros países del mundo. Por ejemplo, en el marco fiscal aprobado de mediano plazo se prevé que va a haber una reducción de la presión fiscal en Colombia, que está en el 14% y es más baja que el promedio en América Latina. El único país grande en la región que tiene una presión fiscal menor es México, que vive del petróleo, pero es un país con una anomalía estructural que le impide saltar hacia el desarrollo. En tanto que Brasil, que tomó una posición y una política en ese sentido, tiene un 23%.
Además, es un absurdo pensar en la reducción del impuesto a la renta a los ingresos altos y aumentar la presión sobre los ingresos medios y bajos en medio de las crisis del sistema social que tenemos en Colombia y de la necesidad de reforzar una verdadera política de reparación a las víctimas. Eso va en contravía de lo que se está haciendo en países europeos, donde se está repensando otra vez la necesidad de tomar mayor progresividad en el impuesto de la renta a pesar de que se aumentó el impuesto al IVA.
La actual política económica tampoco ha avanzado en corregir distorsiones del gobierno anterior muy serias. Parte de ellas son las dádivas, injustificadas social y económicamente, ofrecidas a empresarios, sino que también, y es muy grave, se han dado unas prebendas al capital nacional y extranjero con la explotaciones de recursos naturales y mineros que hacen que Colombia sea uno de los países que tenga el valor de regalías más bajo del mundo, con un agravante fundamental: no se ha desarrollado una institucionalidad reguladora y veedora de cómo se procede con la explotación de los recursos naturales, es decir, no tenemos claridad de qué tanto es lo que se extrae y qué tanto se exporta.
A.I ¿O sea que el mensaje de prosperidad no es tal para todos, no hay una idea de equidad?
L.G. Se sigue enfatizando el privilegio al capital y a los ingresos altos, con unos vicios gravísimos como pensar que estamos en un mundo en el que ya no estamos. Colombia no esta exenta de una vulnerabilidad ante una crisis mundial más profunda; es un país que todavía tiene unos niveles de reservas internacionales relativamente bajas; si bien ha disminuido la deuda externa, hace falta avanzar en una consolidación del blindaje de la economía. Yo creo que aquí no ha habido cambios importantes y veo, incluso, que hay unos retrocesos en términos de progresividad y de racionalidad en la política tributaria y fiscal con implicaciones sociales graves.
A.I ¿Qué pasa en la parte social?
L.G. En términos sociales, el Gobierno está enfrentando la eclosión del sistema de salud y de la Ley 100 sin que hasta hoy haya hecho correctivos fundamentales para asegurar su sostenibilidad. Más aún ante el hecho que la homogenización o unificación de los planes de salud exige unos mayores recursos, eficaces y eficientes, que implica realizar una cirugía profunda de todo el sistema previsto por la Ley 100 para reducir los márgenes de intermediación y las ganancias de los intermediarios, aspectos que desvirtúan y desvían los recursos de la prestación de servicios al rendimiento y la renta financiera. En eso no se ha avanzado sustantivamente y yo creo que Colombia tiene que hacerlo, pero requerirá recursos.
A.I ¿Cómo ha visto la política de víctimas en el gobierno de Santos?
L.G. La Ley de Víctimas es un avance, pues es la primera vez que se tiene un reconocimiento social a las víctimas; ya hay definiciones institucionales, legislativas y políticas. Si bien su aplicación es una de las banderas del Gobierno, aún es muy imperfecta, entre otras razones porque en las últimas deliberaciones en el Senado se le disminuyó un acento províctima, es decir, de darles las mayores prerrogativas y garantías a las víctimas, para poder tener la restitución y reparación debida. En esta Ley de Victimas, con las políticas económicas y financieras, el Gobierno está pauperizando el grado de indemnización administrativa que se les está ofreciendo a las víctimas, lo que implica darle una indemnización inferior al 10% de lo que fueron los daños materiales a las víctimas. Eso no tiene ninguna explicación ni justificación.
Evidentemente la implementación de los pilares de la reparación de víctimas en términos de restitución es un proceso muy complejo; cada vez que avanzamos, encontramos que el proceso de despojo, en muchos casos, no ha sido aleatorio, sino el fruto de una estrategia muy pensada, de tal manera que se pudiera avanzar en un despojo de manera muy legalizada y muy cercana a la legalidad. En ese sentido, va a ser difícil, en muchas ocasiones, revertir ese proceso.
En diálogo con Arco Iris, el prestigioso economista Jorge Luis Garay, autor de una amplia obra en temas del desarrollo e investigador de Fedesarrollo, las universidades de Oxford y Cambridge, y del Banco Interamericano de Desarrollo, hizo un balance de los dos años del gobierno de Juan Manuel Santos.
Ante todas las dificultades, debemos prever un reforzamiento no solo de la voluntad sino de la práctica, lo que va a implicar reforzamiento institucional, financiero y político. Grandes enemigos de este proceso están incrustados en la legalidad y es lo que hemos denominado, en otros trabajos, agentes grises muy poderosos, que funcionan entre la legalidad y la ilegalidad. Eso va a requerir una decisión mucho más profunda de lo demostrado hasta ahora.
A.I ¿Frente a la locomotora minera, cuál es su balance y su preocupación?
L.G. La preocupación central es que la locomotora minera se está montando antes de definir cuáles deben ser las racionalizaciones del uso y el aprovechamiento del suelo ante la multiplicidad de conflictos que hay al respecto, no sólo a la tenencia, sino al uso del suelo. Desde el gobierno anterior se produjo una dinámica explosiva de concesión de licencias mineras que, sin fiscalización ciudadana ni del Estado propiamente dicho, se concedieron sin estudios medio ambientales, sociales y económicos intertemporales. Ello ha llevado que estemos hablando de más de 5 millones de hectáreas concedidas en licencias en medio de un Estado que no ha desarrollado una verdadera entidad reguladora del sistema minero, que se supone que es el que está generando y va a generar los ingresos más grandes al país.
Es importante que se redefina seriamente cuál va a ser el patrón de usos y de solución del suelo y se limite. La minería en Colombia tiene un alto nivel de informalidad, lo que es un problema porque los grupos legales e ilegales armados poderosos aprovecharán esa circunstancia. La minería entonces se vuelve el elemento crucial de la lucha por la distribución del territorio y el aprovechamiento del territorio.
A mi parecer, este será uno de los conflictos más importantes en términos territoriales e étnicos. El uso de la minería, la tierra y los macroproyectos es un tema grave y no hemos desarrollado institucionalidad. Seguimos pendientes de que, definitivamente, se cuente con una fiscalización y regulación rigurosa y estricta de la minería por parte del Estado.
A.I El gobierno ha dicho que quiere cambios en el mundo rural, que quiere transformaciones, ¿cuál es su balance al respecto en estos dos años?
L.G. Pues hasta ahora en la práctica no hay resultados. Yo creo que el gran esfuerzo del Gobierno es la Ley de Víctimas para la restitución con miras a que eventualmente haya retorno y un fortalecimiento de la economía campesina. No debemos olvidar que 6 o 7 millones de hectáreas fueron despojadas y abandonadas. Y el otro esfuerzo ha sido sobre el proyecto de ley de desarrollo rural. En la práctica, no ha habido grandes transformaciones ni institucionales, ni tampoco financieras. Entonces yo diría que por ahora no hay avances importantes, excepto poder sacar una mejor ley de desarrollo rural. Obviamente se corrigieron anomalías como el AIS.
A.I En su opinión, ¿el Gobierno hacia dónde debería marchar en el tema rural, qué es lo posible?
L.G. Lo fundamental es buscar cómo conciliar los conflictos, derivados del modelo de desarrollo; es definir un modelo que permita una conciliación entre la economía empresarial moderna, que nadie se opone a ello, una vez se alcance una estrategia clara del uso del suelo en el país, y el desarrollo campesino. Ese desarrollo empresarial, con un desarrollo campesino cada vez más moderno y más incluyente donde el campesino sea un sujeto social y un sujeto productivo, implica que haya que buscar nuevas formas de cooperación y asociación entre los campesinos, para lograr que tengan una economía más eficiente y que genere mejores ingresos y una racionalización no sólo del uso del suelo sino de la propiedad y la formalización del suelo. En eso si se está avanzando correctamente.
Luego de ello se requieren definiciones claras de una política de distribución de tierra. El proyecto de ley de desarrollo rural, a mi juicio, corre el riesgo de que se redistribuyan baldíos y no las tierras que se deben redistribuir; si bien se ratifican los mecanismos o los instrumentos de restitución, vienen desde hace muchos años y no se han aplicado, entonces no veo que necesariamente vuelvan a estar incluidos con algunas mejoras. Por eso mi crítica al proyecto de ley de desarrollo rural es que es un caparazón, donde hay desarrollo de instrumentos de mercado y una cantidad de multiplicidades y disposiciones, pero mientras que no tenga más fuerza legislativa en su aplicación puede suceder que es un caparazón sin contenido.
A.I ¿Cómo se debería aplicar una política de redistribución de tierras?
L.G. Dentro de la estrategia clave del uso y racionalización del uso de la tierra, en la medida en que usted tenga tierra ociosa, que está previsto en los artículos de ganadería, se debería buscar una expropiación, o bien reconocida a cierto precio, o bien, si es abiertamente nociva social y económicamente, una expropiación directa. En eso tenemos que movernos. Es claro que los niveles de inequidad en el sector rural son inaceptables. Somos uno de los países con mayor inequidad en el campo, no sólo en América Latina, sino en el mundo y eso hay que revertirlo; pero me da miedo que si no tiene un contenido fuerte las otras disposiciones, quedemos distribuyendo baldíos.
A.I Usted ha estudiado el tema de la cooptación ilegal del Estado, ¿cuál es su balance de estos dos años?
L.G. Grave. Esto es un proceso muy profundo. Una vez se producen avances tan profundos como los que ha habido en Colombia de la cooptación de instituciones, revertir esos procesos son supremamente difíciles. Colombia ha hecho un proceso muy interesante a través de la Corte Suprema de Justicia y el desarrollo de la jurisprudencia del concierto para delinquir agravado para los altos funcionarios y congresistas. Esto lo que nos demuestra es que es una rama de la sociedad y que el Estado, por sí solo, no corrige el fenómeno. En eso debemos mencionar cómo lo político no implica un rechazo a que sus elementos del partido y de estructuras políticas no tuvieran un rechazo moral y ético; a tal punto que el Congreso de hoy, indirectamente, está permeado de la narcoparapolítica a través de familiares o amigos. No ha habido el rechazo moral ni institucional ni político, entonces la jurisprudencia avanzada penal, que ha sido muy provechosa, no ha venido acompañado por un proceso social y eso implica que es muy débil el proceso, se revierte, se transforma, se muta.
¿Qué puede ver usted que esté pasando en las regiones con este tema?
L.G. A nivel regional es más grave, por la debilidad del Estado, por la falta de desarrollo democrático, agudizado ello por la ilegalidad y las fuentes de riquezas que van surgiendo en las regiones. Eso lleva a que piense que hemos avanzado paradigmáticamente a nivel internacional sin mucho reconocimiento internacional de lo que hemos hecho tal vez por desconocimiento y más bien se han criticado un poco algunas formalidades jurídicas del doble proceso, pero esto es un inicio que nos muestra que ha sido superado con creces por la realidad.
Finalmente, no ha habido la construcción de una cultura de legalidad y eso no sólo se hace judicialmente, eso es muy importante, y la política y la institucionalidad están permeadas de toda esta misma dinámica de la cooptación que va en múltiples direcciones.
A.I ¿Cuál es su opinión de la disputa que le ha planteado el expresidente Uribe al presidente Santos?
L.G. Yo creo que es ideológica pero concreta, en términos de qué Estado, qué sociedad queremos. Santos no implica una ruptura del nuevo modelo paradigmático en absoluto; pero por lo menos implica una corrección de abusos que había en el modelo anterior en términos de privilegios, dádivas y de convivencia con formas de ilegalidad, en esto de cooptación y en todo el proceso que se ve en la Corte Suprema de Justicia en contradicción con el Ejecutivo. No es que esto lleve a que Santos sea un reformador sobre ellos. Ha dejado actuar a la justicia, pero no ha hecho ninguna reforma, no ha hecho ningún movimiento político; entonces es una cuestión más de defensa de intereses de Uribe.
Por otro lado, está la concepción de cómo se logra superar la multiplicidad de violencias y conflictos en Colombia. El conflicto armado tradicional es, a mi juicio, a nivel estructural. Pero parte de la legitimidad y la buena imagen de Uribe fueron los resultados contra la guerrilla y ahí hay una diferencia crucial con Santos, porque Santos no cree que la guerra se vence simplemente con las armas y que pretendería intentar tener un espacio para otra manera de aproximación con la guerrilla, ahí hay un punto no sólo ideológico sino de popularidad y aprovechamiento de la misma. En los otros campos no hay cambios fundamentales, no ha habido cambios en lo tributario que atenten contra el modelo Uribe, yo creo que está muy centrado en intereses muy específicos de alianzas y de la concepción central de qué es la seguridad, y la seguridad para Uribe es sólo militar, no quiere decir que Santo esté hablando de seguridad humanitaria, pero ve una concepción diferente de la seguridad, excepto a eso, no hay nada más.