“Existen penas alternativas y no las están aplicando”: Director del Inpec

Foto: Gral. Gustavo Ricaurte, director del Inpec | tomada de Semana.com

El General de la Policía Gustavo Adolfo Ricaurte, director del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec), en entrevista con León Valencia Agudelo, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, responde a los cuestionamientos que se la hace al sistema carcelario.

León Valencia Agudelo (LVA) Usted  ha dado a entender en otras entrevistas que la política de seguridad ciudadana y las penas por pequeñas causas están colapsando las cárceles; sin embargo, es necesario tener en cuenta que no podemos echar para atrás estas leyes que entre otras, el país pedía a gritos.

General Gustavo Adolfo Ricaurte (GGAR): Se aprobó una ley de seguridad ciudadana sin prever el impacto que ésta tendría sobre el sistema carcelario. Otro asunto es el sistema penal acusatorio. Y se han expedido trescientos setenta y cinco conductas punibles, algunas de éstas con nuevas penalizaciones. Lo anterior, sumado a las leyes de Justicia y Paz, y de Pequeñas Causas, son las razones por las que las prisiones en nuestro país ya no dan abasto. En estos momentos se encuentran en curso en el Congreso de la República nueve proyectos que pretenden crear nuevas conductas punibles, uno de esos la  que penaliza el conducir en estado de embriaguez.

LVA: ¿Quiere decir que usted estaría de acuerdos con los representantes Simón Gaviria y Ángela María Robledo, en el sentido que se debe aplicar penas alternativas a la prisión?

GGAR: Es cierto,  existen penas alternativas y no las están aplicando. Algunas de éstas son la libertad condicionada, prisión domiciliaria, trabajo comunitario. Este último se los propuse a los alcaldes y gobernadores en momentos en que se dieron las inundaciones diciéndoles “tengo más de mil presos en condiciones de ayudar en estos trabajos”, pero ninguno llamó. Otro asunto es la multa que se impone, porque cuando éste no está en capacidad de pagarla, debe cumplir un tiempo de trabajo comunitario y tampoco se está aplicando la medida.

LVA: ¿Si el hacinamiento carcelario no hubiese desembocado en  violaciones al goce de los derechos humanos como salud y alimentación, ustedes le habrían puesto atención a este problema que año tras año ha crecido?

GGAR: Déjeme le aclaro una cosa: en las cárceles no tenemos problemas con la alimentación. Hace un año sí los tuvimos, y nos vimos obligados a resolver un gran número de tutelas por este asunto, pero como le digo, este tema ya fue superado.

LVA: Sin embargo la organización “Cárceles al desnudo” dice que el problema aun existe…  

GGAR: Estas organizaciones se encuentran en todo su derecho de denunciar estos problemas; sin embargo, puedo asegurarle que es un tema superado. Para eso contamos con el acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de otras instituciones públicas  que se encargan del tema de salud y nutrición. En lo que va de 2012, los internos no se han quejado de la alimentación, lo que pasa es que es muy difícil darle gusto a todos en lo que quieren comer.

LVA: Los familiares de los presos también se quejan de la alimentación y van más allá en sus denuncias, argumentando que no se les permite ingresar algunos víveres y ellos tienen que dejarlas amontonados en canecas de basuras a la entrada de las cárceles.

GGAR: Las prisiones tienen reglas, y una de estas es el ingreso de algunos alimentos y bebidas, porque algunos de estos son utilizados para fabricar bebidas alcohólicas.

LVA: El Conpes 3277 autoriza la construcción de más cárceles en el país; sin embargos éstas no se hicieron con las adecuaciones necesaria para el buen vivir de una persona, por esto los órganos de control abrieron investigaciones de tipo penal, disciplinaria y fiscal, sin mayores resultados hasta el momento.

GGAR: Estas cárceles tuvieron un costo aproximado de 1 billón cien mil pesos, y tuvieron muchas falencias en su construcción. No tengo  conocimiento del estado actual de estas investigaciones porque  los procesos de contratación estuvieron a cargo de Fonade.

“Hoy tenemos 1.700 personas en la tercera edad; 2.200 enfermos psiquiátricos en espera de que se les declare interdictos y un total de citas de medicina general represadas y  cirugías estimadas en 8 mil en todo el país”: General Ricaurte, director del Inpec.

LVA: ¿Se han abierto investigaciones por las denuncias de  torturas de algunos presos en las cárceles?

GGAR: Cuando tomé el cargo como director del Instituto Nacional Penitenciario, encontramos un total de 8.882 investigaciones disciplinarias, y en este trabajo nos vimos en la necesidad de revisar el funcionamiento de las oficinas de control interno en dos regionales que no funcionaban, y clasificamos y separamos las que eran motivadas por corrupción administrativa  de las de violación a los derechos humanos, lo que nos ha permitido avanzar en este trabajo y aplicar las sanciones respectivas cuando el caso lo amerita,  y aplicar la debida sanción si se comprueba el hecho por el cual se acusa. También hemos trabajado por hacer del guardia del Inpec una persona a la que se le pueda hablar, obviamente guardando la distancia que se debe tener, lo que ha permitido ir quitando el estigma de que este es una persona violadora de los derechos humanos.

LVA: Pero  estos esfuerzos que se hacen desde la dirección del Inpec no equilibran la carga que les genera el problema de hacinamiento y falencias en las adecuaciones de las cárceles.

GGAR: Por supuesto, es que no puedo decir que la situación de los derechos humanos en las cárceles se encuentra a las mil maravillas mientras hay hacinamientos en ellas.

LVA: ¿No será que la congestión en los procesos judiciales está desembocando estos hacinamientos y estos, a su vez, generan estas falencias?

GGAR: Por supuesto. Hace unos años el 80% de la población era condenada y un 20% sindicada. Hoy día la situación ha cambiado, al punto en que el 69% es condenada y el resto sindicados. De estos condenados, por primera vez, tenemos 65 mil internos ocupados, bien sea en enseñanza o en trabajos, todo esto se ha podido hacer porque contamos con el acompañamiento del Sena; sin embargo, esto no se visibiliza por el problema que genera el hacinamiento por las falencias que existen en la infraestructura carcelaria.

LVA: ¿Una de las quejas del sindicato es que el número de internos en las cárceles  no se compadece con el número de guardias?

GGAR: Ese es otro problema. Hoy día para manejar el total de internos, necesitamos unos  3 mil guardianes más, por eso estamos en la tarea de incorporar 750, antes de terminar el año y unos 500 ó 600 en marzo de  2013. La idea es manejar la vigilancia interna en las cárceles con el suficiente personal, es decir, 600 de vigilancia y 100 de cuadros de mando en cada turno en cualquier cárcel. Si en Colombia vamos a construir seis cárceles modernas como es la idea, tendríamos que contar con un total de cuatro mil doscientos guardianes por turno que permita soportar la carga, porque a mayor población, mayor número de personal judicial y mayor requerimiento de salud.

LVA: Resulta un tanto curioso el hecho de que la guardia del Inpec sea de naturaleza civil y su director sea un policía o militar.

GGAR: La policía es un cuerpo civil armado de carácter permanente al servicio de la comunidad…

LVA: Con instrucción militar y adscrita al Ministerio de Defensa, mientras la guardia del Inpec se encuentra adscrita al Ministerio de Justicia.

GGAR: No importa, así lo contempla la ley 062. La Policía es un cuerpo civil armado de carácter permanente al servicio de la comunidad. Ahora, la Ley 065 del Inpec dice que su guardia es un cuerpo civil armado de carácter permanente al servicio de la comunidad carcelaria. Soy civil armado al servicio de una población, que en este caso es la del Inpec, pero eso no me inhabilita para ejercer el cargo. Lo mismo pasa con quienes han ocupado mi puesto con investidura militar, habría que evaluar quiénes han desarrollado una mejor gestión.

LVA: ¿Cómo es posible que la atención en Salud sea otro cuello de botella que tiene el sistema carcelario,  por cuenta de la mala atención de parte de una EPS tan cuestionada como Caprecom?

GGAR: Debo aclarar una cosa, la atención en salud es prestada por Caprecom, ya no por cuenta del Inpec, sino por la Unidad Administrativa Penitenciaria del Ministerio de Justicia. Este problema es grave porque al día de hoy tenemos 1.700 personas en la tercera edad; 2.200 enfermos psiquiátricos en espera de que se les declare interdictos y un total de citas de medicina general represadas y  cirugías estimadas en 8 mil en todo el país.

LVA: ¿Este problema es nuevo o ya se había presentado antes?  

GGAR: El modelo que teníamos antes consistía en tener un médico las 24 horas cuando la población superaba los mil internos; uno de ocho horas,  cuando el número de presos es menor, y así sucesivamente. Ahora se está contratando con la red hospitalaria y el horario en  la atención médica se redujo en un 50%, lo que provoca el represamiento en cirugías y citas médicas.

LVA: Parecería que no le han prestado atención a las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo cuando dijo que la distancia entre las cárceles y la ciudad a la que pertenece dificulta el traslado de la población enferma a las clínicas y hospitales.

GGAR: El Inpec bajo mi dirección entregó los requisitos mínimos para construir un centro carcelario, lo que pasa es que hay que entender una cosa, primero se construyeron  las cárceles  y luego se dio la expansión urbana,  al punto en que hoy se encuentran de vecinos de un barrio que tienen habitantes que aseguran no querer tenerlos a su lado,  y nos ponen en una situación muy difícil, porque por un lado debemos escuchar sus quejas y por otro pensar en que hay que prever estas urgencias. Una solución podría ser instalar centros de atención en salud al interior de las cárceles.

LVA: ¿La figura de prisión domiciliaria ha servido para mitigar este problema de hacinamiento?

GGAR: Hace unos días revisé  las cifras y vi que estas  se incrementaron. Hay una  queja y es que los presos domiciliarios están sueltos por la calle, pero, ¿qué hago? No le puedo poner a cada domiciliario un guardián. Si el juez estimó que no es un peligro para la sociedad, no tengo porque contrariarlo. Por eso confío  en este señor que  está privado de la libertad, pero en su residencia, porque esta figura de la prisión domiciliaria nos ha salvado de un mayor hacinamiento en las cárceles del país.

LVA: ¿Los  problemas que padece hoy el sistema carcelario  le han hecho considerar la idea de renunciar?

GGAR: Lo único cierto es que algún día tendré que salir de aquí. ¿Cuándo? No sé todavía.

Fotos: UTP | Inpec