Foto: Alejandro Ordóñez, Procurador General | tomada de procuraduria.gov.co
Nadie en Colombia duda de las capacidades intelectuales del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez; sin embargo, esta cualidad, por grande que sea, no le ha servido para ganar simpatías en las mayorías políticas y de opinión en nuestro país, sino más bien todo lo contrario, muy a pesar de que su reelección en el cargo, la que se encuentra en manos del Senado de la República y que es casi un hecho.
Este abogado santandereano, de filiación conservadora, fue elegido en el cargo el 11 de diciembre de 2008 y tomó posesión el 15 de enero de 2009. A partir de entonces, ha asumido posturas frente a diferentes temas, que no solo han encendido el debate nacional, sino que además dejan un mal sabor de la entidad como tal, al introducir sus creencias religiosas en cada posición que, como cabeza de una institución asume. En asuntos como el aborto, la Corte Constitucional lo obligó a pronunciarse a través de un comunicado pidiéndole que si tenía objeciones de tipo moral se declarara impedido para actuar como es lo normal en estos casos, y permitiera que otro funcionario de la Procuraduría asumiera esta tarea.
Aún así, Ordoñez ha hecho caso omiso a la petición de la Corte Constitucional, no solo en lo que tiene que ver con el aborto, sino también en los temas de la comunidad LGBTI, específicamente con la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, argumentando que “frente a los hijos adoptados, en razón del principio de igualdad y de no discriminación, opino que ellos tienen derecho a tener una relación de paternidad y de maternidad con su padre y madre adoptantes, semejante a la que tienen los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, con sus padres biológicos”.
En cuanto al matrimonio a parejas del mismo sexo ha señalado que “los ciudadanos no pueden pedirle a la Corte que condicione o adecúe las Leyes a sus propias interpretaciones, o que sustituya de las leyes, las expresiones que no son de su agrado o conveniencia y, mucho menos, que obligue al Legislador a que dentro de un plazo elabore una norma que proteja sus intereses, advirtiéndole que de no hacerlo, se impondrá esa ‘ley’ por vía de jurisprudencia».
A pesar de la dosis de polémica que suelen tener las posiciones que asume Ordoñez en uso de sus funciones como Procurador, este funcionario ha ganado enormes simpatías dentro del Partido Conservador, desde donde lo proyectan como el candidato de sus preferencias para pelear la Presidencia de la República en el año 2018, según Alfredo Bocanegra, vocero de la bancada en la Cámara de Representantes, “por ser quien mejor interpreta la filosofía de conservación de la vida y la recuperación de la moral pública”.
Alejandro Ordóñez ha sabido sortear con éxito las críticas que han generado sus actuaciones, pronunciamientos y decisiones. Su reelección en el cargo está garantizada, pese al movimiento de opinión que se ha generado en contra suya. A continuación, una mirada a su gestión en el Ministerio Público.
Varios casos han graduado a la administración del Alejandro Ordoñez como contradictoria, no solo por su actuación en la llamada “Yidispolítica”, en el que nadie se explica cómo se castiga a alguien por cohecho, mientras se exonera a la contraparte, cuando como bien lo dice el viejo y conocido y refrán “para bailar el tango se necesitan dos”. Sin embargo, gracias a la presión que sobre la Procuraduría ejerció la opinión pública, el fallo al ex ministro Sabas Pretel de la Vega fue corregido en segunda instancia, en el que se le inhabilitó por doce años para ejercer labores como funcionaria pública.
Asimismo, se puede mencionar el caso de Representante a la Cámara liberal por el departamento del Cauca, Carlos Julio Bonilla, a quien le aplicó una sanción de seis meses sin derecho a salario por haber violado la Ley 80 de contratación durante su período de alcalde en Santander de Quilichao comprendido entre 2004 y 2007, para favorecer a terceros, mientras que por la misma razón destituyó e inhabilitó por varios años a dos ex gobernadores y tres ex alcaldes.
En lo que tiene que ver con los procesos de la llamada “parapolítica”, mientras la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 44 congresistas, el Jefe del Ministerio Público emitió únicamente 11 sanciones disciplinarias, absolviendo al resto, entre ellos a Mario Uribe, Javier Cáceres, Eric Morris, Jairo Merlano, Humberto Builes, Álvaro Araújo, Ciro Ramírez, Luis Humberto Gómez Gallo, Miguel Pinedo, Oscar Reyes y Juan Pablo Sánchez, considerando que estos casos no tenían relación con la función de los miembros del Legislativo, cuando fue precisamente bajo ese mismo concepto por el que la justicia aplicó la pena al tener en cuenta que estos políticos buscaron aliarse con los paramilitares para beneficiarse electoralmente de sus acciones armadas, y, asimismo, emitir leyes desde el Congreso que les fueran beneficiosas a los distintos grupos de autodefensas con los que tejieron pactos.
Ordoñez también parece empeñado en querer demostrar que la llamada “Farcpolítica” es un fenómeno que se dio en dimensiones similares a la parapolítica, sin tener en cuenta las opiniones de académicos que como Claudia López han estudiado estos temas, en donde ha expresado que estos casos se han dado de manera aislada sobre pequeños municipios donde el grupo armado tiene dominio, sin un logro mayor al de obligar al mandatario de turno a seguir sus instrucciones. Sin embargo, Ordoñez se empeñó en demostrar lo contrario, no solo destituyendo a la senadora Piedad Córdoba, sino también queriendo fallar en contra de Jorge Robledo y Wilson Borja, a quienes no pudo destituir por falta de pruebas.
Igual procedimiento se observó en el momento en que la Procuraduría emitió su concepto sobre la segunda reelección del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidiéndole a la Corte Constitucional declarar exequible la ley que daba vía libre al referendo que buscaba un tercer período para el entonces primer mandatario, al no encontrar vicio alguno de procedimiento que diera pie a su inconstitucionalidad, los que si encontró el Alto Tribunal al hacer su examen de constitucionalidad.
Desde el momento en que Ordoñez confirmó su aspiración a ser reelegido para el cargo de Procurador General de la Nación, no han cesado los rumores de clientelismo en el Legislativo y las Altas Cortes para ganar votos a su favor en el primer caso, y ser ternado en el segundo.
El primero en mencionar estos casos fue el columnista de la revista Semana, Daniel Coronell, quien bajo el titular “La Ordoñez – política” menciona los casos de Fabio Yezid Castellanos Herrera, quien se posesionó en el cargo de Procurador Delegado para la Moralidad Pública. Este personaje, según el periodista, pertenece al grupo político de Javier Cáceres. Asimismo, según lo denuncia Coronell, fueron nombrados en altos cargos en el Ministerio Público Rafael Eugenio Quintero Milanés, hermano del magistrado de la Corte Suprema Jorge Luis Quintero Milanés, y Mario González Vargas, amigo del senador y miembro del Directorio Nacional Conservador, Alirio Villamizar.
En igual sentido se ha pronunciado el sindicato de la Procuraduría, Sintraproan, que advierte que no se han seguido los parámetros establecidos en el artículo 185 del Decreto 262 de 2000, que fija los procedimientos en la entidad para proveer vacantes definitivas o temporales, en donde deben privilegiarse para su nombramiento a servidores públicos que han hecho carrera dentro del ministerio público.
Aún así, según el sindicato, la nómina de la procuraduría en el Valle del Cauca es manejada por algunos senadores, entre ellos el presidente del Senado Roy Barreras, quien hasta hace un mes tenía a su esposa ocupando un cargo en la Procuraduría Judicial II en Cali, a través de la cual el congresista movía sus influencias para colocar personas allegadas en el Ministerio Público en cargos de libre nombramiento.
Miembros del sindicato entrevistados por Arcoiris.com.co, que piden reserva de su nombre, aseguran que en estos momentos la recomendación de un congresista es requisito indispensable para ser nombrado en la Procuraduría para cargos de libre nombramientos, especialmente el de “Asesor Grado 24”, donde son elegidas personas que no cuentan con los suficientes méritos y conocimientos en materia disciplinaria y de control interno. Según ellos, allí se encuentran profesionales en arquitectura, odontología, administración y otras profesiones que devengan salarios que se acercan a los 6 millones de pesos mensuales.
En el caso de los procuradores provinciales y regionales, aseguran miembros del sindicato, estos no conocen a profundidad el derecho disciplinario, y que los nombramientos corresponden a recomendaciones de Senadores y Representantes a la Cámara, por lo que estos no demuestran mayor compromiso con el Ministerio Público sino con el padrino que hizo posible su ingreso a la entidad, lo que hace que los resultados de la Procuraduría General de la Nación en materia de lucha contra la corrupción, la defensa del orden jurídico y la lucha por los derechos humanos no sean los mejores.