Foto: archivo CNAI.

La nueva orden de  investigación a políticos y empresarios de la Costa Caribe por posibles vínculos con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),  expedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el pasado 21 de agosto, demuestra una vez más que, por el momento,  el fenómeno de la  Parapolítica difícilmente va a desaparecer de la escena judicial.

En esta ocasión el alto tribunal no solamente solicitó indagar las supuestas relaciones de caciques electorales y políticos de los departamentos de Magdalena, Córdoba y Atlántico, sino que además ordenó investigar hasta dónde estas relaciones terminaron con la captura de las rentas regionales, como las de la salud, que fueron las más codiciadas.

No es de extrañar entonces que la Corte Suprema pida investigar por la contratación en el sector Salud, luego de que se dio la cita conocida con el nombre de “Pacto de El Difícil”, en el departamento del Magdalena, si como bien lo pudo establecer la Corporación Nuevo Arco Iris en la investigación titulada “La Economía de los Paramilitares”.

Pero no sólo fue se dio el “Pacto de El Difícil”, también hubo otras reuniones en Pivijay y Chivolo, donde Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40′, establecío la mecánica electoral a través de la cual se elegiría a  los alcaldes de  Pivijay,  San  Ángel,  Algarrobo,  Zapayán,  Remolino,  Chivolo,  Salamina  y  Ariguaní, los cuales a su vez asumieron el compromiso de   asegurarle  la  votación  al aspirante a la Cámara de Representante,  José Gamarra,  y  éste a  su  vez  se  los endosaría  a Dieb Maloof,  con el fin de que  cuando éste llegara al Congreso conseguiría recursos  de inversión social y les  daría participación a sus socios.

Según los resultados de la investigación sobre la paraeconomía, Dieb Maloof, desde su cargo de Senador de la República, fue  el encargado de manipular las leyes que permitirían hacerse a los recursos de la salud girados a la Costa Atlántica. Para llegar a tal fin, el político costeño, en compañía de su colega Eduardo Benítez, promovió cambios desde el Legislativo al sistema de salud a partir del año 2003.

Las nuevas decisiones de la Corte Suprema de Justicia involucran a buena parte de la clase política de la Costa Atlántica, quienes se habrían asociado a paramilitares de las Auc. Esta decisión renueva el tema de la parapolítica en el país y le da permanencia.

Tales cambios permitieron dar rienda suelta a los amigos, quienes, a partir de ese entonces,  pusieron sus ojos en los recursos de la salud, entre ellos los paramilitares, que, unidos con empresarios y políticos locales, utilizaron  la figura de contratación a través de  cooperativas de trabajo asociado, aprovechando  el reordenamiento territorial que dio el nuevo  sistema de salud, luego de la conversión del Instituto de los Seguros Sociales a Empresa Social del Estado (ESE).

Para el caso de la Costa Atlántica, según el documento de Nuevo Arco Iris presentado a la opinión pública en 2011, el cambio que promovió Dieb Maloof desde el Legislativo, quien se encuentra en la nueva lista de políticos que la Corte Suprema de Justicia recientemente ordenó investigar, fue utilizado por alias ‘Jorge 40’ para hacerse a los recursos de la salud a través de trece cooperativas de trabajo, gerenciadas por amigos y personas que de una u otra forma le eran  cercanas tanto a él como al entonces Senador.

De esa manera se desangró la Ese José Prudencio Padilla, la que no demoró en presentar  problemas de liquidez, al punto que obligó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez ordenar su  liquidación a través del Decreto 2505 de 2006.

El del José Prudencio Padilla es tan solo uno de los casos de unión entre empresarios, políticos y paramilitares a los que la Corte Suprema de Justicia le sigue la pista y ordenó investigar, no solo por su maridaje, sino por las consecuencias económicas y sociales.

Esa investigación se da en desarrollo de una decisión de la Corte de revisar la situación  de un extenso número de congresistas y políticos locales, algunos de los cuales ya tienen indagación previa, como los senadores Armando Benedetti, Dieb Maloof y David Char.

El máximo tribunal de justicia fundamentó su decisión en los testimonios de Edgar Ignacio Fierro, alias ‘Don Antonio’, José del Carmén Gélvez, alias ‘El Canoso’, y Mario Rafael Marenco, alias ‘El Gordo’, para abrir investigación de manera preliminar a los senadores  Armando Benedetti, Álvaro Ashton,  José David Name.  En la Cámara de Representantes, serán investigados Jaime Cervantes,  Luis Eduardo Diasgranados y Eduardo Crissien.

En el nuevo listado se encuentran también políticos como David Char Navas, Mario Varón Olarte Jorge Gerlein, Tarquino Pacheco,  actual embajador en Aruba y Alonso Acosta , entre otros.

/ Por Oscar Sevillano