Política de desarrollo agrario integral en la mesa de diálogo

Foto: Archivo revista Arcanos | cortesía Semana.

/ Por Germán Darío Valencia Agudelo*. Desde la aparición de la hoja de ruta y luego de la agenda de negociación ha habido un consenso en la opinión pública de que poner el tema de la política de desarrollo agrario como primer punto en la mesa de diálogo es una decisión acertada. La cuestión rural ha sido por excelencia el tema de las Farc. A esta agrupación guerrillera se le asocia con una lucha por el campo: nació como autodefensa campesina en 1964, luchando por la tierra; su accionar militar ha estado siempre en las montañas y valles colombianos y sus hombres son en la mayoría campesinos; además, justifican su guerra contra el Estado en los graves problemas de pobreza, exclusión y desigualdad del sector rural. Esto lleva a afirmar que al discutir el desarrollo rural se estaría abordando lo sustancial de la negociación.

Adicionalmente, el abordaje de la cuestión rural como primer punto de la agenda tiene una gran ventaja: de lograrse consenso sobre el tema, se podría abordarse con mayor facilidad los otros cuatro puntos de la agenda. Las Farc tendrían un programa político más claro que le permitiría buscar la representación en el Estado de campesinos e indígenas, defendiendo sus intereses y cultura rural; también se habría abordado el tema de las víctimas (cerca de cuatro millones de desplazados), pues la mayoría proceden del campo y muchas de ellas buscan una devolución de tierras despojadas y programas de apoyo económico para el sector rural; igualmente, el tema de los cultivos ilícitos tendría que haberse tratado, si se piensa en el uso alternativo de la tierra y sustitución de cultivos.

En síntesis, discutir el desarrollo rural integral como primer punto de la mesa es clave para el éxito de las negociaciones, pues se estaría abordando lo sustancial y además se habrían logrado consensos sobre los otros cuatro puntos de la agenda. Sin embargo, como se ha visto hasta el momento, se anuncian graves choques sobre este tema en las negociaciones. Sabemos, por la propuesta de Ley de Desarrollo Rural, más o menos qué será lo negociable por el Estado; sin embargo, no conocemos la propuesta que llevará las Farc a la mesa. Lo cual estimula la especulación e invita a hacer llamados de manera anticipada.

Desde el inicio de su Gobierno, el presidente Juan Manuel Santos viene trabajando en un proyecto de Ley de Desarrollo Rural, que consiste en una política de restitución de tierras, que hasta la fecha no se había realizado en Colombia; un formalización de la propiedad agraria (distribución de la tierra); y un programa de desarrollo agrario equitativo (llamado Desarrollo Rural con Equidad –DRE–) que trabaja en una asistencia técnica y financiera a pequeños y medianos productores, en temas de riego y drenaje. Adicionalmente, incluye aspectos como la educación, salud y bienestar social que son componentes claves para el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos colombianos.

Pero tal vez lo más importante de la propuesta de ley es el enfoque territorial que plantea. Que está contenido en el acuerdo inicial entre las partes. El Estado es consciente que, históricamente, el desarrollo rural se ha pensado desde el centro, diseñando  y ordenando políticas económicas desde el Gobierno Nacional. La actual propuesta se enfoca en las regiones, que sean ellas las que planifican su desarrollo e incidan en sus decisiones; pues son las regiones las que harán las políticas públicas. De esta manera, el Estado busca frenar el avance del atraso y la marginalidad al que están sometidas las zonas rurales, a través de mejoras en servicios sociales y públicos, tanto de calidad como de cobertura, de infraestructura y de mayores posibilidades para mejorar los ingresos de la población rural. Como se ve, esta propuesta busca equilibrar el modelo económico, no acabarlo.

Discutir el desarrollo rural integral como primer punto de la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las Farc es clave para el éxito del proceso, pues se estaría abordando lo sustancial; sin embargo, hay profundas diferencias entre las partes

Por su parte las Farc llegan a la mesa sin una propuesta precisa. Al parecer trabajarán con su programa agrario, que ha sido la bandera de su lucha desde la década de 1960. Allí tocan el tema de la propiedad de la tierra (formalización de la propiedad de la tierra) y la expropiación de latifundios; también proponen una entrega de tierra a los campesinos pobres (democratización del acceso a la tierra); y proponen programas de desarrollo rural en zonas de clara influencia guerrillera, regiones apartadas donde quiere mostrar los efectos positivos de sus acuerdos. Todos estos temas sensibles pero, seguramente, contemplados por el Estado, y que la guerrilla no estará dispuesto a dejar.

Sin embargo, también las Farc discutirán el modelo agropecuario colombiano. Criticarán la apuesta del Estado por la agroindustria, el aprovechamiento del campo para la producción de bienes para la exportación y la aplicación de tratados de libre comercio. Como se anunció en la primera rueda de prensa, los negociadores de la guerrilla buscarán discutir tanto el uso del suelo, como del subsuelo y del aire; seguramente se discutirá mucho sobre la apuesta que le hace el Estado a la minería como una de sus locomotoras de la prosperidad y a su desbordada adjudicación de títulos mineros. Es decir, las Farc aprovecharán este primer punto para discutir el modelo de desarrollo económico y social colombiano, lo cual no es compartido por los negociadores del Gobierno.

Dada que las partes negociadoras han hundido sus barcos, al decir que no se pararán de la mesa hasta no llegar a un acuerdo final, lo más seguro es que busquen un equilibrio. Éste podría lograrse si la guerrilla no pide cambiar el modelo agroexportador  y minero al que le apuesta el Gobierno, y acepta un apoyo compartido entre agroindustria y economía campesina. El Estado por su parte, tendrá qué pensar en modificar el proyecto de ley, enfatizando en el desarrollo alternativo de las comunidades, la regulación del uso del suelo y subsuelo y la explotación minera, la seguridad alimentaria y la producción de alimentos transgénicos, la conservación de recursos naturales y la reparación ambiental a causa de los daños que el conflicto le ha causado a la tierra, los derechos de los pueblos a la propiedad y uso del agua y el apoyo adecuado de financiamiento de la política rural como la creación de fondos parafiscales para el campesinado y el desarrollo de infraestructura para la producción agropecuaria.

Todo esto es probable de firmar y alcanzar si las partes se comprometen, máxime cuando se tiene un punto a favor, y es una propuesta de ley que viene siendo consultada, modificada, enriquecida y cada vez más aceptada por la sociedad colombiana. Es muy factible que el Gobierno introduzca lo acordado en la mesa en el proyecto de ley. Este aspecto sin duda hará que se aceleren las negociaciones (aunque también que se atrase la presentación de la ley). Pero lo más positivo de todo es que la discusión sobre la cuestión rural será una buena oportunidad para trabajar un tema que ha sido abandonado por años de la agenda pública y que sin dura será clave para comprender a dinámica del país en este resto de siglo.

De lograrse un acuerdo final que contenga estos temas, se estaría pactando sobre lo fundamental, se avanzaría en el tema de la seguridad humana, el cambio institucional para el desarrollo rural y configurando una política integral de tierras. Todos ellos componentes de una paz sostenible. Además, se estaría saldando una deuda histórica que tiene la sociedad colombiana, tanto con el sector rural como con sus pobladores, que son los más pobres del país. Deuda que se comenzaría a pagar con un acuerdo final de paz y que se espera saldar en el mediano plazo.

* Germán Darío Valencia Agudelo, Profesor del Instituto de Estudios Políticos, Grupo de investigación Hegemonía, guerras y conflictos, Estudiante del Doctorado en Estudios Políticos Universidad Externado de Colombia

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