¿Qué podemos pensar de las conversaciones entre el Gobierno y las Farc?

Foto: Las Farc durante los diálogos del Caguán en 1998 | archivo CNAI.

/ Por John I. Laun*. Comenzaron las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en Oslo. Obviamente queremos que esas conversaciones conduzcan a una paz justa y duradera. Pero hay algunas razones fundamentales para creer que esas conversaciones se puedan prolongar y la paz en el campo colombiano esté todavía lejos. Hace unas pocas semanas el Presidente Juan Manuel Santos indicó, y lo ratificó su principal negociador Humberto De La Calle, que el gobierno desea concluir el acuerdo de paz dentro de pocos meses.

Esto es irrealista dada la dificultad de los temas que deben ser decididos si se quiere obtener una paz duradera. Una reforma agraria significativa, la cual se ha discutido y debatido por décadas sin ningún resultado, es el primer punto de la agenda de las conversaciones. Pero la negociación sobre este punto no será corta ni fácil. La titulación de las tierras rurales con toda seguridad será un tópico controvertido, porque literalmente millones de personas fueron forzadas a dejar sus tierras o han vivido y cultivado esas tierras sin título definido. En otros casos, sus tierras fueron tomadas por fuerzas paramilitares o por grandes terratenientes vecinos y los títulos se asignaron a los usurpadores. O las tierras no fueron escrituradas adecuadamente y no existe una descripción legal confiable para ellas. Determinar quién tiene los derechos a cada una de esas parcelas y qué título les corresponde será una tarea monumental.

¿Y que pasará con las tierras que son propiedad colectiva de comunidades indígenas o Afro-colombianas? Los planes de desarrollo de la administración Santos están orientados a que estas tierras estén disponibles para minería y otras actividades. Una política sensible de tenencia de la tierra debería más bien reconocer la autoridad de estas comunidades con el fin de que se mantengan sus tierras comunales y de esta manera, en la mayoría de los casos, se ayudaría a mantener la delicada ecología de las áreas donde están localizadas.

Detrás de estas preguntas acecha la sombra de una realidad problemática: el gobierno de Santos se enfoca sobre una así llamada “locomotora minera”, cuya característica principal es que propone un desarrollo minero en gran parte del país. Inversionistas extranjeros y compañías multinacionales están siendo invitados bajo condiciones extraordinariamente convenientes a sus intereses, para que desarrollen los recursos minerales del país – oro, plata, carbón,  coltán y níquel entre otros –y reservas petroleras, de modo que produzcan riquezas rápidamente.

El desarrollo rural integral es el primer punto en la agenda del Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Un tema complejo que genera varias preguntas. Una de ellas: ¿cuál será  el futuro de los territorios de titulación colectiva, apetecidos por sus riquezas naturales?

Todo esto sucede en un país con una de las  distribuciones más inequitativas de la riqueza en América Latina. Casi con seguridad va a enriquecer los portafolios de los colombianos más ricos y dejará a la gran mayoría de los colombianos  en la pobreza. La impaciencia del gobierno de Santos para llegar a un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc se debe a su determinación de desarrollar esos recursos minerales rápidamente. Los inversionistas extranjeros  preguntan sobre la seguridad en áreas donde hay presencia guerrillera. Como es el caso por ejemplo de la región de los llanos orientales, donde es imposible explotar unas tierras con grandes depósitos minerales porque la guerrilla lo impide, y el ejército de Colombia realmente no tiene una presencia significativa en esas áreas.

¿Y qué decir de la presencia de las fuerzas paramilitares en muchas regiones del país? ¿Como van a manejar este tema en la mesa de las negociaciones de paz? El presidente Santos, tanto como su predecesor, Álvaro Uribe Vélez, han promovido la fantasía de que los paramilitares ya no existen, que estos se desmovilizaron y que lo que permanece son las llamadas  “bandas criminales” o “bacrim”. En muchas áreas del país, incluyendo a Urabá, donde nuestra comunidad hermana con el Condado de Dane en Wisconsin, la Comunidad de San José de Apartadó, está localizada, la estructura paramilitar permanece en pie y tal y como se hacía antes de que ocurriera la supuesta “desmovilización”. El ejército colombiano continúa colaborando con esas fuerzas para asesinar  y amenazar a los campesinos residentes en el área.  Y las corporaciones multinacionales continúan pagando a esas fuerzas paramilitares para hostigar, amenazar y asesinar a aquellos que tratan de defender su tierra y su manera de vivir.

El paramilitarismo fue una estrategia del estado colombiano, parece que por sugerencia del gobierno de los Estados Unidos, a través de la misión militar Yarborough que en 1962, según se ha reportado, le propuso al gobierno de Colombia lograr el control de las áreas rurales creando una estructura paramilitar. Parte de la impaciencia del presidente Santos para obtener un acuerdo de paz con las guerrillas es la presión de los inversionistas internacionales, casi con seguridad apoyados por el gobierno de los Estados Unidos. Hace unos días la Secretaria de Estado, Hillary Rodham Clinton, reafirmó el interés estratégico de su gobierno para proteger el acceso a los recursos minerales con el fin de fortalecer la economía de su país.

Mencioné solo un tópico relacionado con las conversaciones de paz. Pero hay otros – entre ellos, como compensar a las victimas del conflicto armado; como debe ocurrir la desmovilización para que sea efectiva; y como manejar el tema del narcotráfico, que es endémico en Colombia – para los cuales es muy difícil encontrar una solución adecuada. Fue significativo que el vocero de las Farc, Iván Márquez, mencionara  algunos movimientos populares que han desafiado exitosamente a los intereses de multinacionales apoyadas por el gobierno colombiano – entre ellos Santurbán y Marmato, en los cuales Colombia Support Network ha tenido presencia – porque después de todo, una paz verdadera no se puede alcanzar si no se responde positivamente a estos temas que son importantes para esas valerosas comunidades.

Si el gobierno colombiano, la guerrilla de las Farc y los representantes de los paises acompañando las conversaciones de paz – Chile, Cuba, Noruega y Venezuela –  no comprenden que para llegar a una paz duradera se necesita una solución justa a los problemas discutidos en las conversaciones, aun si se toma un tiempo largo para hacerlo, este esfuerzo puede fracasar. Tengamos la esperanza de que se llegue a un compromiso alcanzado con mente clara para solucionar todos los asuntos en una forma íntegra  y justa por parte de todos los participantes en ese proceso de paz.

* JOHN I. LAUN, de nacionalidad estadounidense, maestro de Ciencia Polìtica, es fundador y líder de Colombia Support Network una Red de ciudadanas y ciudadanos estadounidenses de apoyo a comunidades en Colombia que trabajan por sus derechos y la construcción de un orden justo, sin violencias.

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