La voz de los invisibles en el Meta

Imagen: cortesía revista Cambio.

Hablar de un proceso de negociación de la paz tiene muchas implicaciones y más cuando se trata de un contexto tan complejo. La multiplicidad de factores y de actores que intervienen en el conflicto histórico Colombiano teje intrincadas redes y prácticas de  violencia desde la cultura, la falta de acceso a las libertades sociales, políticas y económicas, la carencia de oportunidades sociales, la amplia brecha de desigualdad y deslegitimación de las instituciones políticas y de gobernanza, etc., son factores que si bien no justifica la toma de de las vías de hecho, si las explica.

Los habitantes de los municipios de La Macarena, Mesetas, Puerto Rico, Vista Hermosa y Uribe al sur del departamento del Meta son testigos directos de la historia de este  conflicto. Su territorio es considerado fortín militar, económico y social de las FARC, por muchos años fue escenario de grandes estructuras armadas que albergó a varios integrantes del Secretariado del Estado Mayor de esta guerrilla.

A portas de una posible negociación de la paz, los y las ciudadanas de estos municipios expresan bastantes inquietudes en torno a los costos sociales y económicos que traería consigo un intento de dejación de las armas por esta guerrilla. Pero lo que más inquieta es la poca participación que tiene la ciudadanía en dicho proceso.

Y es que estas personas son conscientes de las consecuencias que traen consigo las decisiones cuando la voz de la ciudadanía no es tenida en cuenta. Esto lo hacen explícito cuando expresan directamente que el despeje de sus municipios, en el marco de las negociaciones de paz en 1999 bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se tomó sin su consentimiento:

“La problemática que se ha presentado en este municipio yo creo que todo el mundo  lo sabe, el directo responsable fue el presidente Pastrana… porque fue él quien estregó este municipio, no solamente este, entregó los 51 municipios, que los más afectados fue los 6 municipios del plan de consolidación.  Quien lo entregó, el Estado, o sea el gobierno porque el estado somos nosotros, nunca concertó con la comunidad si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo… En el mandato del presidente Álvaro Uribe cuando se acabó la Zona de Distención, ya vino la arremetida ahí si fue que ya a tocar con la población, cuando a la población nunca la tuvieron en cuenta… (sic)” Ciudadano del Municipio de Mesetas – Meta

Por eso, cuando tienen la oportunidad de hablar no lo dudan, y expresan con entusiasmo que vale la pena intentarlo, y así, desnudan sus vidas y temores frente a la grabadora, trayendo recuerdos dolorosos, sonidos de disparos que no olvidarán, gritos de desespero, pero a la vez anhelos de paz, de no repetición; no quieren juzgar, quieren aportar desde su experiencia para que la paz más que una negociación, sea una construcción social.

En el marco del proyecto Recomendaciones para la Construcción de Paz desde un Enfoque de Derechos” desarrollado por la Corporación Nuevo Arcoíris con el apoyo del Programa de Derechos Humanos de USAID, ilustramos a continuación  parte de las opiniones de los habitantes  de los municipios  frente a las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero de las FARC.

Las voces de los silenciados

Un gran porcentaje de la población ha sido víctima de forma directa e indirecta del conflicto armado, ya sea desde la pérdida de un familiar hasta cargar con el estigma de ser considerado  auxiliador de los grupos armados legales e ilegales. Las constantes violaciones de los derechos humanos que trae como consecuencia el conflicto armado, les da el carácter de víctimas a los habitantes de este municipio, la parte que sufre y que es directamente afectada por las acciones de la fuerza pública y la guerrilla.

Pero no sólo el conflicto trae consecuencias en el devenir de sus vidas, los intentos de negociación y paz influyen de la misma manera en la mutación del conflicto y las nuevas formas de violencia. Por esta razón, y teniendo la experiencia previa de intentos de acercamiento entre el Estado y la guerrilla de las FARC, desde mediados de los años 80 con Betancur y Barco, con Pastrana finalizando la década de los noventa y posteriormente con la desmovilización de los grupos paramilitares, los habitantes de la región se sienten con la facultad de solicitar ser tenidos en cuenta para ayudar e incidir en los acuerdos y soluciones que en la mesa de negociación puedan surgir.

Entre los mayores temores que manifiestan los y las ciudadanas es la retoma del poder y el fortalecimiento económico y militar de la guerrilla tal como sucedió en la Zona de Distención,  argumentando que el control civil, político, económico y hasta la administración de justicia partía de las decisiones que tomaran los jefes guerrilleros, donde los derechos eran vulnerados por los fallos arbitrarios que impartían de acuerdo al comandante de turno:

“El poder definitivamente lo manejaban ellos, entonces ellos, se financiaban con la extorsión que le hacían a los comerciantes, patrullaban como ya lo dije, las calles del municipio.  Decoraban el ganadero con la cabeza de ganado que tenía en su finca. En ese tiempo era mucha coca en Puerto Rico, entonces le hacían unos cobros de algunas vacunas al campesino por la arroba de una que cogiera o por kilo de coca que sacara. Intervinieron mucho en las vías terciarias, al otro lado del rio, sacaban la gente a trabajar semanalmente. ” Ciudadano del Municipio de Puerto Rico Meta.

De igual forma las libertades civiles se vieron coartadas, primero porque la libre circulación de ciudadanos y ciudadanas estaba sujeta a la normas impuestas por la fuerza, y segundo, la participación en los escenarios proselitistas era obligatoria, espacios que fueron utilizados por las FARC para intimidar e incidir en las acciones diarias de los pobladores.

Por otra parte y de manera paradójica surgió un fenómeno de paralelismo o cogobierno, donde los actores armados para tener el control total de la población,  instituyeron una “cédula” obligatoria para todos los habitantes de estos municipios. En este sentido y para poder movilizarse por el territorio debía presentar dicho documento en los controles impuestos por la organización armada.

Otra de las acciones que reforzaba el control, tanto del territorio como de los habitantes, fue  el de obligar a la población a afiliarse al “libro de afiliados” de las Juntas de Acción Comunal de cada vereda, vulnerando nuevamente las libertades de los ciudadanos y por ende los procesos democráticos.

Además, uno de los resultados que mayor impacto generó para el conflicto fue el fortalecimiento económico y militarista que tuvo la guerrilla de las FARC en tiempo de despeje, factor que encrudeció la guerra en el pos despeje y en la recuperación militar, ya que la fuerza pública se encontró con una guerrilla fortalecida y dispuesta a no ceder territorio.

Este proceso intensificó la violación de los derechos humanos para los habitantes de los municipios, ya que por el simple hecho de habitarlos, cargaban con el estigma de milicianos o colaboradores de la guerrilla, siendo víctimas de las agresiones de la fuerza pública y de los actos de criminalidad que trajo posteriormente la llegada de los grupos paramilitares y de autodefensas posterior a la ocupación militar.

¿Perdón y olvido? El papel de las víctimas y los victimarios  en la negociación de la paz

La impunidad es un factor común en los escenarios de conflicto. El temor de los ciudadanos y las ciudadanas son las concesiones que en términos penales el Estado debe dar a los victimarios en un marco de justicia transicional para lograr el acuerdo, y que los delitos cometidos queden en la impunidad, o peor, queden invisibilizados y no haya la capacidad para responsabilizar penalmente a los autores intelectuales y materiales de las diversas violaciones a los derechos humanos cometidas por la FARC. Por esta razón es común encontrar las inquietudes que generan el papel de las víctimas en el desarrollo de este proceso, y queda claro cuando expresan que es necesario: “Tener en cuenta a la población de las  víctimas, porque el gobierno está en diálogos de paz y a la población no la tuvieron en cuenta…”

Las víctimas del conflicto en el departamento del Meta, tienen algo que decir. Estas son algunas de las inquietudes sobre el proceso de paz con las Farc.

La experiencia de una desmovilización de los grupos de autodefensas, bajo un esquema de justicia transicional  donde los pilares de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición no se han materializado, y esto sumado a la baja capacidad del Estado colombiano en ofrecer garantías reales a la ciudadanía y a la reintegración social y productiva de los ex combatientes en estos procesos son factores que hoy en día los habitantes del sur del Meta tienen presente.

Inclusive, la población ha sido testigo de que la desmovilización paramilitar fue un eufemismo; a pesar de contar con beneficios judiciales se evidenció y se está evidenciando la capacidad de estos grupos de delinquir desde la legalidad o desde la reorganización de otras estructuras delincuenciales y criminales:

“Eso es un proceso que nosotros, yo personalmente lo he visto desde muy lejitos, pero que si somos conscientes de que existen aún residuos de estos ahora llamadas ERPAC, en el municipio presencias muy fugaces, entran – salen pero que con las autoridades de policías y militares no se ha podido tener la información completa para hacer una judicialización de alguno de ellos. Pero si sabemos que hay presencia de estos grupos de una forma fugaz en el municipio.”  Ciudadano del Municipio de Puerto Rico, Meta.

Las partes del conflicto                                                                                                                   

En Colombia la deslegitimación y no reconocimiento de los actores en conflicto ha sido una estrategia de desprestigio. Si bien las FARC es la estructura armada ilegal con mayor influencia social y poderío en dominio de territorio y fortaleza militar en el sur del Meta, no es el único actor en conflicto. La influencia de otros grupos, en especial los reductos de las autodefensas y las bandas criminales es decisiva a la hora de la construcción real de la paz. Además, no es un secreto que el conflicto tiene una variable determinante que se configura en el control del narcotráfico, donde los actores: grupos guerrilleros, reductos paramilitares y bandas criminales y los narcotraficantes participan desde el cultivo, la producción y la comercialización, trayendo consigo intereses y ambiciones económicas que dificultan la dejación de las armas, y en tal caso, la reintegración social y laboral.

Aunque los cultivos ilícitos en el Meta en los últimos años se han reducido, la importancia del departamento en la cadena del narcotráfico se circunscribe a la construcción de cristalizaderos y el control de las rutas fluviales entre los departamentos de Vichada, Caquetá y Guaviare. Y continúa como una actividad fuerte en la medida en que se configura en la forma de sostenimiento económico de muchas familias que no tienen otras formas de sustento:

“Incluso se le ha hablado directamente  a los señores del ejercito que ha hecho presencia en la zonas, donde ha habido coca, y se le ha planteado que porque a los campesinos no se les deja  tener la coca, y sembrar cultivos de caucho, y medio cultivito de coca, para que cuando el caucho comience a dar, una propuesta que nadie puede tener una hoja de coca. Entonces sería una visión a siete años y que es bien compleja y que se le ha hablado a la gente del ejército y que les da risa, pero que el pueblo pensaría en una figura de esas…” Ciudadano del Municipio de La Macarena

En la región de la Macarena, en especial en los municipios que hacen parte de la Política de Consolidación Territorial, si bien se han tenido avances significativos en términos de gobernabilidad durante la última década, aún existen ambigüedades en el discurso que pone en duda la legitimidad y la confianza del Estado sobre todo en lo relacionado con el cumplimiento de los proyectos priorizados por la ciudadanía en el territorio.

La división de las FARC y la posible desmovilización

Uno de los temas que más generan inquietud en los habitantes de estos municipios son los constantes rumores de la división interna que existen en las estructuras de las FARC presentes en los municipios. La posible fragmentación de grupos disidentes que no estarían de acuerdo con un proceso de desmovilización y que expresan no someterse y continuar con la lucha armada:

“Algunas veces nos encontramos algunos mandos guerrilleros así, ellos pasas sobre la vía y lo frenan a uno, y a veces en medio de eso lo retienen a uno dos horas una hora… ellos lo que manifiestan es que no hubo un consenso interno sobre el grupo negociador y el grupo que está en campo, que está en la guerra, y que a ellos en ningún momento les avisaron que iba a ver un proceso de paz para ellos desmovilizarse. Hay un gran, gran número, estamos hablando de un 60 o 70 por ciento que no está de acuerdo con los diálogos. .. Lo que se murmura es que si hay una aceptación de los diálogos ellos no dejarían las armas, entonces ahí va a ver una división interna de las FARC.  Ciudadano del Municipio de La Macarena

Además, manifiestan que las características y dinámicas de grupos disidentes podrían garantizar las condiciones  para continuar delinquiendo en las zonas, ya que cuentan con el poder militar y económico para seguir controlando el territorio y las actividades económicas lícitas e ilícitas que en él se den.

La contrapartida, y otro de los temores latentes de la población es la reintegración económica, social y política de los excombatientes, y las garantías que el Estado brinde para que estas personas tengan la motivación para hacer parte del proceso y para no regresar a las armas:

” El gobierno tiene que haber tenido esa alternativa, cuando se lanzó esa propuesta  de reinserción ya debería tener algún programa donde a esa gente se le hubiera podido prestar una atención, porque de todas maneras a esa gente si no se le presta atención clara van a seguir siendo peores que ni si quiera  guerrilleros, porque esta gente ya sale con una visión de que por medio de las armas se pueden lograr muchas cosas, entonces como no están en las filas, están prácticamente  libres de cualquier requerimiento o de cualquier situación de disciplina, entonces van a optar por unas condiciones de hacerle  daño a la sociedad”. Ciudadano del Municipio de La Macarena

El fortalecimiento Institucional y la garantía de derechos, el camino hacia la Paz

Teniendo en cuenta los anteriores puntos, los habitantes de esta región del Meta afirman que más que un desarme, la construcción de la paz demanda un cambio estructural desde el Estado, con políticas públicas orientadas a la erradicación de la pobreza y la reintegración social y productiva de futuros ex combatientes en unos marcos de justicia y garantía de no repetición. Cuando se les pregunta sobre las recomendaciones para el proceso de paz refieren y explican mucha de la presencia de grupos irregulares donde el Estado no ha consolidado su presencia:

“Falta de presencia institucional. Puerto Rico, ha sido un fuerte en el cultivo de la coca. Si uno se pone a revisar el contexto del municipio, el perímetro del municipio, uno revisa que la guerrilla está actuando en el sector donde no hay tanta presencia institucional, donde no llegan las carreteras, donde no hay puentes, donde no llega un proyecto productivo, donde no hay una posibilidad de que un campesino se proyecte como un productor activo, competitivo a los mercados nacionales, donde no hay una oportunidad de que los niños puedan acceder a una carrera educativa más amplia.” Ciudadano del Municipio de Puerto Rico

Las reivindicaciones y las necesidades sentidas requieren de la respuesta Estatal idónea para dar las garantías de pleno ejercicio de los derechos a los y las ciudadanas. Las y los líderes sociales son conscientes de las problemáticas económicas, sociales y políticas que deben enfrentar muchos de los habitantes estas zonas donde el Estado no presenta una oferta institucional pertinente y completa, estos escenarios son propicios para la generación de las lógicas de subversión y violencia:

“Hasta que no haiga(sic) la ejecución plena de los planes de desarrollo, no va a haber paz, porque allí están los derechos de los niños, de los adultos mayores, de los discapacitados, de las madres cabezas de hogar, de la infraestructura, del desarrollo agropecuario, de todos los programas, cuando eso se cumpla se están garantizando los derechos humanos, cuando eso se cumpla, hay paz” Ciudadano del Municipio de – Mesetas Meta.

Nota: los nombres de los entrevistados fueron omitidos por solicitud de los mismos.

* Este artículo se desarrolló en el marco del proyecto “Recomendaciones para la Construcción de Paz desde un Enfoque de Derechos, en 9 Municipios de los Departamentos de Cauca, Nariño y Meta”, apoyado por USAID/Chemonics International.