En la mañana del 26 de junio se llevó a cabo la presentación de la investigación “Recomendaciones para la construcción de paz desde un enfoque de derechos en nueve municipios de los departamentos de Cauca, Nariño y Meta”, realizado por el Observatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris. Durante este espacio, varios líderes sociales y autoridades locales de cada uno de estos departamentos tuvieron la oportunidad de exponer la percepción que tienen sus comunidades sobre los diálogos de paz y cómo asumirán el posconflicto.

El primer punto de debate fue el desarme y desmovilización de la guerrilla. Ariel Ávila, investigador de la fundación Paz y Reconciliación, explicó que del estudio se concluye que las regiones del país no están preparadas para un posconflicto: existe una gran debilidad institucional en los municipios, hay una baja capacidad administrativa, y el Estado tampoco se ha preocupado por prepararlos. Así mismo, Andrés Ardila, coordinador de víctimas de Mesetas, Meta, argumentó que en su municipio, donde hay 1291 víctimas, es importante resolver los problemas sobre la concentración de la tierra y garantizar la verdad política por parte de quienes se desmovilicen.

Otro de los retos del proceso de negociaciones que se discutió fue la capacidad del Estado para consolidar la paz. Claudia López, investigadora y analista de la Fundación Paz y Reconciliación, alertó que las decisiones que construirán la paz están en manos de la sociedad y no de los actores que dialogan en La Habana y que es necesario que el Estado, los empresarios y la cooperación de EE.UU. que invirtieron en la guerra ahora inviertan en la paz; finalizó diciendo que tiene que haber un mínimo compromiso de no ser torcidos en esta negociación no solo de parte de las Farc sino del Estado Colombiano.

“Lo que los amigos del presidente Santos, empezando por su hoy embajador en Washington, han hecho para legalizar el robo de tierras es un robo no a mano armada, es un robo a institución armada, entre bufete de abogados e instituciones del estado. Las hectáreas que se han robado por esa vía para que las puedan usar multinacionales y empresarios colombianos, violando todas las normas de desarrollo agrario, lo que ha hecho el santismo en el Vichada es 5 veces en magnitud a lo que hizo el uribismo y el paramilitarismo en Chocó. Eso ser torcidos.”

Por su parte, Alejo Vargas, coordinador del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional, aseguró que “hoy deberíamos estar pensando en el posconflicto y creo que solo las Fuerzas Militares y la Policía lo están haciendo”.

Finalmente, se dialogó sobre los efectos negativos que puede tener la firma de la paz en las comunidades sino se traslada lo acordado a la discusión particular en las regiones. Feliciano Valencia, líder indígena Nasa, resaltó su preocupación por los comandantes guerrilleros de procedencia indígena y quien los va a juzgar, las milicias que no entren al proceso de negociación como se van a comportar, los mecanismos económicos y al desmovilizarse quienes quedarían al frente. El tema de las reservas campesinas versus las comunidades ancestrales, las garantías que tendrían los gobiernos autónomos y sobre el mecanismo de la refrendación de los acuerdos, consideró Feliciano, son los riesgos mas relevantes.

Durante el debate hubo una amplia participación de los líderes de los nueve municipios estudiados. Varios de ellos reiteraron que las comunidades sienten desconfianza de lo que puedan prometer las partes en La Habana, pues algunas poblaciones han sido estigmatizadas y han vivido en un abandono estatal durante muchos años.