La Habana, Cuba, sede
de los diálogos de paz, agosto 6 de 2013

Sobre un Marco Jurídico fuera de contexto
(Primera reflexión)

La definición de un Marco Jurídico para la Paz, es asunto que se ha venido debatiendo hace ya varios meses por diversas instancias de los poderes del Estado, incluso presentándose planteamientos a veces contradictorios entre unos y otros, los cuales por ser de tan reciente publicación y propagandización, no es del caso recordar en el presente pronunciamiento.

El punto es que, aparentemente, la Corte Constitucional ha dejado entrever que se pronunciará sobre el mencionado Marco Juridico a finales de agosto. Pero, valga precisar que jamás nuestra contraparte en la confrontación consideró tomar en cuenta los planteamientos que tiene la insurgencia sobre el tema de la juridicidad o de los parámetros de la llamada transición a un estadio posterior a la firma de un Acuerdo final de paz o, más aún, para la antesala de esa época.

Si en realidad se busca la paz, el solo sentido común indica que una conceptualización para tal construcción debe ser producto de análisis y decisiones conjuntas, sobre todo si tomamos en cuenta que los diálogos que se adelantan en La Habana sin que la guerra hubiese culminado, no son de ninguna manera un proceso de sometimiento a la institucionalidad vigente, ni mucho menos un paso de la insurgencia hacia la capitulación.

Imaginamos que, como ahora, de haber un pronunciamiento de la Corte a favor del gobierno, se presentaría inmediatamente –otra vez pasando por alto que existe una contraparte en la guerra-, el proyecto de ley estatuaria que desarrollaría la nueva norma constitucional.

Huelga decir entonces que:

1- El Marco Jurídico para la Paz es un instrumento de justicia transicional al cual han acudido muchos países en todo el mundo, ocurriendo que generalmente los ganadores en una confrontación le han impuesto sus normas a los perdedores, o situaciones en que a partir del establecimiénto de nuevos regímenes u ordenamientos constitucionales, se han derivado renovados poderes públicos a los que se les ha encargado reordenar un país.

Por ejemplo, con nueva constitución y nuevo órgano judicial, fue que en Argentina se le puso la mano a los dictadores y sus secuaces.

2- En Colombia no ha habido derrota de la contraparte, ni se vislumbra. El aceptar la existencia de un conflicto interno, además, tiene implicaciones concretas que no se pueden eludir, sobre todo si no perdemos de vista que en ninguna de las experiencias más conocidas, en las que se aplicó justicia transicional, se habló o aceptó previamente la existencia de un conflicto interno. Para nuestro caso, el Presidente Juan Manuel Santos aceptó la existencia del conflicto interno, todo lo cual indica que las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las normas de guerra se aplican a ambas partes por igual, pero no perdiendo de vista que habría que adaptar, complementar y perfeccionar dichas normas, atendiendo a las experiencias y particularidades concretas que tiene una confrontación tan prolongada y llena de asimetrías como la de Colombia, así al menos lo sugiere el Comité Internacional de la Cruz Roja.

3. En todos los casos en donde se ha aplicado justicia transicional o marcos jurídicos como el que se pretende en Colombia, el conflicto o las dictaduras se superaron primero; el conflicto llegó a su fin con un vencedor y, reiteramos, generalmente los ganadores aplicaron sus reglas del juego con sus gobiernos nuevos y sus aparatos jurisdiccionales nuevos. Pero en Colombia no solo se declaró oficialmente que hay un conflicto entre dos partes con responsabilidades para cada una de ellas, sino que se da la circunstancia terrible de que el conflicto continúa. Una de las dos partes (el Gobierno en representación del poder del régimen) además, insiste en que hay que seguir en la guerra. Esto es prueba fehaciente de que la contienda continúa. No obstante, por más que desboque su belicismo, no es la vía militar la que le dará la victoria al régimen, pero sí es seguro que tal camino generará más victimización y atraso para nuestro país. Medio siglo de historia así lo corrobora.

4- Subrayemos que en medio de estas realidades, el Presidente Santos como Presidente de la
República, Jefe de Estado y cabeza de la administración pública (así bautiza la Constitución al Presidente), aceptó frente a quienes tienen -dentro de las reglas de juego que él acata y juró cumplir-, la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución (Corte Constitucional), que el Estado tiene responsabilidad en lo sucedido durante el conflicto armado interno aún existente tras varias décadas de combate. Esta es una aceptación pública que bien puede tener alcance de acto administrativo, y que en todo caso tiene implicaciones,
como:

a) La aceptación de responsabilidad por el conflicto le quita al Estado la legitimidad necesaria para ser juez. No se puede ser juez y parte, sobre todo cuando se trata de un Estado responsable; y mucho más, cuando la guerra interna persiste sin vencedor ni vencido.

b) Tomemos en cuenta que el llamado iuspuniendi equivale al derecho del Estado a aplicar la ley penal y la justicia en general. Ese derecho se deriva del llamado principio de legalidad. El principio de legalidad es la fuente o la base de todo Estado de derecho. La legitimidad del principio de legalidad a su vez es la fuente de la seguridad jurídica. Entonces, ¿cómo puede producir un Estado imputable de responsabilidad un principio de legalidad y la necesaria seguridad jurídica?

Por lo demás, el magistrado Pretelt no ha debido entregar a la prensa apartes y el sentido de su ponencia antes de la audiencia convocada para conocer el pensamiento de quienes se inscribieron para referirse al tema del marco jurídico para la paz. Lo hizo desde la víspera, lo cual le quita legitimidad y seriedad a su pronunciamiento. Le faltó a sus colegas, a la buena fe de la opinión pública en general y dejó un mal sabor de prevaricato. Hubo un evidente asalto al debido proceso.

En conclusión, esa iniciativa unilateral del gobierno que hoy debate la Corte Constitucional, ningún papel positivo jugará en el proceso de paz en que se han comprometido las FARC-EP.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP

*La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, agosto 20 de 2013*

UN MARCO JURÍDICO FUERA DE CONTEXTO.

*(Segunda reflexión)*

El punto 5 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 26 de agosto de 2012 por el gobierno de la República de Colombia y las FARC-EP, obliga a las partes a abocar el tema de las víctimas del conflicto interno y a estudiar las formas de resarcirlas.

Para ello indica la necesidad de establecer sus derechos y la obligación de conocer o averiguar la verdad de lo acontecido durante tantos años de lucha social armada.

Todo con el ánimo de resaltar la necesidad de que el resarcimiento incluya la obligación para las partes, del perdón colectivo, a efectos de que una vez alcanzada la paz definitiva -de llegarse a ella-, nos obliguemos todos a un “nunca más”.

Las FARC-EP son conscientes de que a la fecha no hay vencedores ni vencidos y que la lucha continúa.

No de otra manera se puede interpretar el empecinamiento del señor Presidente Santos en no aceptar la tregua bilateral que desde nuestras filas le hemos propuesto con generosidad y patriotismo. Son testigos de esto último, el país entero y los representantes de los países amigos del proceso que le hacen seguimiento a las conversaciones desde hace más de dos años.

No obstante ello, estamos prestos a ir preparando el camino que conduzca a la manifestación de nuestro sentimiento de pesar por lo que ha acontecido. En efecto, y no es otra la realidad, somos una de las partes del conflicto.

Nuestras guerrilleras y guerrilleros , nuestras familias, los sectores sociales que desde los albores de la contienda hemos defendido con lealtad y decisión, hemos sido y han sido víctimas de dolorosos, despiadados y sangrientos episodios provocados por fuerzas gubernamentales y paragubernamentales -oficiales y para oficiales-, aupadas con dineros del Estado y dineros privados; todo y más con la colaboración proveniente desde privilegiados, exclusivos y excluyentes sectores de la sociedad que a manos llenas han promovido, financiado y aplaudido la acción aberrante y atroz de fuerzas paramilitares.

Es que en las zonas urbanas de altos estratos no se tiene en cuenta, ni se padeció el rugir de las moto sierras ensangrentadas, ni el olor a carne humana freída en hornos crematorios, ni la visión de cadáveres desmembrados bajando por los caudales de casi todos los ríos de la patria.

Sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas. El enemigo nunca fue ni ha sido fácil; no se sujetó a normas de combate. Fue ayudado, entrenado y financiado por fuerzas foráneas que nunca tuvieron una visión del país nacional nuestro; nunca conocieron las angustias de los pobladores de nuestras zonas tomadas por la pobreza, la injusticia, el desamparo y la represión. Confundieron la patria con su guerra fría y crearon y auspiciaron fuerzas desalmadas, so pretexto de buscar al enemigo interno que amenazaba sus privilegios de clase.

Así y todo, debemos reconocer la necesidad de aproximar el tema de víctimas, su identificación y su reparación con total lealtad a la causa de la paz y la reconciliación.

Es por ello que le hemos propuesto a los señores del gobierno que integran la mesa de diálogo, que se proceda de inmediato a la integración de una comisión conformada por expertos nacionales y extranjeros en aras de investigación de la historia, para que se establezca la verdad de lo acontecido durante la violencia partidista, el origen de la actual contienda como resultado de dicho enfrentamiento fratricida, el porqué del surgimiento de las guerrillas y el desencadenamiento desde entonces del conflicto social armado interno, que hasta solo en fecha reciente vino a ser reconocido por el Estado a fin de permitir la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Esa comisión en nuestra opinión debe ser integrada inmediatamente.

Ya el gobierno nacional por boca del señor Presidente Santos reconoció ante los jueces de la Corte Constitucional la responsabilidad de Estado por acción y por omisión en la contienda, y también su responsabilidad causal de miles de víctimas, tal como se desprende del reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica titulado *¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*.

Bien se ha dicho que la mencionada Memoria, si ciertamente está bien intencionada, se quedó corta. Que la fecha establecida como punto de partida de la investigación es caprichosa y que por ello no permite incluir autores, ni causas, ni explicaciones colocándola así por fuera del real y necesario contexto. La Comisión propuesta podría perfeccionar los trabajos adelantados hasta la fecha agotando la investigación, estudio y análisis de lo acontecido. Es así como se logra establecer la verdad y señalar responsabilidades.

Sea esta la oportunidad para invitar al país entero a un día de reflexión y hagan presencia masiva en todos los rincones de la Patria adolorida.

Un día para que se expresen los partidos tradicionales y aquellos que se han desprendido de estos como responsables que son; el Estado en cabeza del señor Presidente y sus ministros, haciendo eco de lo manifestado por el doctor Juan Manuel Santos ante la Corte Constitucional; las cabezas de la fuerza pública; los paramilitares desde los sitios en que se encuentren; las cabezas de los demás órganos constituidos; quienes fueron las comandancias de fuerzas insurgentes hoy en retiro; los ex presidentes, las potencias extranjeras que han apoyado a los gobiernos en la guerra contra el pueblo, los ex comandantes de fuerzas, y la iglesia del régimen, que lo es del régimen, por no haber construido durante todos estos años pasados un verdadero púlpito de reconciliación y de paz.

El día que se escoja para los fines propuestos, nuestros guerrilleros y guerrilleras, se estarán manifestando de igual manera desde todos los rincones de la Patria adolorida. Aprovechamos para invitar de nuevo y de manera pública al gobierno nacional a que suscriba un acuerdo especial de regulación del conflicto mientras se acata nuestra propuesta de tregua bilateral de fuegos.

DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP