COMUNICADO AL MINISTRO DEL INTERIOR
19 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Tras las recientes declaraciones del señor Ministro del Interior, Aurelio Iragorri Valencia, me permito ratificarme en las denuncias presentadas en debate de Control Político adelantado el pasado 18 de septiembre en Comisión V de la Cámara de Representantes:

1. El caso de acumulación de terrenos con antecedente de baldío denunciados no hace referencia a un predio, sino a tres, que suman 3.800 hectáreas. Agroelbita SAS, cuyos representantes legales son los primos hermanos del señor Ministro, María Alejandra y Julián Valencia Iragorri, termina siendo copropietaria de dichos terrenos.

2. Uno de esos predios, “El Cachicamo”, no solo fue acumulado por Agroelbita SAS, sino que fue adjudicado al señor Pablo Valencia Iragorri (también primo del Ministro) el 8 de agosto de 1996 (posterior a la ley 160), mediante resolución 532 del INCORA. Entiéndase que el predio no fue vendido sino adjudicado, es decir, entregado sin retribución económica. De esto da cuenta el certificado de Libertad y Tradición, documento del que pontifica prestantes funcionarios del gobierno, como el Superintendente de Notariado y Registro, Dr. Jorge Enrique Vélez.

3. Es necesario recordar las condiciones que establece la Ley 160 de 1994 (artículos 69 a 72) frente a la adjudicación de terrenos baldíos: ser un campesino pobre, sin propiedad sobre otros predios, que explote el terreno en al menos dos terceras partes durante cinco años. Condiciones que difícilmente haya cumplido el señor Valencia Iragorri, teniendo en cuenta que entre sus diferentes actividades económicas, se encuentra inclusive una empresa de aviación. Pido al INCODER esclarecer las condiciones en que se adjudicó dicho predio, que hace parte de los cerca 1.800 procesos en que se han cometido irregularidades semejantes.

4. Sorprende la defensa del señor Pablo Valencia Iragorri, quien en un medio de comunicación manifestó que utilizaba el predio en cuestión para su propio placer, para pasear en avioneta, contemplar el paisaje, pescar ocasionalmente y hacer brigadas de salud. De esta forma se confirma la ilegalidad, puesto que los propósitos de reforma agraria no podrían estar más desvirtuados que en este caso.

5. Considero que pueden presentarse conflictos de interés al momento de tramitar algún proyecto presentado por el gobierno que busque modificar la Ley 160, o sanear las compras irregulares de tierras efectuadas por distintos empresarios en la Altillanura colombiana, debido a las inversiones en esta materia que desarrollaran familiares tan cercanos al señor Aurelio Iragorri. Máxime teniendo en cuenta que las relaciones con el Congreso son una de las funciones propias del Ministro del Interior.

6. Insto nuevamente al señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que le aclare al país cuanto antes los intereses que diferentes personas de su entorno tengan en compras de tierras de la Altillanura. Nuevos casos saldrán a la luz pública.

7. Aclaro al Ministro y al país que mis motivaciones al denunciar el acaparamiento de tierras en Colombia datan de agosto de 2010 y obedecen a la defensa de la economía campesina, la distribución equitativa de la propiedad y la soberanía alimentaria, los cuales no pueden verse de ninguna manera reducidos a intereses electorales o personales.

WILSON ARIAS CASTILLO – Representante a la Cámara por el Valle del Cauca
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