WOLA aplaude la decisión del 26 de diciembre de 2013 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el caso de la Operación Génesis. Esta decisión declara que Colombia es responsable por la violación del derechos de miles de personas afrocolombianas a no ser desplazadas forzadamente y por la violación de derecho a la vida y la integridad personal del civil Marino López Mena en 1997. La violencia cometida en febrero de 1997 en la cuenca del río Cacarica en el Chocó pasó mientras la Brigada 17 de Colombia estaba participando en una operación militar llamada Operación Génesis que fue dirigida por el ahora retirado general Rito Alejo del Río.
El Tribunal declara que Colombia no cumplió con su obligación de garantizar la asistencia humanitaria y el regreso seguro de los afrocolombianos que fueron desplazados debido a estos abusos. Como resultado de ello, la Corte ordena a Colombia a tomar una serie de medidas para remediar estas injusticias . Estos incluyen un reconocimiento público de su responsabilidad, que lo garantice que los territorios del Consejo Comunitario de las Comunidades de la Cuenca del Río Cacarica estén totalmente restituidos a sus legítimos propietarios y la reparación de las víctimas.
Grupos de derechos humanos afirman que los miembros de la Brigada 17 colaboraron con grupos paramilitares para realizar esta operación militar. El general retirado Del Río fue detenido en 2009. En agosto de 2012, fue condenado a 25 años de prisión por el delito que implique Marino López. Verdad Abierta informa que Freddy Rendón (» El Alemán «), jefe del bloque paramilitar regional, declaró en 2010 – en el marco del proceso de Justicia y Paz – que había cooperación entre la Brigada 17 y comandantes paramilitares. La Operación Génesis formó parte de un esfuerzo político paramilitar más amplio para desplazar a los afrocolombianos de sus territorios con fin de facilitar la entrada y la expansión de las plantaciones de palma de aceite en todo el departamento del Chocó. Es probable que el Sr. Rendon será sentenciado el próximo año por su papel admitido en los 1041 crímenes.
Si bien estos avances son grandes pasos hacia adelante en garantizar la justicia para las comunidades afrocolombianas , WOLA sigue preocupado por la seguridad de los miembros de las comunidades del Cacarica y de las personas involucradas en el caso relacionado con las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, así como la seguridad de los miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), la organización que acompaña a ambos casos. El 5 de enero, se recibieron nuevas amenazas de muerte contra el líder afrocolombiano Marco Velázquez.
El 30 de diciembre de 2013, Raúl Palacios, un afrocolombiano de Curvaradó, fue objeto de amenazas. Esto se produce tan sólo días después de que otros defensores de los derechos humanos recibieron amenazas contra sus vidas. El equipo de CIJP, también han sufrido varios incidentes de seguridad y ha recibido constantes amenazas de muerte en el año pasado. El alto nivel de riesgo que enfrentan estos líderes y CIJP requieren atención y acciones más concretas por parte del estado colombiano para prevenir daños irreparables. Los informes de campo alegan que la policía local sigue sin tomar medidas contra los paramilitares dueños de negocios responsables de la usurpación ilegal de tierras. La situación también requiere que Colombia trabaje para desmantelar las estructuras paramilitares que continúan operando en la región del Chocó .
Tomado de : http://www.wola.org/es/comentario/fallo_de_la_corte_interamericana_sobre_la
_operacion_genesis_es_un_salto_adelante_hacia_la
Para leer el testimonio de WOLA en el caso: http://www.wola.org/sites/default/files/Colombia/PeritajeGsanchez-garzoli.pdf