La Corte Penal Internacional, el tribunal que se encarga de perseguir y juzgar a los criminales de guerra y responsables de graves violaciones a los derechos humanos, acaba de lanzar una alerta inédita sobre el poder de ‘los Urabeños’, la banda criminal más grande del país.
En su reporte del 2013, que fue conocido por EL TIEMPO, la Fiscalía de la CPI confirma que la violencia de los grupos ilegales surgidos tras la desmovilización ‘para’ de hace una década es uno de los frentes sobre los que está haciendo monitoreo en Colombia. (Lea también: La banda de Úsuga siempre ha querido venderse como grupo político)
Y a renglón seguido lanza una grave advertencia sobre las proyecciones criminales de la banda encabezada por Dayro Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’: dice que “hay bases razonables para afirmar que está lo suficientemente organizada como para llegar a ser parte en un conflicto armado de carácter no internacional”, lo que de inmediato la pondría en el radio de acción de la Corte Penal Internacional. (Lea también: Editorial: Ojo con ‘los Urabeños’).
“Sus miembros –dice el informe– están bien disciplinados (…) La banda tiene estructura jerárquica, control efectivo sobre sus integrantes y sobre territorios, capacidad para reclutar y conseguir armamento, además de un importante número de efectivos”. Agrega que la “intensidad de la violencia entre ‘los Urabeños’ y las partes del conflicto colombiano (Estado, Farc y Eln) “no es lo suficientemente intensa” como para considerarlos en este momento actores del conflicto, pero que la Corte “continuará monitoreando y recabando información sobre el grado de organización de los nuevos grupos ilegales y la intensidad de su violencia”, y que podría “revisar sus conclusiones a la luz de nuevos hechos o nueva evidencia”.
El mismo documento, que fue elaborado al cierre del año pasado, descarta de plano que otras bandas como ‘los Rastrojos’ o ‘las Águilas Negras’ posean la organización y capacidad de daño que sí tiene la banda de los Úsuga.
Las consideraciones de la Corte Penal, según fuentes consultadas por este diario, no inciden en el tratamiento que el Estado colombiano les da a las bandas, pero sí representan para sus máximos responsables el riesgo de que la justicia internacional también empiece a rondarlos por sus crímenes contra la población. En este momento, esos grupos son responsables de casi la mitad de casos de desplazamiento forzado en Colombia, y más de 24.000 personas afectadas por su violencia han sido reconocidas en los últimos dos años como víctimas.
De lleno en el narcotráfico
Las bandas criminales son consideradas por el Estado colombiano como grupos netamente delincuenciales, dedicados de lleno al narcotráfico.
‘Los Urabeños’ encajan totalmente en esa categoría, y tras varios años de violencia han logrado convertirse en la banda predominante, con presencia en al menos once departamentos, según reportes de inteligencia.
Sus cabezas identificadas y buena parte de sus mandos son ‘exparas’ que trabajaron con la familia Castaño y con los hermanos Freddy y Daniel Rendón Herrera (el ‘Alemán’ y ‘don Mario), y varios de sus jefes son considerados como los principales enemigos de la restitución de tierras a las víctimas del conflicto.
Poder corruptor, otra de sus armas
En la cárcel El Buen Pastor de Bogotá permanece detenida la fiscal Tatiana Olivero Gutiérrez, quien desde finales del 2012 responde por sus presuntos nexos con ‘los Urabeños’.
El caso de la fiscal es, para las autoridades, uno de los ejemplos del poder corruptor que tiene la banda criminal. Pero no es el único. Aún se desconoce cuánto pudieron pagar para conseguir una orden de libertad falsa para Nini Johana Úsuga David, la hermana de máximo jefe de ‘los Urabeños’, y otros tres miembros de esa banda.
La orden de libertad era falsa, pero fue avalada por una jueza de Medellín y por funcionarios del Inpec que están siendo investigados y que argumentan que fueron engañados.
La Fiscalía también investiga a uniformados, tanto de la Policía como del Ejército, por presuntos nexos con los Úsuga. Los expedientes se han abierto tras el hallazgo de bases de datos del grupo en los que se relacionan pagos a la Fuerza Pública en varias zonas del país. Otro frente en las investigaciones contra la banda es el de empresarios y ganaderos que los estarían financiando.