En la mañana de hoy, cuando se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, fue asesinado en el municipio de Turbo, Urabá Antioqueño, el reclamante de tierras Adán Quinto, líder de los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó en el municipio de Riosucio, departamento de Chocó, de donde se desplazó en el año de 1997.
Hace apenas 5 meses la Unidad Nacional de Protección le había retirado parte del esquema de seguridad a este líder comunitario y reclamante de tierras, dejándole apenas un solo escolta y quitándole el vehículo blindado en el cual se movilizaba.
Carlos Páez, director de la Asociación Tierra y Vida, reveló que después de perder parte de su esquema de seguridad, Adán Quinto le hizo una solicitud al director de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Villamizar, para que le restableciera el esquema, porque su situación de riesgo seguía siendo alta.
“A Adán Quinto le habían llegado asesinos buscándolo a su casa. Yo el año pasado me comuniqué con él, hacia mitad de año, y me contó que había llegado una persona armada preguntando en casas vecinas por él, pero gracias a Dios los vecinos lo alarmaron y él pudo denunciar a la policía”, relató Carlos Páez al revelar que el presunto agresor logró huir antes de ser capturado.
Sin embargo, hasta el día de hoy, cuando se produjo su muerte, Adán Quinto no recibió nuevamente un esquema de seguridad completo y desafortunadamente fue atacado a tiros por un hombre, hacia las siete de la mañana de hoy, cuando salía de su vivienda ubicada en el barrio Miraflores de Turbo, según confirmó el comandante (e) de la Policía de Urabá, coronel Jairo Rojas.
El alto oficial agregó que al parecer, en el momento del ataque, la víctima se encontraba sin su escolta personal, que aún no llegaba a acompañarlo, y expresó que se adelantan controles de seguridad en la zona para dar con el paradero del homicida.
Adán Quinto vivía con su esposa y sus hijos y aunque estaba radicado en Turbo desde 1997, continuaba siendo parte activa de los procesos organizativos y comunitarios de Curvaradó y Jiguamandó, donde grupos paramilitares despojaron más de 25.000 hectáreas de tierra que fueron a parar a manos de empresarios palmicultores.
Aunque en la actualidad se adelanta un proceso de restitución de tierras sobre esas 25.000 hectáreas despojadas, la falta de seguridad es una de las mayores dificultades para las víctimas y las comunidades afro-descendientes, pese a que la Corte Constitucional ordenó al Estado garantizar la protección de los reclamantes Curvaradó y Jiguamiandó.
En el auto de la Corte, emitido el 7 de marzo de 2012, se expresaba lo siguiente: «actualmente no se responde a las situaciones de riesgo y a las consecuentes solicitudes de protección.» Por ello, el órgano de justicia ordenó al Gobierno construir un plan de prevención y protección para avanzar la realización de la Asamblea General en ese momento.
Nuevamente la falta de protección a los líder de Curvaradó y Jiguamiando quedó en evidencia el 23 de marzo de 2012, cuando un grupo de paramilitares retuvo a Manuel Ruiz, de 56 años, y a su hijo Samir, de 15 años, cuando se desplazaban desde Mutatá hacia Apartadocito, en Curvaradó. Padre e hijo fueron asesinados con tiros de gracia y sus cuerpos hallados en el municipio de Riosucio, Chocó, días después de su retención.
Manuel Ruiz era líder comunitario en el proceso de restitución de tierras de Curvaradó y Jiguamiandó y había solicitado medidas de seguridad a la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior pero nunca obtuvo respuesta.
La historia se repite otra vez con la muerte de Adán Quinto, a quien el Estado no le brindó todas las condiciones de seguridad que requería pese a que había denunciado el riesgo que corría.
Carlos Páez afirmó que esa misma situación la viven otros reclamantes y líderes de restitución de tierras cuyas denuncias de riesgo son tomadas “como ficticias o falsas, por la Unidad Nacional de Protección” o son subvaloradas adjudicando esquemas de seguridad que no logran proteger plenamente a las víctimas.
¿Tendrán que morir más reclamantes para que las garantías de seguridad sean reales y sus denuncias sean consideradas como verdaderas? Además de memoria y solidaridad con las víctimas, la reparación y la restitución requieren acciones concretas para que no se repitan tragedias como la muerte de Adán Quinto que terminó por enlutar el Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas.
Preocupa seguridad de reclamantes
Según datos de la Fundación Forjando Futuros, derivados de un análisis de sentencias de restitución, con el caso de Adán Quinto hasta la fecha son 67 los reclamantes de tierras asesinados en Colombia. De éstos, 18 corresponden a Antioquia.
Por su parte, la Asociación Tierra y Vida indica que 160 reclamantes de tierras han sido amenazados en todo el país y afirma que de un tiempo para acá se vienen reduciendo los esquemas de protección de las víctimas.