El narcotraficante Henry Loaiza, coautor de la masacre de Trujillo, despojó a varias familias de sus tierras en el municipio de Riofrío, Valle. En abril pasado, un juez les restituyó la finca a unas de sus víctimas.

Mario* trataba de asomarse a la finca cada vez que podía. Habían pasado veinte años desde que él y sus cuatro hermanos fueron despojados de las 99 hectáreas que sus padres les heredaron en el corregimiento de Fenicia, municipio de Riofrío, en el centro del Valle del Cauca. Sin embargo, su regreso definitivo comenzó a gestarse en marzo pasado, cuando el Juzgado Segundo Civil de Restitución de Tierras de Buga determinó que fueron víctimas de Henry Loaiza Ceballos, alias ‘El Alacrán’, un ex integrante del Cartel de Cali que fue condenado por la masacre de Trujillo y quien purga una pena de 30 años.

Tras la orden del juez, el pasado 11 de abril de 2014 la familia recibió el predio de manos de la Unidad de Restitución las fincas. Con la sentencia, los títulos de los predios pasaron de nuevo a nombre de Mario y sus hermanos; además, el gobierno deberá eximirlos del pago de los impuestos durante el período en que fueron desplazados y ofrecerles acceso a subsidios para hacer productivas sus tierras. El desafío mayor, sin embargo, será mantenerlos a salvo. En la zona vive un hombre que, según el relato de varios testigos, junto con el hijo de Loaiza han amenazado esta familia desde que comenzó a reclamar su finca.

Según documentó la Unidad, en Riofrío, así como en los municipios vecinos de Trujillo, Bugalagrande y Bolívar, decenas de familias fueron desplazadas a la fuerza, tras las masacres de Trujillo que se extendieron desde 1986 hasta 1994. Los autores de esas matanzas fueron los narcotraficantes Diego Montoya alias ‘Don Diego’ (extraditado a Estados Unidos) y Loaiza. Según lo determinaron investigadores académicos y judiciales, no actuaron solos, sino que contaron con la complicidad de algunos integrantes de la Policía y el Ejército (Lea: Las masacres que desplazaron a dos pueblos del Valle y Rutas del Conflicto). Muchas personas abandonaron sus tierras y sólo, hasta ahora, con un fallo judicial favorable, como el que reconoció los derechos de Mario y su familia, han podido volver.

Riofrío es uno de los municipios en los que la Unidad de Restitución de Tierras concentra sus esfuerzos por documentar los casos de abandono y despojo denunciados por los campesinos. Hasta mayo de 2103, por lo menos 59 familias habían solicitado la restitución de 1.800 hectáreas y los jueces especializados han fallado hasta el momento ocho casos. Sin embargo, el de Mario y su familia es el primero en que se prueba que hubo despojo, pues sus tierras cambiaron de dueños tras la intimidación de Loaiza y sus cómplices.

Secuestrados por las firmas

Mario y sus hermanos heredaron las fincas en Riofrío en 1988, luego de que sus padres fallecieran en un accidente de tránsito. El 8 de agosto de ese año, el proceso de sucesión quedó consignado en una escritura registrada en la Notaría Segunda de Tuluá. Los hermanos acordaron que Mario iba a administrar de las tierras, cultivadas con café, plátano, yuca, arracacha, alverja, fríjol, maíz, tomate, pimentón y cebolla, además de tener ganado y caballos.

Y así fue. Mario se encargó de las fincas, donde vivió con tranquilidad hasta el 6 de agosto de 1991. Ese día, varios hombres armados lo secuestraron y se lo llevaron hasta unas oficinas en el norte de Cali donde le dijeron que tenía que firmar unos documentos en blanco. Firmó por miedo, le dijo al juez. Pero sus captores sabían que la firma de Mario no era suficiente.

Durante los siguientes tres días hicieron lo mismo con sus hermanos, con la amenaza de que si no firmaban algo podía pasarle a Mario. Milena* recibió una llamada anónima en la que le dijeron: “Acérquese a firmar. Si no, habrá problemas con su hermano”. A Pedro* lo citaron en un centro comercial y le ordenaron lo mismo: “Tenemos a su hermano retenido, venga a firmar”. A Camila*, que vivía fuera de Cali, le señalaron que tenía que viajar como fuera y en una oficina también firmó por miedo. A Rafael* lo citaron en otra zona del norte de Cali e hizo lo mismo. Ninguno recibió dinero por las fincas; solo sabían que se trataba de una escritura que no pudieron leer.

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz documentó que el 5 de octubre de 1993 varios hombres armados, algunos de ellos vestidos con prendas de uso privativo del Ejército, llegaron hasta el corregimiento Portugal de Ríofrío y sacaron a algunas personas de sus casas para interrogarlas; luego las torturaron, las obligaron a ponerse uniformes de las fuerzas militares y les dispararon.

“Los miembros del Batallón Palacé simularon un combate con las víctimas, para lo cual efectuaron una serie de disparos… modificaron la escena del crimen”, sostiene un relato de la Comisión en su informe.

Mario y sus hermanos vivían con miedo, pues una finca de Loaiza, llamada Villa Paola, lindaba con una suya y, además, era conocida por ser un centro de tortura utilizado por los grupos paramilitares financiados por los narcotraficantes y apoyados por sectores de la Fuerza Pública.

Varias personas le contaron a la Unidad de Restitución que en la finca Villa Paola, ‘El Alacrán’ tenía un animal al que le arrojaban los cuerpos de las víctimas después de torturarlas. Lo mismo ocurría en la finca Las Violetas, en el corregimiento de Andinápolis, en Trujillo, de propiedad del narcotraficante Diego Montoya.

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