Cuatro mil desplazados entre enero y junio de 2014 por combates entre grupos armados, 25 amenazas a defensores de derechos humanos, presencia activa de grupos ilegales en 43 barrios de Quibdó y en otros municipios, son solo una parte de la radiografía sobre la problemática que tiene a Chocó sumida en una grave crisis y que generó que distintas entidades solicitaran al Gobierno una intervención estatal urgente.
A la afectación de derechos humanos por todos los grupos armados, se suma la falta de calidad en la educación, la falta de acceso a servicios públicos dignos, y la mala atención en salud a los chocoanos.
Las anteriores razones fueron suficientes para que entidades y organizaciones sociales le solicitarán al Gobierno una intervención urgente que mitigue la difícil situación que atraviesa el departamento.
Todd Howland, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas (OHCHR), expresó que se debe enviar una alerta «para la comunidad colombiana e internacional porque estamos en proceso de paz pero Chocó está sufriendo nuevos desplazamientos por varias razones».
Además, dijo Howland, se debe planificar y pensar cómo el Estado va a crear un tipo de desarrollo para brindar cambios exponenciales que mejoren el nivel de desarrollo en educación, salud y oportunidades para esta población.
Alertas tempranas
Es tan grave la afectación a los derechos humanos en Chocó, que la Defensoría del Pueblo hizo alertas tempranas para buscar una solución urgente.
El Defensor Jorge Armando Otálora, explicó que gran parte de los enfrentamientos entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas se presentan por control territorial para el manejo y la usurpación de las economías ilegales.
«También tenemos a los grupos posdesmovilizados y lamentablemente en el medio está la población civil. Eso ha generado una gran problemática humanitaria en Chocó»., expresó Otálora.
Según la Defensoría del Pueblo, el accionar de las guerrillas de las Farc, el Eln y los grupos posdesmovilización, son un riesgo para la vida e integridad de los ciudadanos, y precisó: «En Bahía Solano y el Bajo Baudó, «los Urabeños» presionan a las autoridades civiles con el fin de utilizar estos territorios para el embarque y desembarque de cargamentos de droga».
La Iglesia Católica también solicitó la intervención estatal para solucionar problemas que van más allá de la violencia y los calificó como estructurales.
«Hemos identificado seis aspectos: déficit de seguridad alimentaria, ineficiente sistema de salud, la baja calidad en la educación, violencia urbana, intensificación del conflicto armado y la problemática con la explotación minera», expuso monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó.
Las comunidades también hicieron el llamado de auxilio para sacar al Chocó de la crisis que viven a diario.
Así lo precisó Lucy Chamorro, representante de la Mesa Indígena, cuando afirmó que pareciera que Chocó solo existiera en el papel «más no en las políticas públicas que el Gobierno tiene y no llegan a nuestros territorios».
Tomado de: El Colombiano