Foto: www.ondapoligono.org

Continúan las amenazas de muerte colectivas contra defensores y defensoras

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AMNISTÍA INTERNACIONAL

Colombia Fecha: 27 de octubre de 2014

ACCIÓN URGENTE

Alrededor de un centenar de defensores y defensoras de los derechos humanos recibieron el 22 de octubre una amenaza de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras. La amenaza se realizó en una declaración enviada a la Corporación Nuevo Arco Iris, un centro de estudios con sede en Bogotá. Desde septiembre ha habido un incremento de las amenazas de muerte colectivas, realizadas repetidamente contra quienes defienden los derechos humanos en Colombia.

El 22 de octubre, se entregó en la oficina de la Corporación Nuevo Arco Iris en la capital, Bogotá, un sobre dirigido a su director, Fernando Hernández Valencia. El sobre contenía una amenaza de muerte por escrito en la que se citaba a un centenar de defensores y defensoras de los derechos humanos, incluidos activistas en favor de la paz y líderes sociales, y que estaba firmada por el grupo paramilitar Comando Central – Águilas Negras. La amenaza decía: “verán y sufrirán un verdadero desplazamiento al más alla“.

Entre los amenazados se encontraba José Aristizábal García, también de la Corporación Nuevo Arco Iris, que ha regresado recientemente a Colombia tras más de una década en el exilio. Él, Fernando Hernández Valencia y Adolfo Bula, también citado en la amenaza de muerte, fueron negociadores y signatarios de un acuerdo de paz firmado en 1994 entre el gobierno y la Corriente de Renovación Socialista (CRS). La CRS se escindió del grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) para negociar un acuerdo de paz. En la actualidad, el gobierno colombiano está manteniendo conversaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en La Habana, Cuba. Entre las personas citadas en la amenaza de muerte hay víctimas del conflicto que viajaron a La Habana para aportar su testimonio. En septiembre, más de un centenar de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y periodistas fueron amenazados, en un mensaje de correo electrónico, por grupos paramilitares.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

– expresando preocupación por la seguridad de las personas amenazadas, e instando a las autoridades a brindarles de inmediato protección efectiva, de acuerdo con sus deseos y necesidades;

– pidiendo a las autoridades que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte, que hagan públicos sus resultados y que lleven a los responsables ante la justicia;

– recordándoles que deben cumplir con su obligación de proteger a quienes defienden los derechos humanos, establecida en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la ONU en 1998;

– instando a las autoridades a emprender acciones contra las fuerzas paramilitares y a romper cualquier vínculo entre éstas y las fuerzas de seguridad, de acuerdo con las reiteradas recomendaciones de la ONU.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014 A:

Presidente

Presidente Juan Manuel Santos

Presidente de la República, Palacio de Nariño, Carrera 8 No.7-26

Bogotá, Colombia

Fax: +57 1 596 0631

Tratamiento: Sr. Presidente Santos

Fiscal General

Eduardo Montealegre

Fiscalía General de la Nación

Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre)

Bloque C Piso 4

Bogotá, Colombia

Fax +57 1 570 2000 (cuando escuchen la grabación,

marquen la extensión 2023)

Tratamiento: Dear Attorney General/

Sr. Fiscal General

Y copia a:

ONG

Corporación Nuevo Arco Iris

Carrera 16 No 39-01

Barrio Teusaquillo

Bogotá, Colombia

Envíen también copias a la representación diplomática de Colombia acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU 229/14. Más información: www.amnesty.org/es/library/info/AMR23/030/2014/es

ACCIÓN URGENTE

Continúan las amenazas de muerte colectivas contra defensores y defensoras

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Los defensores y defensoras de los derechos humanos y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas han sufrido enormemente las consecuencias del prolongado conflicto armado de Colombia. Todas las partes beligerantes –las fuerzas de seguridad, actuando solas o en connivencia con grupos paramilitares, y la guerrilla– son responsables de abusos y violaciones de derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos homicidios, desapariciones forzadas o secuestros, tortura, desplazamiento forzado y delitos de violencia sexual.

Las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares han calificado frecuentemente a las organizaciones de derechos humanos y a los sindicatos de colaboradores o simpatizantes de la guerrilla, y han amenazado, secuestrado o matado a sus miembros. Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos han sido víctimas de homicidio tras haber sido calificados de simpatizantes de la guerrilla. Los grupos guerrilleros también han amenazado y matado a defensores y defensoras de los derechos humanos.

Los ex miembros de grupos guerrilleros que se han desmovilizado a consecuencia de acuerdos con gobiernos anteriores también han sufrido amenazas de muerte y abusos contra los derechos humanos, a menudo a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares, que actúan, o bien solos, o en connivencia mutua. Desde su desmovilización en 1994, un centenar de miembros de la Corriente de Renovación Socialista (CRS) han sido víctimas de homicidio o desaparición forzada, mientras que muchos otros se han visto obligados a abandonar el país a causa de las amenazas.

Según la ONG Somos Defensores, unos 30 defensores y defensoras de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio en los primeros seis meses de 2014, mientras que al menos 70, entre los que se encuentran líderes comunitarios, indígenas y afrodescendientes, lo fueron en 2013. La Escuela Nacional Sindical (ENS) informó de que, en 2013, 27 sindicalistas habían sido víctimas de homicidio. Los activistas en favor del derecho a la tierra y los que trabajan para combatir la impunidad han estado especialmente expuestos a ataques. Estos ataques, unidos al uso indebido del sistema judicial para presentar cargos falsos contra quienes defienden los derechos humanos, y unidos también al robo de información confidencial de oficinas de ONG, siguen minando el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

El Estado colombiano cuenta con un programa de protección que ofrece seguridad a miles de personas en situación de riesgo, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos. Sin embargo, este programa adolece de importantes puntos débiles. Por ejemplo, la efectividad del programa seguirá siendo limitada mientras los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos sigan teniendo confianza en que no comparecerán ante la justicia.

El gobierno colombiano y las FARC llevan manteniendo oficialmente conversaciones de paz desde octubre de 2012. En agosto de 2014, una primera delegación de 12 víctimas viajó a La Habana, Cuba, donde se están celebrando las negociaciones, para aportar su testimonio.

Nombre: Fernando Hernández Valencia (h), José Aristizábal García (h), Adolfo Bula (h), otros defensores y defensoras de los derechos humanos

Tomado de: http://www.amnesty.org/es/library/asset/AMR23/033/2014/es/b69424bd-ec73-44c3-93a2-5502de34bed0/amr230332014es.html