El de Chivolo no fue el único pacto entre las AUC y los políticos

Foto: archivo CNAI

La Fiscalía está capturando a los firmantes del Pacto de Chivolo, lo que demuestra que en materia de para-política la justicia tiene mucho por hacer. Arco Iris presenta un extracto del libro Ley de Justicia y Paz, publicado por Norma y Semana en 2009, en el que León Valencia reseña los otros pactos que se hicieron para que las AUC se tomaran el poder local, y sobre los que poco o nada se ha investigado hasta ahora.

1. Pacto de Ralito:

Es el nombre con el que se le conoce el acuerdo secreto firmado en el año 2001 entre jefes de grupos paramilitares y más de cincuenta políticos de diferentes regiones del país, entre Senadores, Representantes, Concejales y Alcaldes para un proyecto que prometía “refundar al país”. La revelación de la existencia del documento es uno de los episodios más sonados dentro del llamado escándalo de la Parapolítica.

El acuerdo se firmó en Córdoba en el 2001, por fuera del marco legal del proceso de paz que adelantaba el gobierno del presidente Andrés Pastrana. Al darse a conocer en el 2006, se produjo un escándalo nacional que dejó como protagonistas a congresistas, en su mayoría uribistas, y permitió tener una prueba documental del alcance y penetración política de las AUC en las distintas instancias de la vida nacional y regional

Según investigaciones del diario “El Espectador”, el pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley bajo la financiación del narcotráfico.

Los políticos fueron convocados por Salvatore Mancuso, jefe del Estado Mayor de las AUC; ‘Don Berna’, inspector general de las AUC, y ‘Jorge 40’, comandante del Bloque Norte de esa organización, para sellar un acuerdo que buscaba “refundar nuestra patria” y hacer “un nuevo contrato social”.

La mayor parte de los políticos firmantes del documento y de los demás involucrados en el escándalo de la para-política son de departamentos que han sido azotados por la violencia, en los cuales algunos  luego de establecer dicho acuerdo logran un buen caudal electoral, mientras otros lo reafirmaron.

El 20 de marzo de 2007 el Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, llamó a indagatoria a 20 políticos y un periodista firmantes del pacto. La Corte Suprema por su parte llamó a indagatoria a los  congresistas: José de los Santos Negrete, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, William Montes y Miguel de la Espriella, por el delito de concierto para delinquir. El 14 de mayo de 2007 la Corte Suprema de Justicia emitió orden de captura contra esos congresistas y la Fiscalía contra la ex representante Eleonora Pineda. Todos fueron acusados del delito de concierto para delinquir agravado, ya que existían indicios y pruebas sólidas que demostraban  que los firmantes se habían beneficiado políticamente del acuerdo y que lo habían suscrito voluntariamente.

2. Pacto de Chivolo:

En un allanamiento a una de las fincas de alias Jorge 40, comandante paramilitar del Bloque Norte, se encontraron varios documentos suscritos por éste con políticos locales y regionales. Uno de ellos fue el llamado Pacto de Chivolo, que se habría realizado el 28 de septiembre del 2000, al cual asistieron 13 candidatos a alcaldías y 395 personas, entre aspirantes a concejos y a asambleas.

La reunión, realizada en la vereda la Estrella, del  municipio de Chivolo en el Magdalena, fue al parecer una ‘gran convención’ del movimiento regional ‘ Provincia Unida por una Mejor Opción de Vida’, impulsado por Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. En el pacto quedó establecido que  ‘Provincia Unida’ apoyaría para la gobernación del Magdalena, en las elecciones locales del año 2000, al liberal y ex alcalde de Santa Marta, José Domingo Dávila Armenta. A la decisión se llegó mediante una votación de los participantes y candidatos del proyecto “Provincia Unida” en la que Dávila Armenta obtuvo 266 sufragios, el candidato José Alfredo Ordoñez 138 y 6 votos fueron anulados.

El manuscrito sirvió de base para la elaboración de un comunicado a la opinión pública del Magdalena, confirmando la creación del movimiento regional hecho por una ‘convención’ de representantes de 15 municipios. Uno de los compromisos adquiridos fue luchar porque la capital del departamento se traslade a uno de esos municipios.

Dávila Armenta fue electo gobernador del Magdalena en el 2000. Además del ganador a la gobernación de Magdalena, el Pacto de Chivolo escogió candidatos a la Asamblea Departamental y las Alcaldías y Concejos municipales de los municipios de Plato, Tenerife, Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Remolino, Sabanas de San Ángel, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, Algarrobo y El Piñón, que conforman más de la mitad de los municipios del departamento del Magdalena.  El experimento  electoral estaba tan bien conformado y organizado, que en esa fecha, septiembre de 2000, escogieron candidato a la alcaldía de Zapayán, municipio que fue creado después de suscrito el pacto.

De los 410 dirigentes políticos que suscribieron el acuerdo, a la fecha se adelanta investigación penal contra menos de 10, entre los cuales se encuentra Ricaurte José Ternera, entonces candidato al concejo de Sabanas de San Ángel y los ex diputados Edgar Manuel Castro, Fernando Jesús Mozo, Franklin Lozano y Jorge Vega Barrios.

3. Pacto del Magdalena:

En una operación del Gaula del Ejército en la finca Nueva Roma, en San Ángel, Magdalena entre los elementos personales de Darío Alberto Laíno Escopeta,  aliado de Jorge 40, se incautó un computador portátil y algunos documentos, entre los cuales, hallaron el original de un acuerdo político firmado en 2002 por aspirantes al Congreso con diputados y alcaldes del Magdalena, para hacer una “parcelación electoral” que les garantizaría una curul a por lo menos tres caciques de la Costa.

4. Pacto de Granada:

En marzo del año 2000 el Colegio La Inmaculada-Carrisola, de la vereda Nueva Granada, jurisdicción de Tierralta sirvió como escenario para lo que algún día se conocería como el Pacto de Granada mediante el cual Salvatore Mancuso decidiría quienes serían los tres próximos alcaldes del municipio de Tierralta.

5. Cumbre de Caramelo:

De este encuentro poco se sabe, la opinión pública pudo conocerlo mediante la publicación  del 24 de marzo de 2008 de Semana.com, en el que dice que  este encuentro se dio entre jefes de las AUC con políticos que ya tienen procesos judiciales por parapolítica, bien sea de manera preliminar o formal.

Con el titular La cumbre de Caramelo, la revista semana,  da cuenta de lo dicho por Rocío Arias, quien dio a conocer los pormenores de esta reunión de la que no quedó documento firmado[1], sin embargo,  gracias a los elementos recogidos en las investigaciones de la Fiscalía, se pudo establecer que en medio de la cita cumplida, Salvatore Mancuso intentó comprometer a los visitantes para que estos a su vez apoyaran mediante su gestión como congresistas,  diversos proyectos de ley, dentro de los cuales, uno de ellos consistía en prohibir la extradición de los paramilitares que se acogieran a la ley de Justicia y Paz[2].

6. Pacto de Puerto Berrio:

La Fiscalía concluyó que existen evidencias del pacto político que selló el grupo de senador de Convergencia Ciudadana, Luis Alberto  Gil,  con las autodefensas en el departamento de Santander. Testimonios relacionan a Gil en reuniones con jefes paramilitares. La primera se efectuó en diciembre de 2001 en un conocido restaurante de Medellín, en El Poblado, y a ésta asistió Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez. La Fiscalía documentó un segundo encuentro, en enero de 2002, entre Gil y los ‘paras’ Báez y Rodrigo Pérez Alzate, alias Julián Bolívar. A la reunión, llevada a cabo en Puerto Berrío, Antioquia, también acudieron varios concejales de Barrancabermeja que fueron convocados, según declararon al ente acusador, para que el Movimiento Alternativo Regional (MAR) apoyara a Nelson Naranjo, segundo renglón de José Manuel Herrera a la Cámara de Representantes. Así lo testimoniaron ex concejales como Morgan Egea Sánchez, Jesús Sanabria y José Agustín Quecho. [3]

7. Reunión de Coordinación:

En el documento de 17 puntos, denominado ‘Reunión de Coordinación’,  seis  candidatos a alcaldías se obligan, explícitamente, a seguir las directrices del jefe paramilitar del Casanare, uno de los que no se acogieron al proceso de paz. Entre los compromisos acordados  con las autodefensas, se encuentra  el plan de Gobierno y permitir que “la organización fiscalice los proyectos de inversión”. ‘Martín Llanos’ también exigió “destinar tres cargos para gente seleccionada por la organización y disponer de una persona como oficial de enlace con las ACC”. El documento, según confirmaron investigadores, corresponde a una reunión realizada el 23 de agosto del 2000 en algún lugar del Casanare. [4]

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