Una curiosa costumbre judicial colombiana es, ante la incompetencia para dilucidar las causas y los autores de  los magnicidios que han afectado a la sociedad privándola del desarrollo potencial que proyectan los mas preclaros lideres, declarar el homicidio del personaje como crimen de lesa humanidad, casualmente  pocos días antes de la prescripción de la acción penal.

Claro que así no prescribe, excelente solución, y de paso se restituye la tenue línea que separa la prescripción penal de la impunidad del crimen. No hay efectos lesivos al proceso. Los funcionarios responsables se evitan la investigación de la Procuraduría por haber dejado prescribir el caso y la familia del asesinado queda más que tranquila, pues el Estado por fin reconoció la importancia de la trayectoria y la incidencia en la vida nacional del muerto. Diploma de Muerto de Lesa Humanidad. ¡¡¡Que honor!!!

Es el reconocimiento de que la trayectoria vital, una vida de sacrificios y la privación del liderazgo truncado arbitrariamente con un asesinato, solo merecen para el Estado colombiano otorgarle a los deudos y a la sociedad  el gran premio de un expediente judicial abierto a perpetuidad.

Y todos tan tranquilos, pues esa formula magistral de declarar, sin competencia para ello, un delito como “delito de lesa humanidad” resulta el comodín perfecto para aplacar conciencias, justificar incompetencias y disfrazar la impunidad.

¿Por qué no se declaran entonces otros delitos que sí ofenden a toda la humanidad como delitos de lesa humanidad?

Los delitos de lesa humanidad son actos inhumanos contra la población civil, con motivación social, política, racial, religiosa o cultural, perpetrados por autoridades del Estado o particulares instigados o tolerados por las autoridades.

¿Se debería considerar la corrupción un delito de lesa humanidad? Esa es la pregunta que, en esta ocasión, se hace el columnista Antonio J. García Fernández. Según su análisis, cumple con todas las características.

No le corresponde a autoridades particulares declararlas, sino que le corresponde exclusivamente a la humanidad, a través de el máximo órgano universal que es la Organización de  las Naciones Unidas  (ONU) declarar esa condición.

Pero ya que en Colombia tenemos la audacia de atribuir a delitos particulares condiciones que no corresponden, asumiendo arbitrariamente competencias que solo pertenecen al sistema universal de protección de los derechos humanos,  bien se podría entonces declarar en beneficio de la humanidad otros delitos, universales y muchísimo mas graves, como de lesa humanidad.

Por ejemplo, para citar un solo caso, la corrupción en el sector publico. Reúne todos los requisitos para ser considerada así.

Por su naturaleza, se convierte en un crimen contra todo el genero humano, es generalizada, es sistemática, perpetrada por autoridades o por particulares en su complicidad, y afectan a toda la población civil, por motivos principalmente económicos, aunque no se puede descartar ninguna de las otras causas enunciadas.

Veamos un caso: El consabido robo a la salud. El atraco permanente a los presupuestos nacionales, departamentales, municipales, y del sistema de la seguridad social.

¿Será que los  niños afrodescendientes de Chocó, o los  ancianos indígenas de Guajira, o los pobres  e indigentes de cualquier edad de cualquier barriada de los cinturones de miseria que rodean y abruman todas las ciudades y pueblos del país, no se mueren todos los días,  por que alguien se robó una  parte de un presupuesto de un hospital del pueblo y  por eso los recursos que deberían servir para salvarle la vida no llegaron?

O qué decir de los que mueren por que otros se robaron las medicinas para venderlas, de los que se quedan en el campo por que el hospital del pueblo no tiene ambulancia o lancha, que aparece como existentes y entregadas en pomposas ceremonias oficiales, o por que el presupuesto para combustible se agotó apoyando el transporte de electores en  alguna campaña política.

Esto solo para esbozar algunos casos ilustrativos de una corrupción llevada “a sus justas proporciones” como la describía algún  personaje político de nuestra historia contemporánea.

Pero es un rasgo que resulta curioso de muchos de los dirigentes políticos de nuestras tierras; todos odian la corrupción; la rechazan, la proscriben, la persiguen, eso sí,  hasta el momento en que se pueden beneficiar de ella. Hasta ahí les dura su voluntad, a un lado dejan su patriotismo y su consciencia social,  siempre pensando en su bolsillo y en la próxima campaña electoral.

Es un ataque directo a la vida de los colombianos  mas pobres y desamparados; decenas de millones de compatriotas, aquellos a quienes la Constitución Nacional dice proteger mediante todo un sistema reflejado en un estado social de derecho.

¿No se debería considerar la corrupción, un delito de lesa humanidad?

Por / Antonio J. García Fernández

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