El principal balance de su gestión de la “locomotora minera” lo presentó el presidente Santos hace seis meses ante el  Primer Congreso Anual de Minería a Gran Escala, realizado en la ciudad de Cartagena a finales del mes de febrero del año en curso. Tristemente, en vez del vocero del interés general y veedor del cumplimiento efectivo por parte de la industria de sus responsabilidades en el desarrollo de la minería como actividad de utilidad pública, tal como correspondería al primer mandatario, se escuchó al mandadero en ejercicio de funciones rindiendo cuentas a sus mandantes sobre los compromisos adquiridos durante la campaña: destacó la inversión programada durante su gobierno de COP $1,4 billones de recursos públicos en infraestructura férrea para mejorar la conectividad de las zonas de extracción con los puertos marítimos y fluviales, y de COP $ 2 billones adicionales para la ampliación, profundización y mantenimiento de los principales canales de acceso de dichos puertos. Además aseguró tener comprometidas partidas de presupuesto público para el mejoramiento de infraestructura de interés para las empresas mineras por un monto del orden de COP $20 billones hasta el 2021, con lo cual continuará el tendido de rieles para el avance de la “locomotora minera” en nuestro país.

Así mismo puso de relieve su compromiso de mantener la “confianza inversionista” de las empresas del sector minero, mediante la delimitación de una reserva estratégica minera de 2,9 millones de hectáreas distribuidas en 15 departamentos del país, destinada para su entrega a aquellos concesionarios que ofrezcan “los mejores estándares de responsabilidad social y ambiental” en el desarrollo minero de yacimientos tanto de oro y carbón como de platino, cobre, fosfato, potasio, magnesio, uranio y hierro, entre otros. También hizo hincapié al señalar que cerca del 30 por ciento de los efectivos de la Fuerza Pública (80 mil uniformados) están dedicados, exclusivamente, a la protección de la infraestructura minero–energética del país, y se comprometió a hacer los esfuerzos necesarios para destinar el pie de fuerza adicional requerido para acompañar debidamente el crecimiento de la actividad de exploración y explotación. Igualmente renovó su compromiso de acabar con el flagelo de la minería ilegal en el país, haciendo gala de la incautación de 160 retroexcavadoras y la captura de casi 1.300 sindicados por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros durante el año 2011.

Una vez agotadas las reservas explotadas por la locomotora minera, ¿qué quedará aparte de unos cráteres cuyas dimensiones harán que algunos sean visibles desde el espacio? Bernardo Pérez, columnista de Arco Iris, analiza en esta tercera entrega del balance a los dos años del gobierno Santos su política en materia minera.

Por último aseguró que el proyecto de reforma tributaria que cursaría próximamente ante el Congreso de la República no aumentaría las tarifas de los impuestos de renta ni de IVA (“no necesitamos más recursos, estamos bien de recursos”, expresó el Presidente en este aparte de su discurso) e invitó a los empresarios a contribuir con estudios comparativos acerca del nivel de regalías vigentes en otros países del hemisferio como insumo para el próximo debate sobre el tema en el parlamento colombiano, para asegurar que Colombia se mantenga “como un país serio y competitivo”.

Las declaraciones de Santos ante ese foro no fueron meras lisonjas para complacer a su auditorio. Los compromisos  manifestados efectivamente se reflejan en la inversión programada para el cuatrienio 2010-2014 destinada al sector extractivo, que asciende al 41% de los recursos de inversión del Gobierno destinados al desarrollo productivo, o el equivalente al 17% del total de la inversión programada en el Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos”. Cabe recalcar que adicional a ese gasto, hay que sumar el que se asigna al funcionamiento, dotación y mantenimiento de la Fuerza Pública reservada “exclusivamente a la protección de la infraestructura minero-energética del país”, más el que absorbe la referida represión de la minería ilegal en el país, al igual que los ejércitos de funcionarios reclutados para el trámite oportuno de los requerimientos de consultas previas y licencias ambientales asociadas a nuevas áreas de exploración y explotación minera. A cambio, el Plan de Desarrollo de Santos espera incentivar la canalización hacia el sector minero el 54% del total de la inversión privada proyectada para la economía nacional durante el período, la cual se estima debe traducirse en mantener alrededor de 200 mil empleos directos y otros 670 mil indirectos, e ingresos para la Nación por cuenta de toda la actividad minera, incluyendo los hidrocarburos, que pasarán de cerca de USD$ 8.824 millones en 2009 (3% del PIB) a alrededor de USD$ 12.979 millones en 2021 (2% del PIB).

Y en cuanto a otros estímulos para mantener la “confianza inversionista”, la Agencia Nacional Minera delimitó  recientemente una nueva “reserva estratégica minera” de más de 17 millones de hectáreas, las cuales al igual que aquellas reservadas a principios de este año serán destinadas a concesionarios que ofrezcan “los mejores estándares de responsabilidad social y ambiental”, seguramente los mismos que hoy han asegurado para sí el pago de tasas nominales de impuestos sobre la renta que en promedio se encuentran entre 5 y 10 puntos por debajo de la tasa media aplicada a las utilidades  del sector productivo del país, y que por medio de las exenciones y evasiones hoy se ahorran un valor superior al que pagan al Estado por concepto de regalías, de acuerdo con las cuentas recientemente presentadas por Guillermo Rudas (http://www.razonpublica.com/index.php/econom-y-sociedad-temas-29/2691-la-locomotora-minera-a-toda-marcha-ipero-paga-lo-que-debe.html).

Por eso el balance por el que realmente queda en deuda el Presidente es ¿qué le va a dejar efectivamente a la sociedad colombiana la “locomotora minera” cuando se cumplan las metas de exportar 160 millones de toneladas anuales de carbón y 93 toneladas anuales de oro en el año 2020? Una vez agotadas las reservas explotadas por la “locomotora minera”, ¿qué quedará aparte de unos cráteres cuyas dimensiones harán que algunos sean visibles desde el espacio, rodeados de montañas de material estéril, mucho de éste en condiciones de desequilibrio bioquímico que hará del mismo una fuente permanente de acidificación de las aguas de escorrentía con su consecuente efecto nocivo sobre los cuerpos de agua superficiales al igual que los mantos subterráneos de agua? ¿Y para qué servirán las inversiones en infraestructura que quedarán conectando esos huecos con puertos marítimos y fluviales en proceso de colmatación? Más aún ¿qué activos productivos nos quedarán para generar los ingresos necesarios para adquirir los recursos que necesitaremos para sustituir los que agote la “locomotora minera”?

/ Por Bernardo Pérez Salazar

* Investigador del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios –ILAE–. Asesor en asuntos de seguridad urbana de entidades públicas y organismos internacionales. Colabora con numerosas universidades y centros de investigación en Colombia y América Latina. Sus principales áreas de interés incluyen temas de desarrollo urbano-regional, y cuestiones relacionadas con la gobernanza urbana.
Es comunicador social de la Universidad del Valle y realizó una maestría en Planificación del Desarrollo Regional en el Instituto de Estudios Sociales en los Países Bajos.

 

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