Foto: Blog, acción colectiva y megaproyectos.

Y dadle Oh! Señor a quienes nos gobiernan la
diligencia, la sabiduría y el amor por sus semejantes, conduciendo sus
decisiones con sentido de justicia y amor fraterno. Aléjalos del espíritu de
soberbia y ambiciones desatadas por el demonio para que los pequeños y
medianos mineros de su propia nación no seamos despojados ni burlados
en nuestros derechos a un trabajo digno y responsable del que dependen
nuestras familias.
Cadena de Oración de los mineros del Chocó

/ Por Manuela Torres. El debate sobre la minería en Colombia está encendido. La intención de suprimir los pequeños y medianos entables mineros, que se da paralela al arribo de las multinacionales al país para la explotación de los recursos naturales, ha provocado diferentes reacciones. Los ecologistas alertan sobre las prácticas irresponsables de la minería con el medio ambiente, los pequeños empresarios defienden su derecho a la soberanía territorial, al tiempo que el Estado los califica de ilegales y dificulta su proceso de formalización, mientras que funcionarios del Gobierno y los medios de comunicación abren puertas a las grandes empresas extranjeras para que exploten el territorio nacional.

En ese contexto el Chocó, departamento minero por tradición (el 90% de los empleos en esta región se derivan de las prácticas mineras), se encuentra entre la espada y la pared. Su derecho a explotar y beneficiarse de las riquezas de su subsuelo pende de un hilo, del cual sus habitantes están dispuestos aferrarse para decir “aquí estamos, este oro es nuestro”. Ellos, que de sus ancestros heredaron tanto las tierras como la práctica de extracción de los materiales preciosos, piden que no les hurten su derecho a continuar con una tradición que hoy constituye su única manera de sobrevivir. No quieren ser los peones de las grandes multinacionales, no quieren retroceder al esclavismo.

Es que la historia de los chocoanos tiene la marca original de la presencia de esclavos traídos desde el África en los tiempo de la colonia española, quienes por las características de su raza fueron destinados exclusivamente a la extracción de materiales preciosos, que hoy representa la mayor, por no decir la única, fuente de ingresos para sus habitantes. De un aproximado de 400 mil habitantes en el departamento, 350 mil viven de esta actividad.

De ahí que en lo corrido del 2012 los pequeños y medianos mineros del Chocó han organizado dos movimientos de protesta que han paralizado toda la actividad, puesto que comerciantes, organizaciones sociales e incluso algunos empleados públicos han apoyado su causa. “Queremos que nos incluyan en el Código de Minas y por tanto en el Plan de Desarrollo Nacional”, dice Ariel Quinto, presidente de Fedemichocó, una organización de segundo nivel que representa 350 entables mineros, principal promotora de los paros.

“¿Ilegales? ¡La suya!”

El conflicto armado colombiano, aparte de ocasionar desplazamiento forzado, muerte, miedo e intimidación, y de incrementar la desigualdad y la corrupción, también ha desprestigiado y “criminalizado” la práctica ancestral de la minería. El incremento del precio del oro en el mercado internacional desató una fiebre que mantiene vivo el conflicto en el país. En varios departamentos, entre ellos Chocó, grupos guerrilleros y paramilitares vieron en el oro un gran mercado para fortalecer sus empresas criminales. No sólo son dueños de maquinarias y entables mineros, sino que también extorsionan a los pequeños y medianos empresarios de la zona con el cobro de vacunas y el pago de secuestros.

Las políticas del Gobierno nacional con respecto a la minería artesanal son claras: su idea es acabar con esta actividad, en muchas zonas considerada ancestral. Presentamos una crónica de Manuela Torres de la Agencia de Información Laboral  -ENS-, en su primera entrega.

En el 2011 el presidente Juan Manuel Santos, aludiendo comunicaciones interceptadas a las FARC que mostraban que la extracción de oro se había convertido en fuente de financiamiento para el grupo, ideó una nueva estrategia que incluía redadas en contra minas ilegales. Sin embargo en dichas redadas los pequeños y medianos mineros informales (más no ilegales) también han sido arrestados y se les han destruido sus maquinarias al no poseer los títulos mineros. Es más, la estigmatización contra estos pequeños empresarios ha provocado que los  bancos y los grandes almacenes les nieguen los créditos, porque son mineros y eso ya es sinónimo de ilegalidad.

“¿Ilegales? ¡La suya!”, es el elocuente letrero que lleva en su camisa Federico Taborda, representante legal de Asodracho (Asociación de Dragueros[1] del Chocó). Este paisa, minero y líder reconocido en la región, refuta indignado las acusaciones del gobierno, que los tilda de tener nexos con los grupos ilegales.

Por su parte Ariel Quinto, ante las afirmaciones de los medios sobre el vínculo de grupos ilegales con las actividades mineras, alega que eso es algo que se da en casi todas las actividades productivas del país. “Hasta la política está permeada”, dice. Pero también sostiene que no todos los pequeños mineros son ilegales y que no son los monstruos que el Ministro de Minas y el Presidente Santos dicen que son. “Queremos que en el diccionario del gobierno se borre la palabra ilegales, porque no nos define”, reitera.

La lucha por la formalización

Se calcula que en Colombia el 44% de los municipios viven de la pequeña y mediana minería. Los pequeños empresarios, empleados y rebuscadores (se calculan 2 millones de personas) que sobreviven con esta actividad tradicional, tienen hoy como su principal opositor al mismo Estado, que a partir del Código Minero (Ley 685 2001) pasó a ser un facilitador y fiscalizador de la actividad minera empresarial, desapareciendo la clasificación de pequeño y mediano minero. Así la minería se privatizó, provocando en 2004 la disolución de la Empresa Nacional Minera (Minercol). Ahora el Estado sólo puede obtener ganancias mediante el cobro de regalías e impuestos a los privados.

Sin embargo, en la Ley 141 de 1994 se inscribe el término “minería de hecho”[2], que cobija a los mineros tradicionales, con larga trayectoria de explotación, en las zonas con raíces históricas y culturales mineras. Dicha ley indica que el Estado tiene la responsabilidad de brindar un acompañamiento técnico, liderado por una organización ambiental, para hacer diagnósticos sobre las condiciones en las minas artesanales, corregir sus anomalías y adaptarlas a lo exigido por la ley; además de estudiar la posibilidad de crear formas asociativas de explotación. Esta ley no fue suficiente para que el proceso establecido en el Código Minero, denominado “legalización de minería de hecho”, diera los resultados esperados.[3]

De tal suerte que el deseo por formalizarse se ha convertido en toda una lucha para los mineros tradicionales. En el 2010 se presentaron 19.629 solicitudes de formalización, pero debido a la incapacidad oficial de atenderlas se aprobaron tres resoluciones (en 2011 y 2012) que suspendieron año y medio la ley que obligaba a dar trámite a dichos procesos. Para completar, el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 del Plan Nacional de Desarrollo prohibió el uso de equipos mecánicos en los entables que no poseyeran el título minero. Los caminos quedaron bloqueados para el pequeño minero, y comenzó la persecución.

Las medidas del gobierno también han generado la quema de maquinarias usadas para la minería. Conalminercol (Confederación Nacional de Mineros de Colombia) asegura que el ejército procedió sin ninguna orden judicial en varias ocasiones, y que además perjudicó a mineros que el Ministerio de Minas sabía que estaban en proceso de formalizarse. Mientras los otros sostienen que dichas maquinarias pertenecían a grupos ilegales.

Tales medida trajeron como consecuencia acciones penales para judicializar la pequeña minería. “Somos tratados como si fuéramos delincuentes”, dice Tibaldo Mosquera, chocoano, minero. Este hombre, de 50 años de edad, ha sido sacado de su mina y llevado a la estación de policía esposado, con sus ropas rasgadas, botas empantanadas y el sudor aún en la frente. Lo arrestaron por tener un entable minero, por trabajar en un terreno que es de sus padres,  por sobrevivir de la única manera que sabe hacerlo, pero sin un título otorgado por el Gobierno.

Gran parte de estos mineros obtiene lo justo para sostener el entable (salarios, insumos, regalías, proveedores, vacunas) o cuentan con un déficit que a veces parece imposible de superar. La suerte siempre es un factor que determina éxito o el fracaso. “El oro ya no está por encimita, hay que cavar un hueco hondo”, asegura Francisco Taborda, para sostener que para ellos y lo demás habitantes sería imposible extraer los metales sin el uso de las maquinarias.