La chocante respuesta del guerrillero Jesús Santrich en la instalación de los diálogos de Paz en Oslo, Noruega, pone en evidencia un problema perdido en el conflicto colombiano y es que este es un conflicto entre victimas. No se puede desconocer la influencia que ha tenido en la fase actual del conflicto la victimización de que han sido objeto millones de colombianos en las fases anteriores.  Desde luego  que esto ha producido una guerra vengadora, represiva y de justicia privada total.

La aureola del espíritu altruista con que se les ha adornado por parte de sectores intelectuales, la doctrina leninista e, incluso, por jurisprudencia de las altas cortes, les impide  a algunas partes del conflicto identificarse a sí mismas como actores de lo que realmente se vive en Colombia: un conflicto escalado y degradado al extremo, donde el solo uso del terrorismo y la financiación por el narcotráfico hicieron desaparecer  la noción altruista de  la lucha de clases, así como  también en otros casos la tesis de la legitima defensa de la vida, de los bienes y de las instituciones ante la manifiesta incapacidad del estado para defenderlos.

Hace mucho tiempo se han convertido los actores de este conflicto en complejas bandas delincuenciales comunes que actúan por motivos innobles y fútiles.

Ni siquiera los actores estatales pueden aseverar que su participación en la guerra se ha regido siempre por motivos legales y constitucionales, por que la penetración de la corrupción y la participación en graves violaciones de los derechos humanos los desvirtúan como tales. Mucho menos puede pretender un actor ilegal que su actividad en el conflicto, por ser fundada en su particular “altruismo” es tan noble que ni siquiera produce victimas.

En su momento, los actores de autodefensa y paramilitares que aducían la “legitima defensa” frente a la agresión armada quisieron hacer ver que presentarse como víctimas de quienes victimizaron, era justificación suficiente y quisieron así agotar la verdad que les exige la sociedad para honrar los mínimos criterios universales de Justicia.

Hoy, la mínima justificación de “se murió por guerrillero” no se admite como respuesta de verdad  en el proceso de Justicia y Paz y para tal finalidad se ha construido por vía jurisprudencial un extenso protocolo con el que se quiere dar cuenta en cada caso, victima por victima, de la mayor cantidad de circunstancias que rodearon la violación de los derechos fundamentales de cada ser humano afectado. A través de ese mecanismo se pretende dar respuesta a cada una de las victimas de esa parte del conflicto. Se parte de la base de que la Verdad es la mayor reparación.

No existe un conflicto con las Farc.  Las Farc son solo una parte del conflicto colombiano, un actor más.

En Colombia pareciera que existieran tantos conflictos cuantos grupos armados surjan. Se considera que hubo un conflicto particular con cada grupo: guerrillas liberales en su momento; uno con el M-19; otro con el Epl; con las milicias de Medellín en los años noventa; con las disidencias de grupos guerrilleros que se desmovilizaron en los ochenta y noventa; un conflicto particular también con los narcotraficantes del cartel de Medellín; otro con las bandas milicianas del Valle de Aburrá que se sometieron en los ochenta. Pareciera que hubo un conflicto, muy particularmente manejado, con los grupos de autodefensas y paramilitares y ahora parece que hay un conflicto distinto con las Farc y otro con el Eln.

No razona la sociedad que el conflicto armado colombiano es uno solo y que la solución requerida es, por lo tanto, integral. Es un solo  conflicto social, escalado y degradado a las peores condiciones de inhumanidad y mediado por dos fenómenos que lo empeoran: la corrupción y el Narcotráfico.

Una de las tareas fundamentales que deberá afrontar la comisión negociadora del Gobierno es hacer entrar en razón a las Farc sobre la importancia de reconocer a las víctimas, exponer ante la sociedad su verdad y asumir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

Una solución integral del conflicto colombiano debería ser un programa que desarrolle una política de Estado dirigida a dar inicio y continuidad a la solución de las profundas inequidades que lo originan.  Claro que dentro de dicha política deben incluirse diálogos de paz omnicomprensivos, dirigidos al logro de la reconciliación nacional que tengan en cuenta a las victimas y también a los victimarios o sea a todos los factores armados, incluyendo guerrillas, bandas delincuenciales, paramilitares, autodefensas, militares y policías. La reconciliación es el primer paso hacia la Paz. Si no aprendemos a convivir con el otro, a reconocerlo como ser humano y no como enemigo al que se debe suprimir, nunca vamos a lograr la paz.

La estrategia gubernamental en la búsqueda de la solución  apunta a la primera tesis, a la factorización.  A cada grupo hay que darle una solución particular acomodada a los intereses y circunstancias de sus comandantes. Siempre ha sido así. Si se revisa cualquier solución negociada con cada grupo desmovilizado, se encontrará resuelto el problema de los comandantes, su impunidad frente a la justicia, la protección a su integridad física y a la resolución de su proyecto de vida. Y los combatientes rasos, abandonados a su suerte y en el peor de los casos integrados a otros grupos criminales.

Es una solución mediocre,  incoherente, diseñada para  desarmar a los violentos, pero no para corregir las profundas inequidades sociales que generan el conflicto.

En esos procesos de paz poco o nada se ha dicho de las víctimas, con excepción del muy importante ejercicio de Justicia transicional que actualmente se realiza  a través del proceso de  Justicia y Paz y que se convierte a pesar de las criticas,  en la excepción de la regla.

La muy loable irrupción de las victimas en los procesos penales fue un paso fundamental en la solución de un gran conflicto social en Colombia. Su visibilización y la posibilidad de interactuar en los procesos en que se reconozcan tal calidad es una gran afirmación de la persona humana.

Perfecto, esa es la magnitud de la persona afectada por un actuar delictivo,  es un gran logro humanitario y un avance sin precedentes en el derecho. Abre las puertas a otras dimensiones jurídicas mas justas y equitativas, a la reparación y a la Justicia restaurativa. Excelente.

Pero ha generado otro problema que afecta a la sociedad y genera mayores conflictos. Es la pugna de la victimología  contra la criminología.  Antes, las causas que originaron el delito eran importantes. Ya no. Ya solo es importante la victima y los motivos del victimario ya no importan. Si las causas remotas fueron la exclusión social, el abandono estatal, las profundas inequidades, la imposibilidad de acceder a la justicia, no importa.  Ya solo es importante atender a la victima.

Sin quitarle la importancia a este logro, hay que destacar que también tiene su efecto contraproducente y es la negación de las causas del actuar criminal. Causas que son importantes al menos por dos razones: conocerlas facilita la prevención y desde luego la no repetición, y por otro lado son parte integral de la Verdad, elemento fundamental de la Justicia y por tanto, parte vital de la Reparación simbólica.

Por eso resulta tan significativo frente al futuro de la negociación el discurso de Santrich en Oslo, que pretende negar las victimas de las Farc y a su vez ponerse ellos mismos no en su lugar como victimarios sino como víctimas. Una olímpica forma de evadir responsabilidades. Les corresponderá a los negociadores del gobierno hacerlos entrar en razón sobre la importancia de reconocer las víctimas, exponer ante la sociedad su verdad y asumir las consecuencias jurídicas de sus acciones.

Pero le corresponde al Gobierno y a la sociedad diseñar y llevar a cabo la solución integral al conflicto colombiano. Una cosa es la agenda de negociación  con las Farc y otra cosa la solución al conflicto Colombiano. Eso lo dejó en su discurso muy claro el guerrillero ‘Iván Márquez’.

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