Foto: Giovanni Moreno C.
/ Por Reina Lucía Valencia V*. Uno de los argumentos que más se escuchó de los promotores de la reforma al fuero militar es que la ampliación era necesaria porque los militares no tenían seguridad jurídica para actuar en medio del conflicto armado. Sin embargo, algunos juristas y directores de organizaciones de la sociedad civil coincidieron en afirmar que la inseguridad jurídica será para los ciudadanos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Veamos que dijeron a Arcoiris.com.
“El Congreso de la impunidad”: Jorge Molano
Jorge Molano, abogado con especial trayectoria en la defensa de los derechos humanos y quien lleva casos como el del Palacio de Justicia y la masacre de San José de Apartadó, dijo que en Colombia tenemos el Congreso de la impunidad por las reformas a la justicia y al fuero militar. Molano agregó que “las víctimas quedan indefensas frente a graves casos de violaciones de derechos humanos, lo que significa que las víctimas de los falsos positivos, toma de rehenes y otro tipo de actos que no están en la ampliación del fuero militar tendrán que acudir directamente ante órganos internacionales para demandar la exigibilidad de sus derechos”.
Una de las principales preocupaciones para Molano es la competencia del tribunal de garantías, el cual estará conformado por cuatro militares en retiro, designados directamente por el Presidente de la República. “Será este mismo tribunal el que conozca casos como el acceso carnal violento y la toma de rehenes entre otros, sin garantías para que sean revisados por un sistema de justicia adecuado”.
En cuanto a las acciones a emprender Molano indicó que “lo que queda es iniciar una actividad conjunta para exigirle a la Corte Constitucional que haga un análisis independiente e imparcial de fondo. Agregó que también hay que acudir a los organismos internacionales para que examinen el tema de la condicionalidad en tanto que Colombia ha querido romper con todos los estándares internacionales de Derechos Humanos. Por último dijo que hay que comunicarle a la Fiscal de la CPI la reforma que acaba de ser habilitada en el Congreso y que tiene consecuencias directas sobre los derechos de las víctimas.”
“El famoso comité de garantías paritario, el verdadero veneno del proyecto”: Pedro Santana
Pedro Santana, presidente de la Corporación Nuevo Arco Iris señaló tres grandes críticas a la ampliación del fuero militar. La primera es que es una reforma constitucional que se ha hecho en contra de los estándares mínimos del derecho internacional de los derechos humanos y del DIH, en la medida en que pretende trasladar a la justicia militar delitos que no tienen que ver con las funciones propias de las fuerzas armadas. La segunda crítica es el famoso comité de garantías paritario, el verdadero veneno del proyecto, porque este resolverá a cuál jurisdicción van a ir los casos que involucren a militares en servicio activo. Y la tercera es que no incluye crímenes de guerra ni las graves infracciones al DIH.
Juristas y directores de organizaciones de la sociedad civil, consultados sobre la reforma al fuero militar aprobada en el Congreso, coincidieron en afirmar que se abre una puerta a la inseguridad jurídica para los ciudadanos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
En cuanto al camino que le queda a la sociedad civil, Santana comentó que hay que demandar ante la Corte Constitucional: “yo creo que hay suficientes elementos jurídicos del orden constitucional para que un grupo de organizaciones demanden ante la Corte. Hay un antecedente y es que esta semana la Corte Constitucional tumbó el acto legislativo de 2011 que había acabado con el conflicto de intereses en una votación 5 – 4”. Santana también subrayó algunos argumentos que podrían sustentar la demanda como la sustitución de la Constitución porque se están reemplazando principios básicos del bloque de constitucionalidad; además que la reforma al fuero va en contravía de los avances de los fallos de la Corte Constitucional.
“Se está aprobando una ley de punto final en relación a los falsos positivos”: Armando Novoa
Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural planteó que “hay un lado oscuro del Gobierno Nacional que tiene que ver con todos los cambios en la administración de justicia y que, al parecer, en uno de ellos hay un nuevo arreglo institucional. Lo que resulta absolutamente complicado sobre todo cuando se está hablando de agenda para la paz. ¿Si va a ver paz para qué se flexibilizan los controles de los militares en el marco del conflicto interno?” Novoa agregó que no está claro si va a ver proceso de paz y que quizás no lo haya si realmente lo que se está aprobando es una ley de punto final en relación a los falsos positivos.
Con respecto a la actuación de las organizaciones de la sociedad civil comentó que hay que hacerle seguimiento a los temas que se definirán en la ley estatutaria del fuero militar y demandar ante la Corte Constitucional para que haga la revisión de la reforma, y examine si se encuentra ajustada a la Constitución y a los convenios internacionales que regulan la protección de los derechos humanos.
“Se ha perdido uno de los pilares básicos del Estado de Derecho”: Alberto Yepes
Alberto Yepes, coordinador del observatorio de derechos humanos de la Coordinación Colombia- Europa-Estados Unidos manifestó que “es la peor noticia que ha recibido en muchos años porque el trabajo en derechos humanos ahora pierde la posibilidad de que se realice utilizando los canales que cualquier democracia tiene para eso. Básicamente hemos perdido la posibilidad de una separación de poderes para que la justicia sea independiente e imparcial y tenga competencia para conocer los crímenes contra los derechos humanos de los ciudadanos. Se ha perdido uno de los pilares básicos del Estado de Derecho”.
Sin lugar a dudas se le quita a los ciudadanos la posibilidad de un acceso a la justicia independiente, así como lo afirmó Yepes: “las víctimas tendrán que acudir a las guarniciones militares y se encontrarán allí con sus propios victimarios, además sus denuncias no irán a ninguna parte porque en la mayoría de los casos se archivaran los procesos, sobre todo cuando estén implicados militares de alto rango”. También hizo referencia a la época del gobierno Turbay y dijo que con la ampliación del fuero militar Colombia se retrotrae a dicha época cuando con el estatuto de seguridad las violaciones a los derechos humanos eran investigadas por los propios militares. Yepes advirtió que en Colombia no se tiene conciencia de la gravedad de lo aprobado y que se hace necesario concientizar y movilizar a los ciudadanos en contra de la reforma al fuero militar.
* Periodista del Portal ArcoIris.com.co