“No queremos ser un palo en la rueda”: Carmen Palencia

Foto: Carmen Palencia | Giovanni Moreno C.

/ Por Giovanni Moreno C. Así lo aseguró la directora de la Asociación de Víctimas Tierra y Vida, ganadora del Premio Nacional de Paz 2012, Carmen Palencia, respecto a la implementación de la Ley de víctimas en las diferentes regiones del país. Agregó que es importante que el Estado escuche a las víctimas y se apoye en ellas para hacer cumplir la Ley, pues en casos como la restitución de tierras ‘ellas (las víctimas) saben donde esta cada hectárea de tierra despojada y conocen cada lindero’, puntualizó.

La afirmación fue hecha durante un encuentro con miembros de las unidades legislativas del Congreso de la República, representantes de los ministerios del Interior y Agricultura, las unidades de atención a víctimas y restitución de tierras del Ejecutivo, representantes del Partido Liberal y de la Alta Consejería para la Atención a Víctimas de la Alcaldía de Bogotá. El espacio fue convocado por la Corporación Nuevo Arco Iris y el Ministerio del Interior, en el marco de una campaña de sensibilización dirigida a gobernadores y alcaldes para que incluyan a las víctimas en sus planes de acción territorial del año que viene, y que se espera esté lista a finales del presente año.

Palencia expresó también su preocupación por la seguridad de los reclamantes de tierra. Más de 50 líderes reclamantes de tierra han sido asesinados en los últimos tres años, según cifras del diario El Tiempo. ‘Hay una diáspora de líderes en las regiones porque no hay seguridad, en nuestro capítulo de los Montes de María, del departamento de Sucre, 18 personas tuvieron que salir huyendo por amenazas contra su vida. Tan sólo contaron con una ayuda de 500 mil pesos para salir de la región’, indicó, al tiempo que destacó el interés de las víctimas en ser garantes de la implementación de la Ley.

Frente a estas afirmaciones, Ivonne Moreno, subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras del Ministerio de Agricultura dijo que en algunos casos el apoyo de las víctimas ha sido fundamental como lo sugiere Carmen Palencia. Precisamente en los Montes de María, al no contar con un catastro actualizado se ha recurrido a las víctimas para ubicar los sitios específicos del despojo y en espera de entrar en proceso de restitución. Volver al lugar de despojo es doloroso para las víctimas, y en un caso recuerda Moreno, una de ellas entró en shock, pues sus terrenos estaban irreconocibles con bastos sembrados de palma.

León Valencia, director de Nuevo Arco Iris, señaló que el gran reto para el 2013 de las autoridades locales y el Gobierno es poner en marcha en las regiones la Ley de víctimas. ‘Se necesitan muchos aliados en el sector económico, en el empresariado, sin alcaldes ni gobernadores no existe posibilidad de aplicación de la Ley en el largo plazo’, aclaró.

Valencia criticó al gremio de los ganaderos, Fedegán, pues según él, la carta publicada en el diario El Tiempo (de una página entera), dirigida al representante del PNUD en Colombia, Bruno Moro, en la que explican porque no asistieron al Foro Agrario convocado por la mesa de diálogos de La Habana con las Farc, es una diatriba contra la Ley de víctimas y el gobierno del presidente Santos.

 “El Estado debe apoyarse en las víctimas para la restitución de tierras, pues ellas saben donde esta cada hectárea de tierra despojada.”

Frente al compromiso de ‘echar a andar la Ley’, recordó las palabras del Presidente donde afirmaba que la paz se conquista en las regiones, pues en La Habana se está pactando tan sólo un acuerdo para terminar la guerra.

Santos sabe para donde va

Un sondeo sobre cómo va la implementación de la Ley en las regiones donde trabaja la Asociación Tierra y Vida señala que el proceso va muy lento y que el camino es desesperanzador. ‘Falta mayor articulación entre las decisiones del Presidente, que sabe muy bien para donde va, y los funcionarios de las regiones, que no se pellizcan y que tan sólo son técnicos y tecnócratas’ afirmó la directora de Tierra y Vida.

A este panorama se sumó Ana Cifuentes de la Alta Consejería para Atención a Víctimas del Distrito, quien dijo que ‘hay un clamor generalizado en las víctimas para que pase algo en sus vidas con la aplicación de la Ley’. Antonio López, presidente de Nuevo Arco Iris, comparte la crítica de Tierra y Vida, ‘no hay un Estado que se comporte frente a un momento excepcional como lo es la implementación de la Ley. Sus acciones marchan sin sincronía y sin una medida exacta de las circunstancias políticas del país, y con lo que pasa en escenarios como La Habana. El nivel de apropiación de las autoridades locales es mínimo frente a la Ley, y su ritmo de implementación muy lento’.

Un proyecto piloto de seguimiento a los gobiernos locales del Instituto del Pensamiento Liberal, señala que es pobre el balance de la implementación de la Ley de víctimas en los planes de acción territoriales.  Sin embargo, gobiernos como el de Bogotá que ha destinado $1.6 billones de su presupuesto para atender a las víctimas, y que en tan sólo una semana de acompañamiento jurídico a las víctimas recibió de ellas 283 poderes judiciales para representarlas, son la otra cara de la moneda.

Para el 2013 la Unidad de Atención a Víctimas del Ejecutivo realizará un seguimiento al presupuesto oficial nacional, con el fin de que se incorporen componentes de atención a las víctimas en la planeación municipal y regional. También se cuenta con recursos aprobados para cofinanciar los entes territoriales, indicó Alba García, coordinadora de nación y territorio de la Unidad, durante el encuentro.

Viviana Ferro, encargada del tema de víctimas en el Ministerio del Interior, opina que el balance a la implementación de la Ley y sus retos se complejiza por tres razones: lo novedoso de la Ley, pues apenas completa casi un año; el hecho de aplicarla en medio del conflicto que vive el país; y que la misma Ley hable del posconflicto (reparación y restitución). Señala que en los estudios hechos, el 98% de los planes locales de acción territorial incorporaron por lo menos un lineamiento de atención a las víctimas en los municipios. Advierte que por sí sola la Ley 1448 no solucionará la problemática, pues es un conjunto de políticas sectoriales que deben ser adecuadas para cumplir el reto de atender las víctimas, y lograr armar así ese ‘enorme rompecabezas’.

* Periodista del Portal ArcoIris.com.co