Imagen: cortesía ACIN, tejido de comunicación.

La petición de la población del Cauca alusiva a “no más conflicto” y “no más presencia de actores armados legales e ilegales dentro de los territorios”, que llevó a poner la mirada de todo el país sobre una zona tradicionalmente violenta, pareciera haberse olvidado con el inicio del proceso de paz; las acciones dentro del territorio caucano en el último año ascendieron a 310 aproximadamente, e incluso con la declaración de la tregua hecha por las FARC, Cauca fue uno de los departamentos más afectados dentro de las casi 42 acciones emprendidas por la guerrilla en todo el territorio nacional. Claro está, todo lo anterior sin contar la disputa territorial entre las Bandas Criminales que se ha desatado en parte del territorio, especialmente en el pacífico Caucano las cuales buscan el control de la producción y comercialización de cocaína y la minería ilegal, que en parte está regulada por la guerrilla del ELN.

Se  ha hablado mucho de los diálogos de paz en la Habana, de los temas de la mesa, las personalidades que en ella se sientan, y  el compromiso de las partes involucradas. Pero, no se ha dado lugar, por lo menos en los medios de comunicación nacional, a las percepciones que la población directamente afectada  tiene sobre el proceso.

Aunque se han hecho esfuerzos por incentivar la participación en el proceso de paz, como lo ocurrido con el Foro agrario desarrollado en diciembre del año inmediatamente anterior; pareciera que el conflicto armado solo fuera interés del gobierno nacional y  de la guerrilla, no se han escuchado las voces de los líderes de las víctimas del conflicto que se creería son los más interesados en la firma de la paz. Esta invisibilización y falta de ventanas para  la participación real de la comunidad dentro del proceso apunta a que el objetivo principal de las conversaciones no será el de mejorar las condiciones a los principales actores del conflicto: las víctimas.

Un reflejo claro de lo expuesto previamente es el departamento del Cauca, el cual ha vivido durante décadas el conflicto armado y en los últimos años se ha convertido en uno de los departamentos más afectados por la intensidad de la guerra, tanto así que a mediados del 2012 la población civil tuvo que luchar en contra de guerrilla y Fuerza Pública para que sus territorios y vidas fueran respetadas. Esta situación denotó la escalada del conflicto, no solo por los hostigamientos en Corinto, Jambaló, Miranda, Toribío y Argelia – municipio en el que también se realizó la quema de un helicóptero que tuvo que aterrizar de emergencia-; que precedieron la llegada de Juan Manuel Santos al consejo de ministros desarrollado en Toribío, si no por la jornada violenta que  paralelamente se vivió con los combates entre Ejército y FARC en Corinto, y  la extraña caída del supertucano que cubría operaciones militares en el municipio de Jambaló; todo esto rodeado de la tensa situación de riesgo que se dio durante la llegada de Juan Manuel Santos, al departamento.

La anterior fue una de las peores crisis sociales enfrentadas durante el transcurso del año pasado, antes de hacerse pública la incipiente iniciativa de paz entre el gobierno nacional y  las FARC –EP, lo realmente interesante es que el movimiento social en el Cauca, en especial lo proclamado por las comunidades indígenas, puso de relieve la necesidad de crear espacios de diálogo con los actores en conflicto que permitieran la definición de unos acuerdos mínimos que lograran la humanización de la guerra, unos pocos meses antes de hacerse público el proceso de paz.

La población civil del departamento del Cauca quiere saber si en las negociaciones de La Habana se está hablando de su territorio, el más vulnerado por la guerra. ¿Cuáles serán las garantías de reparación y no repetición que se merecen estas víctimas?

Por su parte, la Fuerza pública ha tratado de obtener el control del departamento con el aumento del pie de fuerza y la consolidación del Comando Conjunto de Suroccidente conformado por cerca de 5 mil hombres del Ejército, Fuerza Aérea y Armada; lo que  ha intensificado las acciones dentro del territorio, sin obtener mayores logros. La política de seguridad en el territorio caucano ha estado enfocada únicamente a combatir al Sexto Frente y la columna móvil Jacobo Arenas al norte del departamento y a los frentes 8 y 60 al sur del mismo.  omitiendo la existencia de otros actores armados que intensifican el conflicto que se vive la región, como el ELN y los grupos neoparamilitares de ‘La Nueva Generación’ y ‘Los Rastrojos’, desconociendo los factores sociales del conflicto.

A parte de sufrir los costos de la guerra, la población del departamento del Cauca ha tenido que enfrentarse a la estigmatización que de ellos han hecho algunos sectores del país; con la intensificación del conflicto también aumentó la percepción, a todas luces errada, sobre la legitimidad y la fuerza de base social con la que cuenta la guerrilla dentro del territorio caucano; las constantes violaciones de DDHH por parte de Fuerza Pública hacia la población civil por esta misma razón ha sido desproporcionada.

Un elemento que destacan entidades y organizaciones sociales para toda la subregión tiene que ver con el alto índice de violencia sexual, exacerbada por el conflicto armado.  Se puede establecer que existe una relación directa entre el incremento de la militarización y al aumento en los índices de violencia sexual. Es bien sabido que dentro de las filas de la guerrilla, las mujeres han cumplido un rol dentro de las tareas domésticas y  sumisión sexual; y que los grupos armados ilegales han utilizado la violencia sexual como mecanismo de control social; pero, no se han visibilizado los casos en los que la Fuerza Pública se asocia con el abuso sexual de menores, incluso al punto de que los soldados se ubican en las esquinas de los centros educativos y “se rifan” las niñas de los grados 7º, 8º y 9º.

Todo lo anterior, resalta el padecimiento de la población que ha sido olvidada en el proceso de paz. Además, el accionar de la guerrilla al finalizar  la tregua, el 20 de enero, que ha sido absolutamente destructivo en la región, atacando  municipios del norte del departamento como Caldono, Suarez,  Morales, Caloto, Toribio entre otros y los secuestros – el de los dos policías al sur del departamento del Valle del Cauca y  los ingenieros secuestrados en el Cauca- demuestra en gran medida la capacidad y el control que tiene las FARC dentro del territorio, a pesar de que se ha dicho que la guerra se pueda ganar por la vía militar, está comprobado que al sur occidente del país, especialmente en la costa Pacífica y  en el departamento del Cauca la guerrilla se ha fortalecido en la última década. Y, aunque el anuncio y disposición para liberar a los dos Policías secuestrados en enero, demuestra que quieren ser coherentes con la declaración realizada el año pasado en la cual se advierte su  intensión de no secuestrar, deja mucho que pensar el hecho: 1. Es posible que sea una forma en la que algunas estructuras pongan resistencia al proceso de paz, 2. Un error en la comunicación, como sucedió con el frente 36 al inicio de la tregua y 3. En lo local lo discutido en la Habana no tiene repercusión alguna.

Por todo lo anterior surge la necesidad de evaluar  el proceso de paz en pro de la población civil, de garantías de reparación y  no repetición que se merecen las víctimas del conflicto. Así como también trabajar sobre las diferencias regionales, como ocurre en Cauca,  donde la amplia organización social debería ser capitalizada para  garantizar el cumplimiento de los eventuales acuerdos de la Habana.

* Este artículo se desarrolló en el marco del proyecto “Recomendaciones para la Construcción de Paz desde un Enfoque de Derechos, en 9 Municipios de los Departamentos de Cauca, Nariño y Meta”, apoyado por USAID/Chemonics International.