Por: Fernando Hernández Valencia
Director Corporación Nuevo Arco Iris
20 de mayo de 2013

Los planes de agresión contra León Valencia y Ariel Ávila por sus investigaciones en torno a la parapolítica y la corrupción electoral; contra los periodistas Gonzalo Guillén, Ricardo Calderón y los comunicadores de Valledupar y los casos más graves de los asesinatos de su colega Alberto Lázaro del Valle, en Cali, y de los líderes de restitución de tierras Iván Darío Restrepo (Medellín) y Éver Antonio Cordero (Valencia), son el reflejo de la nueva-vieja ola de intolerancia de sectores que ven amenazados el confort al que están históricamente acostumbrados.

El reflejo inmediato impacta la libertad de opinión, de expresión y de prensa y el derecho de los colombianos a informarse en un país cuya tradición ha sido el no respeto a estas, sin que eso haga mella de la valentía de sectores y de individuos dispuestos a jugársela a costa de su propia vida. Lamentablemente, así resulta en muchos de los casos.

Pero ese no es el orden de las cosas.

Hoy, esta ola viene subiendo su nivel por cuenta de dos coyunturas: estamos inmersos en el proceso de paz de La Habana y estamos en las vísperas de la campaña política electoral a la Presidencia de la República y al Congreso. Ambos escenarios están afectando las expresiones democráticas, obviamente, sin proponérselo y hacen más estrechos los, de por sí, angostos niveles de tolerancia y de convivencia.

Todo no dejaría de ser anécdota para los anaqueles de las crudas páginas judiciales del país si no fuera porque lo que se está jugando -como nunca, o como casi nunca-, son las soluciones estructurales al país de ayer, que, como vemos, se resiste al cambio. El problema de la tierra es su centro, pero no el único. También la participación democrática y apertura a voces diferentes en las regiones, dominadas por el feudalismo. Quien lo creyera en pleno siglo XXI.

Eso hace que este sea un conflicto enconando, donde las expresiones verdad, justicia y reparación son entendidas en su plenitud por los poderes políticos y económicos locales que reaccionan violentamente contra estas. Lo que la historia está demostrando es que hacer paces parceladas tiene sus altibajos frente a su consolidación de forma estable y duradera. Pero los esfuerzos andados sirven para recoger las lecciones aprendidas y construir sobre sus bases un país más ordenado, más justo, más pacífico, más moderno.

Como lo que está en juego es el futuro de este país, las fuerzas que piensan en una Colombia democrática debemos rechazar con vehemencia las acciones violentas. Estamos llamados a unirnos en torno al proceso de paz y llevarlo hasta sus últimas, para superar los fantasmas del siglo XX, a ver si en el siglo XXI llegamos a una Colombia distinta.

Como director de la Corporación Nuevo Arco Iris recomiendo a la administración Santos y a su equipo más cercano defender con mayor energía el proceso de paz. Los estados duditativos abren espacios no deseados. Así mismo, la insurgencia debe darse cuenta de que los procesos en La Habana y la probable negociación con el ELN les genera una responsabilidad cierta frente a las expectativas de reconciliación que más que convenirle a la guerrilla, le conviene a las regiones colombianas que han llevado del bulto en este conflicto. Ahí es donde hay que comenzar con la construcción de la paz, pues sin las regiones y la decidida participación de las partes, empujada por la opinión nacional democrática, la ola puede hacernos tragar agua hasta ahogarnos.